Encarnación Orozco destaca el silencio y la falta de concienciación de la sociedad como los principales enemigos en la erradicación de la violencia de género. La primera delegada del Gobierno contra la Violencia de Género en España reflexiona hoy sobre este gran obstáculo en su intervención como ponente en el curso organizado por la Uned de Pontevedra.
¿En qué consiste su intervención El obstáculo más grande: el silencio cómplice? ¿Cuál es el objetivo de la misma?
Mi intervención en este curso va en torno al recorrido de la Ley Integral. Esta trayectoria está marcada en cuatro hitos fundamentales de actuación que van desde la promulgación de la Ley Integral, pasando por la extensión del reconocimiento de los menores como víctimas de esta violencia de género, el acogimiento de todas las formas de violencia que sufre la mujer como consecuencia de la rectificación del convenio de Estambul y, por último, el pacto de Estado contra la violencia de género que se firmó por todas las fuerzas políticas en 2017.
En este recorrido lo que se pone de manifiesto es la buena salud de la ley, los avances producidos, no tan solo el ingente número de medidas puestas en marcha, sino también los sistemas de intervención generados y lo que constatan, que es la buena salud de la ley desde la tutela institucional. Sin embargo, la sorpresa nos la llevamos cuando contrastamos todos estos avances con los datos, y los datos nos ilustran que todavía existe ese silencio cómplice del cual hablan estas jornadas, pues aún tenemos un gran déficit de concienciación social en torno a esta violencia. Esta falta de sensibilización se pone de manifiesto fundamentalmente en la interposición de las denuncias, mayoritariamente interpuestas por las mujeres que padecen esta violencia; muy poco por el entorno social, estamos hablando de que tan solo el 1,95% es interpuesto por familiares y, en el ámbito de los servicios sociales o los servicios sanitarios, que son los primeros que nos atienden y pueden ser la primera puerta de entrada de estas mujeres desde el punto de vista del conocimiento de que padecen una violencia de este tipo, pues corresponden a tan solo en un 2% de los casos.
Por lo tanto, a pesar de que es verdad que existen avances importantes desde el ámbito de la tutela institucional y, en definitiva, desde todas las administraciones públicas y desde las redes puestas en marcha que se extienden por todo el territorio, es cierto que todavía hay déficit. Esta falta de sensibilización se refleja, por ejemplo, en garantizar una igualdad de atención de este tipo de violencias en todas las comunidades autónomas o en garantizar una mejor protección y derechos a las víctimas menores de edad de esta violencia. Sin embargo, no es menos cierto que los avances han sido importantes, aunque insisto, todavía el silencio y, por consiguiente, la falta de concienciación, sigue siendo nuestro gran enemigo. Esta problemática tiene por solución lo que se llama educación y formación. Hay que empezar a comprender que la violencia de género es un ataque a los derechos fundamentales y a las libertades públicas que nos hemos dado en nuestro texto constitucional y, por consecuencia, es un ataque que se infiere a toda la sociedad. Esta agresión está representada en la mujer víctima, pero es un ataque social, una violencia estructural y, por ende, la responsabilidad de combatirla es de todos los estados y se debe avanzar en esa mayor concienciación.
¿Qué falta por hacer desde las instituciones públicas para erradicar este tipo de violencia?
Para erradicar esta violencia de género, que es un presupuesto jurídico ineludible de responsabilidad de los estados democráticos, es necesario avanzar en educación. Es primordial que dentro de los currículums de educación se introduzca la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación. Para mí, la única receta para combatir este tipo de violencia es educación y formación de todos los profesionales que intervienen en este fenómeno violento y sensibilización a la sociedad. Hay que, desde el conocimiento de esta manifestación violenta, concienciar a la sociedad de que realmente lo que estamos sufriendo es un ataque a nuestros derechos, va lores y principios que nos hemos dado constitucionalmente. En consecuencia a la naturaleza del ataque, toda la sociedad se tiene que sentir agredida cuando se produce un fenómeno de estas características, un fenómeno de violencia de género; porque estamos hablando de una violencia estructural, de una violencia que se ejerce a la mujer por el hecho de ser mujer, situándola en una situación de subordinación, de discriminación, siendo absolutamente proscrito por nuestro texto constitucional. En definitiva, insisto que la solución para eliminar este tipo de violencia es solo una y se llama educación.
¿Cómo experimentó en primera persona ser la primera delegada del Gobierno contra la Violencia de Género en España?
Fue un privilegio, pero evidentemente fue un arduo trabajo. Había que poner en marcha toda esta tutela institucional, ya que a la delegación le compete la formulación de las políticas públicas desde la coordinación, pero fue un trabajo absolutamente grato. Fue muy importante contar desde el principio con el apoyo de un gobierno, porque fue una apuesta política por la igualdad que en aquel momento tenía de su lado a todas las instituciones, estaban absolutamente implicadas en esta lucha contra esta violencia de género. La verdad es que se produjeron grandes avances, nunca exentos de resistencias. Hoy en día desgraciadamente esa resistencia en los avances en igualdad también la encontramos en las instituciones, en la ultraderecha, y son precisamente estas resistencias las que tenemos que modificar.
¿Qué significó para usted participar y presenciar la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género en 2004?
Una gran satisfacción, fue un orgullo participar activamente en la redacción de la ley. También un ingente trabajo, pero que logró que España fuera conocida en todo el mundo por medidas pioneras.
