Una mezcla de resignación, enfado y frustración es la que invade, desde hace casi dos meses, a Ángeles Durán. Es justo el tiempo que lleva un grupo de okupas en la vivienda de su tío, un nonagenario que se había ausentado del número 35 de La Ruibal (Salcedo) hace un año y medio por cuestiones personales y que ya no puede regresar a su hogar. "Lo triste es que tenga que demostrar que es su propia casa", se lamenta.
La impotencia y la indignación acumuladas durante estas semanas, al no poder hacer absolutamente nada para recuperar su propiedad, se incrementó ayer, cuando durante la charla con este periódico la mujer pudo ver el interior de la vivienda el tiempo suficiente para comprobar que los invasores habían colocado cerraduras en las distintas habitaciones. Un gesto corroborado por uno de los inquilinos cuando se cruzó con ella en la calle: "La cierro con llave porque yo no sé quiénes son las otras personas y ya pocas cosas tengo, como para que les pase algo", le dijo.
"Cierro mi habitación con llave porque no sé quiénes son las otras personas y no quiero que le pase nada a mis cosas", afirma uno de los 'inquilinos' del inmueble
Esta confesión del hombre, que dijo haber llegado a la casa "hace un par de días, porque conozco a uno de ellos", hace sospechar a Ángeles Durán que los primeros okupas están alquilando dependencias a sus conocidos. "Tiene narices que aún por encima estén sacando dinero", critica.
Dado que reside a unos 200 metros de la casa de su tío, admite que cruza con los okupas casi todos los días. Unos van en bici, otros caminando y los hay que se mueven incluso a bordo de modernos patinetes eléctricos. "Solo hablé con ellos el primer día, cuando fui a preguntarles qué estaban haciendo allí dentro. Fueron amables, es cierto, pero me dijeron que no pensaban marcharse mientras no los echaran", explica.
Y a tenor de los movimientos de los últimos días, están dispuestos a cumplir sus intenciones: empezaron lanzando por la ventana cientos de cartas, papeles viejos, libros y recibos bancarios, que se fueron acumulando en el pequeño jardín de la finca. Lo más reciente fue deshacerse de mantas y ropa de cama. "Sé que mi tío tenía una caja fuerte con algún dinero, pero ya me dijo la Policía que despida de él", afirma.
CULPA DEL GOBIERNO. Uno de los usurpadores le dijo ayer, durante un breve diálogo a las puertas de la vivienda, que "si estamos ahí, es por culpa del Gobierno" y la conminó a hacer "lo que tenga que hacer para defender sus derechos". Rehusó dar un número concreto de habitantes, "somos unos cuántos", y aclaró que "yo voy a lo mío, me dedico a mi trabajo y cuando regreso no quiero problemas con nadie".
"Si estamos aquí es por culpa del Gobierno. La propietaria que haga lo que tenga que hacer para defenderse"
No obstante, reconoció tener amistad "con un par de chicos", presumiblemente de los primeros en ocupar la casa, "que fueron los que me dijeron de venir para aquí y quedarme en una habitación".
Ángeles Durán no acaba de comprender cómo el sistema legal y judicial español permite todavía estas tropelías. Presentó denuncia en Comisaría y en el Juzgado, pero según le explicó su abogado, si no se detecta el allanamiento dentro de las 48 horas siguientes de producirse, la Policía ya no puede intervenir y tiene que ser un juez quien ordene el desalojo. Un trámite que puede prolongarse meses y a veces años.
"Y si no voy por lo legal, aún me puedo meter yo en problemas", comenta, ante el sinsentido de tener que seguir pagando los recibos de luz y agua. "Si no lo hago, me pueden denunciar ellos a mí por coacciones o acoso".
Esta vecina de Salcedo está convencida de que se trata de "okupas profesionales, porque me han dicho que ya han estado en San Blas y en otros sitios" y cita las extorsiones que ya se han producido en otras localidades, cuando los invasores reclamaron a los propietarios dinero a cambio de irse.
"La impotencia es total, porque ya me han avisado de que, si no se van por voluntad propia, esto va para largo", sostiene.
El último ejemplo de okupa rebelde se dio en Monte Porreiro a principios de 2014, cuando el liberiano Tony se negó a abandonar la casa a medio construir que había convertido en su hogar, una resistencia que frenó la venta del inmueble. Tuvo que intervenir el Juzgado para expulsar al recolector de chatarra, quien durante años había vivido en una chabola construida por él mismo dentro del colegio Os Campos.
Menos problemáticos fueron los gorrillas que aprovecharon el abandono de la vieja Comandancia de la Guardia Civil en Loureiro Crespo para instalarse y guarecerse. Su alojamiento se intensificó durante el pasado año, justo antes de que las máquinas entrasen en el solar donde se levantará una residencia para personas de la tercera edad.
Con anterioridad, en 2004, la demolición parcial del acuartelamiento de Campolongo se convirtió en un escenario idílico para numerosos sintecho, que se instalaron entre cascotes y ruinas durante varios años. Los vecinos de la zona denunciaron que el lugar se convirtió, además, en un foco de trapicheo.
En 2003, los okupas también habían hecho suya una nave abandonada junto a la estación de tren, que Renfe había cedido al Concello y que estuvo en desuso varios años.
