El secretario del Colegio de Enfermería de Pontevedra, José Faustino Portela, ha mantenido que había "muchas irregularidades" en el organismo colegial, cuyo presidente, Carlos Fernández, junto a su mujer y su hija, se encuentra como investigado por delitos relacionados con supuestas irregularidades en la gestión de las cuotas del organismo colegial.
Portela ha hecho estas declaraciones a las puertas de los juzgados de Vigo, donde está llamado a declarar en la mañana de este miércoles junto a otras dos personas que denunciaron los hechos investigados —otro miembro de la junta directiva y el responsable de comunicación del Colegio— y algunos testigos.
Portela ha manifestado que, "al poco tiempo" de entrar en la junta de gobierno del Colegio —en 2018—, se percató de que existían "irregularidades" que podían llevar a un "descalabro económico y orgánico del colegio". Es por ello que, ha dicho, se decidió a denunciar los hechos. "Colaborar con un desastre económico y orgánico, para nada, yo no estoy dispuesto. La verdad por delante", ha subrayado.
El pasado 12 de marzo el Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo, en funciones de guardia, decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del presidente del Colegio de Enfermería de Pontevedra, su mujer y su hija, investigados por supuestos delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y administración desleal.
OPERATIVO POLICIAL. Los tres fueron detenidos en el marco de un operativo coordinado por el juzgado y llevado a cabo por agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional. Además de las detenciones, los agentes llevaron a cabo sendos registros en el domicilio del presidente del Colegio, y en la sede del organismo, en la calle Aragón de Vigo, donde se incautaron de diversa documentación.
Fuentes consultadas por Europa Press conocedoras de la investigación han explicado que el operativo está vinculado con impagos por parte del Colegio al Consejo General de Enfermería de España. De hecho, la entidad provincial ya fue condenada en dos ocasiones a abonar un total de seis millones de euros al organismo nacional por no haber sufragado el porcentaje correspondiente de las cuotas que satisfacen trimestralmente los colegiados.
