La violencia machista es una lacra sobre la que cada vez hay más información, pero no por ello deja de ofrecer datos escalofriantes. Las administraciones están cada vez más involucradas en la erradicación de estos crímenes, pero su esfuerzo no siempre obtiene el respaldo deseado entre la sociedad. "Todavía hay que trabajar mucho en la conciencia colectiva, en la educación, en los valores... Hay actitudes que están tan normalizadas que no se ven como un signo de maltrato, y eso hay que cambiarlo", sostienen los expertos policiales consultados.
La subdelegada del Gobierno, Maica Larriba, está especialmente concienciada con este problema y es una firme defensora de cualquier medida que permita menguar la violencia sobre las mujeres. Una de sus acciones más inmediatas será una campaña de contactos con los concellos de la provincia, "porque son la administración más próxima al ciudadano y a la persona que está siendo sometida a violencia de género", para hacerles ver la enorme importancia de que se sumen al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.
Este organismo se puso en funcionamiento el 26 de julio del 2007 y entre sus objetivos está el aglutinar a las diferentes instituciones públicas que tienen competencias en esta materia.
En el año 2004 se aprueba la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, pionera en Europa, que constituye la norma básica que han incorporado las comunidades autónomas, e introduce novedades como la creación de los juzgados especializados en violencia sobre la mujer.
Desde su puesta en marcha, han sido numerosos los países de todo el mundo interesados en este sistema, en el que se inspiraron para desarrollar legislaciones similares en sus territorios.
"Se establecen tres niveles de participación y es verdad que no todos pueden integrarse en el mismo, porque eso depende de los recursos de los que puedan disponer. Hay concellos que apenas tienen Policía Local o es tan pequeña que no les permite asumir el nivel 2 o 3, es decir, que la custodia y vigilancia de las víctimas sea efectuada por un agente municipal", matiza Larriba.
Recuerda, en este sentido, que el Gobierno devolvió a los ayuntamientos competencias en materia de violencia de género, a través del Pacto de Estado, y les concede capacidad presupuestaria para hacer frente a esas competencias.
Así, cada concello percibe un fijo de 689 euros y otro importe variable, resultado de multiplicar cada habitante censado por 0,18 euros. Después, si están integrados, en el Sistema de VioGén, perciben parte de los remanentes que queden al final del ejercicio, los cuales se distribuyen de forma equitativa entre todos los suscritos.
"Por tanto, es voluntad del Gobierno, a través de sus administraciones, impulsar la integración de todos los ayuntamientos en el Pacto de Estado contra la violencia de género, y desde aquí haremos todo lo posible porque así sea", garantizó la subdelegada. Pontevedra fue, junto con Vigo, el primer concello de la provincia en adherirse al Sistema de VioGén, a mediados de 2007. Con varios agentes asignados a esta labor, a lo largo de estos 12 años y medio ha canalizado diversas medidas de protección para decenas de víctimas.
Además de las dos principales ciudades de la provincia, en el sistema también están las policías locales de Redondela, Vilagarcía, Marín, Bueu, Caldas, O Grove, O Porriño, Salceda y Sanxenxo. En los últimos días, tanto Cambados como Lalín han tramitado ya su solicitud de adhesión, y están en cartera Tui, Moaña, A Guarda, Baiona, Nigrán, Cangas y Ponteareas.
En la provincia, en los últimos años, no solo no ha descendido la estadística, sino que incluso ha aumentado. En 2017 se registró un caso (que dejó un menor huérfano), al igual que en 2018 y el pasado año hubo dos casos (con otros tantos niños huérfanos).
A nivel de Galicia, hubo 3 crímenes en 2019, tres en 2018 y 2 en 2017.
