El hipotético cierre de Ence en Lourizán suspende en el aire la inversión comprometida por la empresa para Pontevedra y su entorno, casi 200 millones de euros firmados por convenio ante la Xunta que estaba previsto repartir entre 2016 y 2073, año en el que supuestamente finalizaría la prórroga denunciada ante los tribunales.
El grueso de la financiación se corresponde con el Plan Social que la pastera aprobó en compensación a los 60 años de ampliación de la concesión que le otorgó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2016. El programa contempla la entrega de ayudas anuales por valor de tres millones a entidades de Pontevedra, Poio y Marín que actúan en el ámbito de educación, la formación, la sostenibilidad forestal, el emprendimiento y el deporte base. La empresa ya ha celebrado tres ediciones (entre 2017 y 2020) y tenía previsto convocar 52 más (hasta el final de la prórroga), lo que se traduce en una inversión pendiente de recibir de 156 millones de euros.
EDAR. Ence Energía y Celulosas comprometió otros 15 millones de euros para ampliar la depuradora de Os Praceres y aceptó ceder terrenos para ejecutar la obra sin afectar al suelo disponible en la parroquia de Lourizán, donde los vecinos se oponían a la ocupación de sus parcelas. No obstante, la ampliación de la EDAR, valorada en 50 millones, todavía está pendiente de licitar, por lo que es otra inversión que podría esfumarse si al final Ence levanta el vuelo.
El grueso de la financiación se corresponde con el Plan Social que la pastera aprobó en compensación a los 60 años de ampliación de la concesión
La empresa pactó otro millón de euros para construir un campo de fútbol en Lourizán que finalmente ha sido incluido en el anteproyecto de la mencionada ampliación de la depuradora (actualmente en fase de mejora), pero tampoco es la última inyección económica que está en la cuerda floja. Ence comprometió otros cinco millones de euros para la creación de un centro de investigación forestal que pretendía erigirse como "referente internacional". La primera opción para ubicarlo fue el Pazo de Lourizán, pero finalmente la Deputación rechazó la propuesta, y la pastera nunca llegó a concretar una ubicación alternativa.
A estos proyectos se añaden otros de carácter interno para optimizar la producción y la sostenibilidad. Entre ellos, se encuentra el plan de integración paisajística, que sí llegó a ejecutar por valor de cuatro millones de euros.
APDR. En otro orden de cosas, la Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) anunció este domingo que ha dado los primeros pasos para "denunciar xudicialmente" la situación de Ence y las últimas declaraciones del presidente del grupo, Ignacio de Colmenares, al entender que pueden incurrir en un hecho "presuntamente delituoso".
El colectivo exige también al Concello, la Subdelegación del Gobierno y la Xunta que abran "as correspondentes investigacións" para averiguar el estado de la pastera y para que se decrete "de forma inmediata" el cierre cautelar de la fábrica. Su petición da respuesta a las declaraciones realizadas por el presidente del grupo, Ignacio de Colmenares, en un vídeo interno que se acabó convirtiendo en viral, en el que señalaba que la obsolescencia de la maquinaria (que sigue pendiente de recibir las inversiones paralizadas por los recursos contra la prórroga), podría provocar "un susto mayúsculo en cualquier momento".
La asociación entiende que esta situación "é absolutamente irresponsábel" y que "puidera ter implicacións penais" al no haber acordado la paralización de la producción "en evitación do perigo inminente ao que están expostos traballadores, cidadanía e medio ambiente".
La empresa asegura que su prioridad es quedarse en Lourizán, pero mantiene que si no cambia la Ley de Cambio Climático cerrará
La APDR, que también solicita la intervención del ministerio fiscal, critica a Colmenares tras haber dicho que mantuvo contacto institucional con el Gobierno para llegar a un acuerdo. El colectivo entiende que el empresario ha "realizado presións aos máis altos niveis do Estado co obxectivo de modificar a Lei de Transición Ecolóxica e Cambio Climático en beneficio da empresa", un hecho que califica de "suma gravidade e que entra en contradición cunha sociedade democrática".
El cierre de la factoría está supeditado a lo que ocurra con el proyecto de la Ley de Cambio Climático. La empresa asegura que su prioridad es quedarse en Lourizán, pero mantiene que si el artículo 18.4 de esta ley no sufre cambios (por el que entiende que no podría funcionar más allá de 2033), cerrará de forma "ordenada, pero rápida".
Sobre las últimas declaraciones de la APDR, la compañía reiteró las respuestas ofrecidas al PSOE local. Ence reitera que las palabras de Colmenares están "sacadas de su contexto" y que unos minutos antes se había referido a la "necesidad de seguir mejorando día a día el comportamiento medioambiental de las plantas de Ence", algo que en el caso de Pontevedra se centra en la mejora del "comportamiento oloroso".
Ence confirma que "los equipos que más recorrido de mejora tienen son la caldera de recuperación y caustificacion", pero asevera que éstos son "absolutamente seguros", tal y como demuestra el reconocimiento High Risk Protected, concedido por "la más prestigiosa compañía de seguros norteamericana, especialista en celulosa". Además, recuerda que "la planta es inspeccionada periódicamente, con resultados satisfactorios". "El complejo es totalmente seguro".
