No es solo la pandemia. La crisis económica, el estrés y la presión social, la incertidumbre respecto al futuro o el triunfo del individualismo están haciendo cada vez más mella en la salud mental de la población. Así lo confirma el último informe de la Confederación Salud Mental España, elaborado en colaboración con la Fundación Mutua Madrileña. Con datos recogidos durante 2022 y con parte de la encuesta realizada entre la población gallega, prácticamente cuatro de cada diez personas (un 39,3%) valora de forma negativa su actual estado en este sentido.
Tres de cada cuatro encuestados (74,7%) creen que su salud mental ha empeorado en los últimos tres años, después del estallido de la pandemia, y las tres razones principales son las dificultades económicas (91,4%), la incertidumbre ante el futuro (89,0%) y la presión, las exigencias y estrés del día a día (88,8%), seguidas de la propia pandemia y la sensación de que vivimos en una sociedad cada vez más individualista y competitiva.
La edad media de la población diagnosticada de algún problema de salud mental se sitúa en el entorno de los 26 años. Entre los detonantes apuntados por los especialistas médicos figuran los problemas familiares y la autoexigencia en los ámbitos profesional o académico.
En general, el informe prueba que la población tiene la percepción de que no se destinan suficientes recursos al cuidado de la salud mental. Las principales exigencias en este sentido incluyen tanto medidas sanitarias como sociales para ayudar a las personas con problemas de salud mental.
Entre las peticiones más comunes están el aumento del número de profesionales de salud mental, la demanda de que sea el mismo especialista el que tutele todo el tratamiento necesario, así como la creación de más centros comunitarios de salud mental.
A finales del pasado año, cuando se realizó el informe, una de cada cuatro personas acudía a un especialista de salud mental: el 20,8% a una consulta de psicología y otro 17,6% a una de psiquiatría. Y casi un 60% de quienes respondieron a las encuestas señalaron que estos profesionales sanitarios son "económicamente inaccesibles" si se tienen que abordar de modo privado, algo casi obligado por los escasos medios públicos actuales y las abultadas listas de espera existentes en la Seguridad Social.
En Galicia, un 42,1% de la población ha sido víctima de una depresión a lo largo de su vida, casi un 48% afirma haber experimentado ataques de ansiedad o pánico y un 36,9% admite haber padecido ansiedad prolongada en el tiempo.
Los datos en España atribuyen, además, a un 14,5% de la población ideas suicidas, algo que ocurre en mayor medida entre las mujeres (17%) que entre los hombres (11,7%). Los intentos de suicidio y las autolesiones se producen en mayor grado en el grupo de jóvenes comprendido entre los 18 y los 24 años.
En Galicia, la Xunta activó tras la pandemia el Plan de Salud Mental poscovid 19, con proyectos dirigidos a disminuir el impacto del Covid-19 en el bienestar emocional de las personas. El proyecto incluyó un refuerzo del número de profesionales en los dispositivos asistenciales del Sergas para desarrollar programas específicos orientados a la atención al trauma, al duelo y a la depresión. También tiene en cuenta la atención a los mayores y personas ingresadas en centros sociosanitarios, así como la teleasistencia como herramienta de refuerzo de las consultas presenciales, el apoyo a los profesionales sanitarios de primera línea de acción frente al Covid-19, así como el fortalecimiento de los programas de prevención del suicidio. El plan de la Xunta finaliza en el año 2024.
También refleja que un 18,9% de la población de más de 18 años consume psicofármacos y el 73% de ellos lo hace a diario. Los más utilizados son los ansiolíticos (administrados a un 61,9% de las personas) y los antidepresivos (47,2%). El médico o médica de Atención Primaria es quien los prescribe de forma más habitual (55,1%), seguido de los especialistas en psiquiatría (35,2%).
Las personas de nivel socioeconómico bajo y medio-bajo acuden en mayor medida solo a la sanidad pública de entre los diferentes tipos de profesionales, mientras que son las que se muestran menos satisfechas con su situación económica (63,9%) y con su vida laboral (59,7%), y manifiestan mayor preocupación por no poder pagar sus facturas (56,6%). Pero también expresan menor satisfacción con su salud (31,1%) y con su vida familiar (26,7%).
