La suspensión de la actividad en grandes nichos del sector servicios ha dado salida a una cascada de Expedientes de Regulación de Empleo Temporales (ERTEs) que sobre todo afectan al sector hostelero y al sector sociosanitario, en el que destacan guarderías y centros de día.
Otras empresas han optado por la modificación de horarios, por ejemplo, en talleres de coches o despachos técnicos, y otras incluso van más allá y han hecho uso de la fórmula del cierre patronal (clausura temporal del centro de trabajo por fuerza mayor), que rescinde la cotización de los trabajadores afectados.
Las herramientas pretenden regular la situación de las plantillas que han tenido que dejar de operar a causa del estado de alarma. Sin embargo, los sindicatos advierten de que la premura de los hechos se está traduciendo en una violación de derechos del trabajador que, pese a las circunstancias, es "inadmisible".
El secretario comarcal de la CIG, Marcos Conde, incide en que los expedientes de regulación de empleo deben ser sometidos a períodos de consulta y que los cierres patronales requieren, al menos, de una comunicación de la Administración que no se está produciendo. "Alegan que teñen que pechar por unha causa de forza maior, motivado por un problema de saúde pública, pero están abusando da situación, porque non están cumprindo a normativa. Non sabemos canto vai durar isto, por iso é imprescindible defender os dereitos dos traballadores".
La CIG ha emplazado al Gobierno central a "articular medidas" para que en este tipo de casos se aprueben cotizaciones especiales "sin perxuicios para os empregados". Incluso contempla presentar denuncias a Inspección de Trabajo "polas situacións de abuso que estamos contemplando".
ÁMBITO ESCOLAR. El secretario intercomarcal de UGT, Ramón Vidal Trillo, informa de que el sindicato tiene constancia de que en la industria, "sobre todo en empresas de la construcción", se están adoptando cambios de turnos y se está emplazando a los trabajadores a consumir las bolsas de horas y las vacaciones (asunto este último que no está amparado por la normativa en vigor).
Además, advierte de que en el caso de compañías que no pueden operar a causa del estado de alarma, "están recurriendo al ERTE". Por ejemplo, las dedicadas al transporte escolar o las empresas de catering para comedores escolares. "Es una situación de excepcionalidad en los sindicatos", asegura.
El secretario comarcal de CC OO, José Luis García Pedrosa, también advierte de que hay numerosas empresas que están decretando expedientes de regulación y cierres sin negociación ni autorizaciones y que muchas se han limitado a transmitir que "este lunes no se va a trabajar". "Por eso insistimos en que el Gobierno debe sacar un real decreto en el que se establezca como se deben hacer las cosas".
Por este motivo, la Confederación urge medidas de índole laboral que empiecen por simplificar y agilizar los procedimientos en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs), con efecto retroactivo y teniendo en cuenta el actual estado de alarma, que considera como "una fuerza mayor" de cara a su presentación.
También demanda que, ante la falta de liquidez provocada por la inactividad, "se suspenda la obligación de pago de las cotizaciones" por parte de la empresa, mientras que, por parte del trabajador, se contemple el "acceso a la protección por desempleo sin exigir periodo de carencia y sin perjuicio del reconocimiento de futuras prestaciones por desempleo". Además, considera "imprescindible" facilitar la realización del teletrabajo entendiendo por cumplida la obligación de las empresas de evaluar los riesgos con la autoevaluación realizada por el propio trabajador.
Por otro lado, la organización empresarial estima que se deben aplazar y fraccionar sin intereses el abono de todos los pagos tributarios que tengan que realizar las empresas que hayan sufrido de forma significativa una caída en sus ingresos o un incremento de los gastos en 2020 por el Covid- 19. Sobre todo, en el caso de los autónomos, para los que también reclama la suspensión de las cotizaciones sociales, el abono de las bajas desde el primer día y la articulación de una prestación por cese a cargo de un fondo extraordinario.
Por último, la CEP considera "absolutamente necesario y urgente" poner en marcha una línea de avales públicos suficiente que facilite el acceso al crédito, especialmente de pymes y autónomos, y que las administraciones públicas abonen de inmediato a sus proveedores las facturas pendientes y las que reciban sin agotar los plazos que fija la ley.
