La agrupación socialista de Pontevedra ha organizado para este viernes, a las 19.30 horas, un acto abierto a toda la ciudadanía y destinado especialmente a los colectivos y entidades más afectados por la ley de apoyo a las personas con discapacidad para dar a conocer esta nueva norma. El foro contará con la participación de Montse García González, psicóloga de la asociación ‘Alba’; el abogado Pedro Hermida, y Miguel Ángel González Caballero, diputado del PSOE en el Congreso y relator de la citada ley.
¿Qué cambios introduce su aprobación?
Supone un cambio revolucionario, pues elimina el anterior sistema de incapacitación judicial -que suponía que a la persona con discapacidad no se le respetase su voluntad o deseos-, y da paso a un sistema que garantiza, mediante una serie de apoyos, que esta persona va a poder desarrollar sus preferencias. Es decir, garantiza la autonomía de las personas con discapacidad y también supone que España avance en derechos y se equipare a las naciones más desarrolladas en esta materia.
¿Por qué algo tan necesario ha tardado tanto en aprobarse?
España es de los países punteros en materia de derechos de las personas con discacidad y con esto nos ponemos aún más a la vanguardia. Hay que recordar que el derecho de las personas con discapacidad en el ámbito jurídico ha sido uno de los más relegados en todos los ámbitos sociales y a nivel internacional. Hasta la Convención de Viena de Derechos Humanos de 1993 no se le da la importancia que tiene. Por lo tanto, es cierto que hemos llegado tarde, pero al fin hemos llegado.
"La nueva ley supone un cambio revolucionario, pues elimina el anterior sistema de incapacitación judicial"
¿Esta ley afecta a todas las personas con discapacidad o establece algún tipo de cortapisa?
Es muy importante dejar claro que esta es una ley para todas las personas, no solo para aquellas con discapadidad. Todas y todos, en vista de que podamos prever que en el futuro vamos a tener deterioradas nuestras capacidades cognitivas (algo que nos puede pasar a cualquiera cuando entramos en una edad avanzada), con esta ley podemos expresar antes, mediante unos poderes preventivos, quién queremos que nos cuide, cómo queremos que sea el régimen de apoyo que precisemos en el caso de que necesitemos alguno... Es decir, es una ley para toda la sociedad, una herramienta útil para que se respeten nuestros derechos y nuestra capacidad jurídica a lo largo de la vida, porque las situaciones de discapacidad no pueden suponer una merma de derechos.
¿Podría poner ejemplos de cómo será la aplicación de esta ley?
Con este nuevo sistema, la persona con discapacidad que precise un apoyo (que puede ser un allegado o alguien de su confianza) podrá hacer un testamento, firmar un contrato de alquiler, ir a una notaría, acceder a la justicia, hacer cualquier tipo de contrato... Todo ello con apoyos, pero lo que se consigue con esta ley es que la persona con discapacidad tenga plena capacidad jurídica para hacer múltiples gestiones que le puedan afectar a su día a día.
¿Fue muy complicada la redacción y la tramitación de esta ley, teniendo en cuenta que modifica el articulado de otras siete?
Modifica leyes tan importantes como el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la ley que regula los procedimientos notariales... El proceso no ha sido fácil, pero desde el grupo parlamentario socialista teníamos claro que esta tenía que ser la legislatura de la discapacidad y estamos haciendo avances. En 2018 se consiguió que las personas con discapacidad adquiriesen el derecho al sufragio universal, en 2019 conseguimos la erradicación de la esterilización forzada en caso de las mujeres con discapacidad, en 2021 avanzamos en el derecho a la igualdad de la capacidad jurídica y todos estos avances han sido con un apoyo importante de los demás grupos parlamentarios, salvo alguna excepción como Vox. Ha sido un trámite difícil técnicamente, pero fácil porque la voluntad mayoritaria de todos los grupos parlamentarios ha sido muy favorable. Eso sí, nos queda una espina, que es la del artículo 49 de la Constitución Española. Justamente hace un año lo debatimos en el Congreso y el PP de Pablo Casado no se sumó a ese acuerdo y por lo tanto no pudimos modificar la Constitución para eliminar el término peyorativo "disminuidos". Esperábamos que el señor Feijóo en esto fuese distinto, pero hemos tenido más de lo mismo y por culpa de eso no podemos avanzar en ese cambio terminológico, que sería el próximo hito.
En relación a la aprobación de la ley, ¿cuáles fueron los argumentos de Vox para no apoyarla?
Yo creo que ese partido no ha entendido la realidad que nos exponía el colectivo de personas con discapacidad y sus familias. Si Vox se hubiese interesado por este sector de la sociedad, no hubiese tomado la decisión errónea de no votar a favor. Pero no deja de ser algo habitual en este partido.
Otro de los avances de esta ley es que contribuye a adecuar el orden jurídico español a la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no es así?
Sí. Lo que hemos hecho con esta ley es equiparar el artículo 12 de esa Convención, que dice tres cosas importantísimas: una es que todas las personas tienen igualdad jurídica, la segunda es que las personas que así lo necesiten ejercerán esa capacidad jurídica a través de apoyos y la tercera es que se generan una serie de cautelas para que quien ejerza el apoyo no se aproveche. Esto España lo traspone desde el año 2006 y hubo varios intentos de diferentes gobiernos por equiparalo, pero estos ciclos electorales que hemos tenido lo han impedido y por eso no ha sido posible hasta ahora.
"La nueva ley ya es efectiva y se está aplicando"
¿Esta ley ya es efectiva? ¿Ya se está aplicando?
Es efectiva. Salió publicada en el BOE el 2 del junio de 2021 y desde septiembre del año pasado ya se está aplicando en España. En el caso de muchas personas que tienen los sistemas de apoyo anteriores, se ha establecido un plazo de dos años para el cambio total, es decir, para el paso de los sistemas anteriores de tutela y patria potestad al nuevo sistema. Es decir, dentro de tres años todos los sistemas de apoyo tendrán que estar convalidados completamente.
Además del acto que celebrarán este viernes en Pontevedra, ¿tienen previstas más acciones para difundir esta ley entre la población?
Tengo que agradecer a la agrupación socialista de Pontevedra, a su secretaria general y a su Ejecutiva, que hayan tenido esta iniciativa de acercar este instrumento a la población y la idea es seguir fomentando este tipo de charlas de sensibilización. El PSOE será un aliado en eso y tengo que decir que el tercer sector y colegios como el de Notariado y de Abogados están haciendo un gran papel de sensibilización. Nuestra humilde tarea como protagonistas legislativos es seguir informando.
