Los problemas laborales en el marco de la economía 4.0 fue el eje temático sobre el que giró la cumbre que organizó el Colegio de Graduados Sociales de Pontevedra el pasado viernes. Entre los ponentes se encontraba el presidente del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España, Javier San Martín Rodríguez.
¿Cuál ha sido el objetivo de la primera Jornada Laboralista?
Los que formamos el colectivo de graduados sociales vivimos con la incertidumbre de qué va a pasar en el futuro inmediato a pesar de que tenemos un conocimiento más que suficiente de la realidad. Ese qué va a pasar nos va a llevar a pensar que dentro de unos años la economía 4.0, también llamada cuarta revolución industrial, va a cambiar el mundo del derecho del trabajo. En la actualidad tenemos el mismo formato de trabajo de toda la vida, pero sin embargo dentro de muy poco tiempo va a haber trabajadores que no van a tener patrón, que no van a cotizar a la Seguridad Social, y otros que no van a tener necesidad de acudir a la Seguridad Social, que son los robots. Eso, que ya está en marcha, hay que analizarlo y nosotros, que somos unos estudiosos de la evolución del mercado y del mundo del derecho del trabajo, decidimos, en el marco de unas jornadas laboralistas, reunir a profesionales que sientan el derecho laboral. Desde el punto de vista técnico hay que sentar las bases doctrinales y jurisprudenciales de lo que se aventura.
"El 50% de los asuntos laborales en toda España está hecho por graduados sociales"
¿Cuándo surge la profesión de graduado social?
La profesión de graduado social nace aproximadamente hace 60 años con la creación de los colegios profesionales, el primero de ellos en 1956. Desde entonces España evolucionó con mayor capacidad de trabajo, empresas y trabajadores que hacía necesario un control. El graduado social se forma dentro de ese núcleo de seguridad social para dar lugar a una profesión que ocupa su espacio dentro de la sociedad española los ámbitos concretos del derecho del trabajo y la seguridad social. Los graduados sociales somos, en número, los mayores colaboradores de la Tesorería General de la Seguridad Social elaborando las nóminas, los seguros sociales y enviando la liquidación. También somos los mayores profesionales jurídicos en la jurisdicción social, es decir, el 50% de los asuntos laborales en toda España está hecho por graduados sociales. En el juzgado no estamos más de 3.000 y colegiados graduados sociales en toda España no hay más de 25.000. Sin embargo, en la Abogacía hay una colegiación de más de 150.000 y, probablemente, ejercen la jurisdicción social más de 25.000. Es decir, siendo menos llevamos más asuntos, lo que significa que nuestra gestión en el mundo laboral tiene peso.
¿Qué vinculos tienen los graduados sociales con el Estado?
La profesión de graduado social está muy vinculada especialmente a los ministerios de Trabajo y Justicia. Desde siempre hemos coloborado con el Ministerio de Justicia, sobre todo en los últimos 15 años, que nos ha reconocido como auténticos operadores jurídicos. Tenemos la misma categoría que los abogados dentro de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Donde más implantación tenemos es en el Ministerio de Trabajo porque éste desarrolla toda su actividad informáticgracias a los graduados sociales que somos los colaboradores en el sistema RED (Remisión Electrónica de Documentos, es un servicio que ofrece la Tesorería General de la Seguridad Social a empresas, agrupaciones de empresas y profesionales colegiados, cuyo objeto es permitir el intercambio de información y documentos entre ambas entidades a través de medios telemáticos). De ahí que tanto Justicia como Trabajo nos consulte a la hora de llevar a cabo cualquier tipo de reforma que afecte a nuestra profesión.
España aún no ha salido de la crisis económica por mucho que los políticos se empeñen en decir lo contrario
¿Cómo valora la reforma laboral?
La reforma laboral la hemos valorado positivamente. Como instrumento es buena pero fue un fracaso en el tiempo. No se puede hacer una reforma de esta naturaleza, que supuso un cambio en el sistema, en una época de crisis tan profunda. Este tipo de actuación hay que acometerla cuando hay estados de bonanza, como el actual. Hace unos días le dije a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que ahora era el momento de efectuar cualquier tipo de reforma de la reforma, no derogación de la misma. Aspectos importantes como la autoactividad de los convenios, la subrogación de las empresas y la aplicación del convenio sectorial sobre el privado hay que hacerlas ahora y no en época crisis donde la gente no tiene dónde caerse muerta porque sería como apagar fuego con gasolina. En este país no se han generado desempleados sino desilusionados porque el Gobierno socialista que presidió José Luis Rodríguez Zapatero no afrontó la reforma en el momento que había que había que hacerlo y al PP no le quedó más remedio que realizarla aunque está mal hecha en el tiempo porque tenía que haber sido mucho antes.
¿Considera conveniente abaratar las indemnizaciones por despido?
No queremos reforma en cuanto a las indemnizaciones por despido porque consideramos que ahora no es el momento ya que la población española tiene una situación muy precaria. España aún no ha salido de la crisis económica por mucho que los políticos se empeñen en decir lo contrario, pero la rebaja en las indemnizaciones tiene que producirse si queremos facilitar a las empresas la generación de empleo.
