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Seis años de cárcel para una mujer que obligó a una menor a prostituirse

Un club de alterne que fue inspeccionado por la Policía Nacional
Un club de alterne que fue inspeccionado por la Policía Nacional
La víctima, amenazada con ritos vudú, contó su historia a un vecino de Marín, que lo denunció, durante un viaje en autobús a Pontevedra

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a seis años de cárcel a Rachel E., una súbdita nigeriana que reconoció haber captado a una menor de su misma nacionalidad para, mediante la coacción de los rituales vudú, obligarla a ejercer la prostitución en varios puntos de España, entre ellos al menos un piso y un local de Vigo. La sentencia, dictada tras el reconocimiento de los hechos por parte de la investigada, incluye además el pago de una indemnización de 3.000 euros para la víctima, menor de edad cuando fue obligada a vender su cuerpo, y una multa de 540 euros. La Fiscalía retiró la acusación que pesaba sobre Bety E., hermana de la condenada, al considerar que no está acreditado que supiese las intenciones de su allegada, a pesar de que alojó a la víctima en su domicilio de la ciudad olívica.

La situación vivida por la víctima salió a la luz en el mes de julio de 2015, cuando, tras realizar un viaje en autocar entre Madrid y Pontevedra, entabló una conversación con un vecino de Marín, al que le contó lo que le estaba ocurriendo. El testigo acudió a la comisaría de la villa morracense para dar cuenta a la Policía Nacional. Los agentes se pusieron en marcha y la liberaron tres días más tarde, cuando estaba a punto de ser trasladada a un club de alterne ubicado en las inmediaciones del aeropuerto de Peinador.

La historia de la víctima comenzó en abril de 2015 en Benin City (Nigeria), donde residía junto a su familia hasta que fue captada para viajar a España bajo la falsa creencia de que iba a trabajar como modelo. Miembros de la red criminal de la que formaba parte la ahora condenada le tramitaron una documentación falsa a nombre de otra persona mayor de edad, lo que le sirvió para viajar a Lagos, primero, y a París, después.

Desde la capital de Francia fue trasladada a Madrid. Una vez en España, la encausada le retiró la documentación y le informó de que debía dedicarse a la prostitución hasta que pudiese pagarle una deuda que, según ella, había contraído, que cifró en 60.000 euros. Pese a que la víctima se negó a prostituirse, Rachel la amenazó con la realización de prácticas de vudú contra ella y contra el resto de sus familiares.

Comenzó trabajando en un club de citas de Las Rozas donde también estaba la ahora condenada, que, en un momento dado, detectó que estaba contando su caso a algunos clientes. Eso motivó su traslado a la provincia de Pontevedra, donde fue liberada por la Policía Nacional.

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