Punto y final al culebrón judicial por el estado de abandono del Pazo de Lourizán. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dado firmeza a la sentencia que obliga a la Xunta a restaurar el edificio, que se concibió como una granja en el siglo XVI y que en el siglo XIX se convirtió en pazo.
El auto del alto tribunal, que este jueves dio a conocer la Deputación, otorga un plazo de diez días a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda para llevar "a puro e debido efecto" el convenio que en 1991 firmaron ambas administraciones y que obliga a la Xunta al mantenimiento del inmueble, que está declarado Ben de Interese Cultural (BIC) por su alto valor patrimonial.
A pesar de que el auto alude a esta Consellería, es la de Medio Rural la responsable de gestionar las obras en el Pazo y, según dejaron ver este jueves las fuentes consultadas, por el momento no hay grandes actuaciones a la vista.
A pesar de ello, desde la entidad se insiste en que "as actuacións de restauración para evitar o deterioro do Pazo" ya han finalizado y han contemplado distintos trabajos, como la reposición de la cubierta, la limpieza de bajantes, la sustitución de canalones y gárgolas de plomo por otras de zinc, la limpieza e impermeabilización de las terrazas, la renovación del lucernario y la actualización de la instalación eléctrica.
Según Medio Rural el presupuesto de las obras ejecutadas es de 208.254 euros por lo que entiende que "a Xunta demostra a súa boa fe e o seu compromiso coa preservación deste espazo, cuxo titular é a Deputación de Pontevedra". La finalización de la actuación ha implicado la retirada de los andamios y las vallas que habían sido colocadas para la realización de los trabajos.
La Consellería incidió en que "antes" de conocer el fallo del TSXG contrató unas obras para mejorar las condiciones de conservación del inmueble, que recuerda "é propiedade da Deputación de Pontevedra".
Por su parte, la presidenta Carmela Silva, valoró positivamente que el Ejecutivo autonómico no presentase recurso contra sentencia previa que ya daba la razón a la Deputación. La socialista urgió al Ejecutivo autonómico a rehabilitar la instalación, concretamente la zona noble de la Finca de Lourizán, y cifró el posible coste de la obra en unos 20 millones de euros. "Debe facelo de forma inmediata. Sería unha boa noticia para a cidade de Pontevedra, para a provincia e para Galicia", subrayó.
Silva reivindicó la postura que la Deputación mantuvo en este litigio abierto en 2019 por el mal estado que presentaba el Pazo de Lourizán, del que tenía que ocuparse la Xunta. En este sentido, la resolución judicial recoge que "ninguna duda hay en los convenios sobre la obligación de la Administración autonómica de efectuar las obras de conservación" del inmueble.
La sentencia también certificó que "está acreditada la existencia de la obligación, a cargo de la Administración autonómica, de efectuar las obras necesarias para el mantenimiento de la zona noble del actual conjunto, y de que dicha obligación está siendo incumplida, cuando no consta que por parte de la Diputación se hayan incumplido sus obligaciones".
Silva, que valoró el auto durante una rueda de prensa en la que también estaba presente el vicepresidente provincial, Cesáreo Mosquera, abrió la puerta a que la Deputación pueda colaborar de alguna forma en la reforma de este espacio, que fue residencia del político y abogado Eugenio Montero Ríos. También apeló "ao amor total de pontevedrés" del futuro presidente autonómico, Alfonso Rueda, para ejecutar dicha rehabilitación.
Desde 2016. La institución provincial recordó, a través de un comunicado de prensa, las peticiones que cursó en su día ante la Xunta para que acometiese la restauración integral del Pazo de Lourizán. En 2016 pidió públicamente la ejecución de las obras ya pactadas; en octubre de 2017 remitió al Gobierno gallego una memoria en la que el servicio de Arquitectura valoraba las obras en 14,2 millones de euros y un mes después se envió otra comunicación a la Secretaría Xeral de Cultura solicitando que ejerciera sus competencias en materia de patrimonio histórico-artístico.
Al no recibir respuesta a ninguna de estas iniciativas, el Pleno provincial autorizó la interposición de un recurso contencioso-administrativo en marzo de 2019 para reclamar a la Xunta que cumpliese con la obligación de mantener el edificio en buenas condiciones.
Finalmente, en junio del año pasado, el diputado de Economía e Facenda, Carlos Font, envió una carta al entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, recordándole estos antecedentes e invitándole a incluir esta actuación en el Pazo de Lourizán en algunas de las líneas de ayuda de los fondos europeos Next Generation.
