Ya ha empezado la cuenta atrás. La Audiencia Nacional aclarará en los próximos días si finalmente avala la prórroga que concedió el Gobierno de Mariano Rajoy a Ence para seguir ocupando terrenos de Costas o si, por el contrario, estima los recursos presentados por el Concello de Pontevedra y colectivos ecologistas. En función de su decisión, la empresa podrá seguir en Lourizán hasta 2073, si considera legal el permiso que otorgó el Gobierno del PP mientras ya estaba en funciones; o hasta 2033, cuarenta años menos, si da la razón a quienes se oponen a que Ence siga en la ría.
Será este martes 22 cuando el tribunal se reúna para fallar sobre los recursos presentados tras la concesión de la prórroga a Ence para mantener su actividad durante 60 años, a contar desde la solicitud realizada por la empresa en 2013. La batalla legal que se avecina se prevé larga, ya que ambas partes, empresa y el Ayuntamiento, han adelantado que si la resolución es contraria a sus intereses recurrirán a las instancias que sean necesarias.
El Ejecutivo del PP siempre se ha mostrado partidario de la continuidad de Ence en Pontevedra –salvo un periodo en el que el presidente gallego, Núñez Feijóo, mostró su "compromiso firme" por el traslado de la fábrica–.
Por su parte, el Concello se ha mantenido firme en su postura de que la pastera debe abandonar la ría, así como los colectivos ecologistas, Greenpeace y la Asociación pola Defensa da Ría (APDR), que presentaron sus correspondientes recursos contra la prórroga.
Entre sus argumentos, muy similares entre sí, se encuentran que el Gobierno se extralimitó en sus competencias, al aprobar la prórroga estando ya en funciones, o que se habían cometido multitud de defectos administrativos en su tramitación. Además, denuncian que se incumplía la Ley de Costas, que la prórroga iría en contra de las directivas europeas de libre competencia y, sobre todo, que esta autorización para una fábrica "nociva y contaminante" obstaculizaba la recuperación ambiental de la ría.
Tanto la empresa como el Concello han adelantado que recurrirán a otras instancias si la decisión es contraria a sus intereses
Por su parte, a cambio de seguir ocupando terreno público de Costas hasta 2073, la compañía se comprometía, entre otras cosas, a ejecutar un plan de mejoras medioambientales. Ence aseguraba entonces que la prórroga permitiría mantener más de 800 empleos en Pontevedra y hasta 5.000 en toda Galicia.
ALLANAMIENTO. En marzo de 2019, ya durante el Gobierno de Pedro Sánchez, la Abogacía del Estado decidió allanarse en la causa abierta contra la prórroga de Ence y no defender en los tribunales la legalidad de la concesión.
Ante este panorama, administraciones, empresa y trabajadores decidieron explorar la vía negociadora, si bien por el momento no han logrado resultados. La empresa ha aceptado por primera vez hablar de un posible traslado, aunque advierte de que «no es viable» cambiar de ubicación ni técnica ni económicamente.
