Las primeras consecuencias del 3,5% de subida aplicado a la autopista desde el pasado 1 de enero muestran ya su cara más amarga en Vilaboa. Los vecinos residentes en los diez kilómetros que separan Rande de Pontevedra se enfrentan estos días a una saturación inesperada de coches privados, pero sobre todo de camiones. Más de 10.500 vehículos circulan cada 24 horas por esta alternativa a la AP-9, por encima del 30% del total de los desplazamientos entre Vigo y Pontevedra. Y el pronóstico es que esta saturación no ha hecho más que comenzar.
Los transportistas califican de "inaguantables" los precios de la autopista entre las dos principales ciudades de la provincia, con una expectativa de empeoramiento brutal, salvo que sea corregida por el Ministerio de Fomento, ya que (por contrato) la concesionaria de la autopista podrá repercutir el coste de las obras de Rande con subidas adicionales a los incrementos ordinarios durante los próximos 20 años.
La Confederación de Empresarios de Pontevedra ya advirtió de que, tal y como está la situación de la AP-9, los precios de los peajes son uno de los principales lastres para la competitividad provincial.
Las obras en Rande y el entorno de Santiago fueron la última excusa legal de Audasa para aplicar los máximos incrementos posibles
La concesionaria es consciente de su creciente mala imagen entre los usuarios. Tanto que, en plena reorganización de la cúpula del grupo Itínere, propietario de la vía de pago gallega, con un cambio drástico del control accionarial todavía no resuelto al cien por cien, los dirigentes gallegos de Audasa han optado por invertir en una mejora de su imagen pública y elaboran ya planes de acción para corregir su pésima valoración ciudadana. Una popularidad a la baja, agravada por la presión política. La Xunta espera una transferencia de la titularidad de la carretera con la mirada puesta en un mayor control a la concesionaria y una presión para la rebaja de los precios. Y en el lado judicial, la empresa sigue pendiente de que los jueces resuelvan una millonaria demanda de la Fiscalía por las obras de Rande que, de prosperar, le supondría un desembolso en indemnizaciones capaz de hacer temblar sus cuentas.
Hasta ahora, Audasa se negó a aplicar bonificaciones a sus clientes y las únicas en vigor están pagadas por los Presupuestos Generales del Estado. Sigue aún pendiente la prometida liberación del peaje entre Redondela y Vigo y las últimas manifestaciones del Gobierno central provocan dudas sobre la disposición real a ceder el control de la AP-9 a la Xunta.
Fomento anunció recientemente la creación de una mesa de trabajo para garantizar el equilibrio de los peajes en España. Pero mientras llegan los frutos de esta nueva táctica política, lo único cierto es que más de la mitad de las autopistas españolas han experimentado o tienen previstas rebajas en sus tarifas y, en el resto de los casos, las subidas aplicadas en los últimos seis meses han sido menores que en el caso gallego.
Las obras en Rande y el entorno de Santiago fueron la última excusa legal de Audasa para aplicar los máximos incrementos posibles, pese a los pingües beneficios que sigue arrojando su cuenta de resultados, con la AP-9 convertida en la autopista más rentable de España. Además, el coste de la ampliación del puente de Rande bien podría considerarse ya amortizado, porque la recaudación de los peajes entre Vigo y Pontevedra durante los 40 meses de obras superó los 150 millones de euros, mientras que la inversión en toda la obra rondó los 192, según las propias cuentas hechas públicas por la concesionaria.
Ahora los transportistas y cientos de usuarios particulares han optado por dar la espalda a la autopista y esquivarla utilizando el vial alternativo por Vilaboa, a punto de saturarse y de originar problemas de congestión en los días laborables y a las horas punta. La N-554 une la N-550 desde Vilaboa a Domaio, donde conecta con con la AP-9, la PO-551, y la autovía de O Morrazo.
