En rueda de prensa, Carmela Silva ha confirmado que este viernes la Deputación va a remitir sus alegaciones al anteproyecto, que considera "injusto y unilateral".
Denuncia que el texto "atenta contra la autonomía local y contra la ciudadanía", por lo que pide la retirada de este anteproyecto por ser un "ataque al mundo local". "Nos obliga a asumir más competencias impropias con los mismos recursos y a financiar obras fuera de nuestras competencias", se queja.
En esta línea, Carmela Silva ha afirmado que "la Xunta recorta los recursos al ciclo del agua y hace que las entidades locales y la ciudadanía lo asuman".
"Es un verdadero escándalo este anteproyecto", ha sentenciado, al tiempo que avisa de que "el anteproyecto no contempla tarifas sociales para las personas vulnerables".
MÁS CARGAS PARA LOS MUNICIPIOS. En el caso de los concellos, ha indicado que tendrán que asumir nuevas cargas administrativas, costes y sanciones, se adhieran o no voluntariamente a la firma de los convenios con "un nuevo canon con una tarifa que duplica la actual".
Carmela Silva ha lamentado que, "en lugar de ayudar a los concellos a luchar contra las fugas de agua, la Xunta las penaliza".
En el caso de las diputaciones, "dinamita su suficiencia financiera" y supondría tener que recortar en otras prestaciones. "La Xunta quiere tutelar nuestra capacidad de decisión al imponernos la gestión de los recursos". "Las diputaciones no vamos a poder participar en la planificación, sólo vamos a pagar (...) si esto ocurre, tendremos que recortar en otros servicios", ha dicho la presidenta de la Deputación.
La mandataria provincial ha recordado que la Deputación de Pontevedra, a través del Plan Concellos, ya financia más de 284 obras con 23 millones de euros, pero "el anteproyecto obliga a un modelo de financiación sin límites". Y es que "a once municipios de la provincia, si no se adhieren, la Xunta dejará de darles el servicio".
RESPUESTA DE LA XUNTA. La Xunta ha acusado a la presidenta de la Deputación de hacer declaraciones "falsas" sobre la futura ley de mejora de gestión del ciclo del agua y le que pide que "rectifique".
En respuesta a las palabras de Silva, la Consellería de Infraestruturas ha replicado que "el desconocimiento por parte de la presidenta de la Deputación Provincial de Pontevedra de la norma en tramitación no justifica las falsedades manifestadas, que deben ser rectificadas".
Según traslada la Consellería a Europa Press, el proyecto de ley que impulsa la Xunta "no supone la creación de ningún nuevo tributo ni tasa a los ciudadanos, ni subida de los ya existentes". "Lo único que hace el nuevo texto normativo que está en tramitación es reordenar los tributos ya existentes, con una denominación más acorde al recurso que se está gravando", agrega.
En relación con los municipios, este departamento apunta que la norma concreta el gravamen por pérdidas en la red establecido hace tres años en la ley de garantía de abastecimiento. Por ello, lamenta que la Deputación "rechace colaborar y prestar ayuda a los ayuntamientos".
"La Xunta espera que la presidenta de la Deputación Provincial de Pontevedra rectifique la sus declaraciones, que contienen graves falsedades, y se sume al camino de la colaboración y el apoyo a los ayuntamientos a lo que está obligada por ley", sostiene el Gobierno gallego.
