Miñanco pretende probar que se dedicaba al tabaco

Su letrado, Gonzalo Boye, señaló que la primera condena dictada en 1993 debe anularse en virtud de un dictamen del tribunal europeo

PONTEVEDRA. «¡Levántate, José!». Sito Miñanco, aún esposado, sigue dando órdenes a sus colaboradores. Así se dirigió ayer a José Alberto Aguín Magdalena, "O Rubio de Aios", presunto socio suyo en sus inicios y acusado de ejercer de testaferro en la causa que ayer comenzó a enjuiciarse en la Audiencia Provincial de Pontevedra. El blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico alrededor de la inmobiliaria San Saturnino está detrás del proceso más mediático de los últimos tiempos en la Boa Vila, un delito negado, una vez más, por el narcotraficante más poderoso de Europa, a preguntas del presidente del tribunal, José Juan Barreiro.

El jueves fue el turno de los letrados y sus cuestiones previas. Gonzalo Boye, que también defiende a Puigdemont y a los exconsellers huidos, tomó las riendas del asunto y consiguió enviar la pelota al tejado del tribunal.

Junto a los ya esperados alegatos en busca de la prescripción, el abogado sudamericano puso sobre la mesa un elemento que hasta ahora no había sido traído a colación: la supuesta nulidad de la sentencia que condenó a Miñanco por narcotráfico en 1993. Boye aseguró que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró la vulneración de derechos fundamentales en el citado asunto, por lo que «no puede tenerse por condenado. Contra Prado Bugallo no vale todo. Aplíquese la ley», apuntó. El letrado anunció la presentación de un recurso de revisión extraordinaria del citado dictamen. «No debió ser condenado. En aquel momento vivía y trabajaba en Bélgica», expuso.

Miñanco permanecerá en A Lama en «régimen normal», responderá a las preguntas de todas las partes según su letrado

«Hemos aportado importante documentación de las empresas belgas a través de las cuales mi defendido realizaba sus negocios de tabaco mi defendido. Ahí se aportaba la acreditación de las cantidades de dinero que ganaba, declaradas a la Hacienda Pública belga. Todo ese tema del tabaco era un negocio perfectamente legal y de eso tienen constancia las autoridades belgas».

Junto a ello, la defensa de Miñanco hizo hincapié en el archivo de una investigación que también le salpicaba y que, según ella, provoca que los hechos que ahora se tratan sean «causa juzgada».

«Hemos descubierto que había habido una causa que se archivó porque los hechos no eran constitutivos de delito, y son los mismos por los que se está siguiendo este caso. El fiscal estaba nervioso por eso mismo. Planteamos que hay una parte de la causa que está juzgada y la otra estaría prescrita. Todos los ejercicios del año 99 al 2008 fueron los que se investigaron en Vilagarcía 2 y fueron los que el fiscal pidió que fuesen sobreseídos», añadió Boye.

Jesús Calles, que dirige la acusación pública de la Fiscalía Provincial, insistió en que las cuestiones previas tratadas ayer ya lo habían sido con anterioridad y se remitió «a lo ya expuesto anteriormente». Negó cualquier prescripción y añadió que «en estos delitos la prueba directa es muy difícil, por lo que debemos basarnos en los indicios».

GRAN EXPECTACIÓN. José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco, compareció este jueves a la Audiencia Provincial por un supuesto blanqueo de capitales. El cambadés llegó a Pontevedra rodeado de una gran expectación. La vista oral servirá para juzgarle por blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas e incluye el procesamiento de varios familiares suyos, supuestos testaferros.

Custodiado por agentes de la Policia Nacional, Sito Miñanco entró a las diez en punto de la mañana por la puerta principal del Pazo Provincial, visiblemente delgado y abrigado con cazadora.  Su llegada coincidió también con la entrada en la Audiencia de Feliciano Miguel Rosendo, el líder de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, conocida como Orden de los Miguelianos, acusado de una veintena de delitos por los que afronta una condena de 66 años de prisión. 

Junto a Sito Miñanco se sentarán en el banquillo de los acusados otras cuatro personas, su primera esposa, una de sus hijas, su excuñada y un empresario que según el fiscal, habría actuado como testaferro del narcotraficante pontevedrés.  La Fiscalía les acusa de blanquear entre 1988 y 2007, a través de la inmobiliaria San Saturnino, diez millones de euros mediante la adquisición de bienes inmuebles en diferentes municipios de la provincia, entre ellos Pontevedra, Cambados o Sanxenxo. 

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