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La sombra del cierre planea más cerca de Ence

Concentración de trabajadores celebrada este lunes en la Subdelegación del Gobierno. JAVIER CERVERA-MERCADILLO
Concentración de trabajadores celebrada este lunes en la Subdelegación del Gobierno. JAVIER CERVERA-MERCADILLO
Los trabajadores de la fábrica temen que "una decisión política o empresarial provoque un cierre precipitado"

El futuro de Ence nunca estuvo tan comprometido y las predicciones que van saliendo al paso son de todo menos halagüeñas. La hipótesis de un cierre a corto plazo no solo está sobre la mesa, sino que es un miedo real con el que lidia la plantilla e incluso un pronóstico que se empieza a manejar en el mundo de las finanzas. Todo por la reciente sentencia de la Audiencia Nacional, que el viernes pasado declaraba nula la prórroga concedida en 2016 por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy hasta el año 2073.

El comité de la fábrica trasladó este lunes su temor a que el veredicto dé lugar a "una decisión política o empresarial que provoque un cierre precipitado" de la planta y, aunque no llega a poner fechas, un informe del Banco Sabadell le otorga a la pastera una esperanza de vida muy corta.

MOVILIZACIONES. El contenido del fallo judicial llevó este lunes al comité de la fábrica a concentrarse frente a la Subdelegación del Gobierno y a solicitar una reunión urgente con la subdelegada del Gobierno, Maica Larriba. Su objetivo más inmediato es celebrar una nueva reunión de la mesa de diálogo entre las partes implicadas, esta vez sabiendo ya cuál es la postura de la Audiencia Nacional y que el cronómetro ha activado la cuenta atrás. "Agora mesmo estamos sin concesión. A sentenza é demoledora e plantea o peor dos escenarios que se contemplaba (...) por iso pedimos que a mesa se reúna o antes posible. Queremos que se garanta a continuidade do emprego. Non queremos pechar baixo ningún concepto", indicó a los medios el secretario del comité de la fábrica, Pablo Bacariza.

La ausencia de Larriba en el edificio impidió concretar una fecha para el encuentro, aunque según algunas fuentes podría tener lugar esta misma semana. Por su parte, la empresa mantuvo a mediodía una breve reunión con la plantilla, pero sin arrojar grandes novedades. Ence reiteró el mismo discurso que lleva entonando desde casi el inicio de la batalla judicial, insistiendo en que no hay otra ubicación alternativa en Galicia y en que, "se non pode estar en Lourizán, a continuidade é inviable".

El grupo deja su futuro en manos del Tribunal Supremo, ante el que prevé presentar un recurso de casación en el plazo legalmente establecido (de 30 días hábiles). "Non queren falar de traslado en ningún caso. Deixan todo a expensas do recurso xudicial, o que tampouco é boa noticia", señaló Bacariza.

El comité, liderado por la CIG junto a UGT, examinará estos días la posibilidad de presentar su propio recurso y trasladará toda la información a la plantilla. Además, organizará su primera gran movilización tras conocer el fallo de la Audiencia Nacional, tal y como hicieron el pasado viernes el comité de oficinas (liderado por CC OO), empresas auxiliares y agentes del sector forestal.

PREVISIONES. Los analistas de la entidad bancaria contemplan la posibilidad de que la batalla judicial anunciada por Ence pueda revertir el fallo de la Audiencia Nacional y confirmar la prórroga de 60 años. Sin embargo, dentro de la incertidumbre "muy elevada" que rodea al caso, consideran que tiene sentido posicionarse a favor de otro escenario, el del "cierre de la planta en un corto período de tiempo", de entre uno y tres años. A su juicio, la sentencia es "muy negativa para Ence" y, además, aleja la posibilidad de solicitar una nueva prórroga hasta 2033, que es cuando se cumpliría el tope de 75 años previsto en la Ley de Patrimonio Público para todas las concesiones.

Los magistrados de la Audiencia Nacional han concluido que la moratoria no fue correctamente justificada ni la empresa ha demostrado por qué no puede producir papel en otro emplazamiento. Por este motivo, tanto analistas como otros agentes vinculados al caso ven prácticamente improbable que el Gobierno pueda conceder un nuevo permiso para ampliar la estadía de la empresa en Lourizán. De hecho, la batalla judicial es la única que ahora mismo permite seguir con las máquinas encendidas (hasta que la sentencia sea firme). La concesión en la que se apoya caducó en 2018.

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