El Supremo fijará jurisprudencia con Ence para las empresas de la costa

El Alto Tribunal recuerda su sentencia de diciembre sobre la prórroga a una vivienda en la costa de Murcia, en la que falló contra la Abogacía del Estado. Ahora se dirime un caso similar, pero de una empresa
Imagen del complejo industrial de Ence, al pie de la ría pontevedresa. ADP
photo_camera Imagen del complejo industrial de Ence, al pie de la ría pontevedresa.

El Tribunal Supremo deshojó la margarita y finalmente admitió este martes a trámite el recurso de Ence, así como los diez presentados a continuación por sus comités de empresa, el Puerto de Marín y varias empresas o asociaciones patronales, en defensa de la continuidad de la fábrica de pasta de papel en la ría pontevedresa y en contra de las sentencias dictadas por la Audiencia Nacional, que tumbó la última prórroga firmada por el gobierno de Mariano Rajoy y dejó en el aire el futuro del complejo industrial.

En realidad, el Alto Tribunal del Estado le dio este martes la primera alegría judicial a Ence tras un 2021 negro en el que la pastera asentada en Lourizán afrontó, primero, las restricciones de la nueva Ley de Transición Ecológica y, más tarde, sucesivamente en julio y en octubre, las dos estocadas de la Audiencia Nacional en las que aceptó los recursos del Ayuntamiento de Pontevedra, de Greenpeace y de la APDR contra la polémica prórroga de 60 años aprobada en enero de 2016 y que, en teoría, blindaba su presencia a pie de ría hasta 2073.

No fue la única alegría de este martes en la empresa. La noticia corrió como la pólvora desde primera hora de la mañana en los mercados y situó a Ence entre los diez valores que más crecieron en el día, con picos de hasta el 7% de revalorización de sus acciones. Finalmente, cerró la sesión con un crecimiento del 2,53%, un precio de 2,922 euros por título, después de haber llegado a tocar máximos no alcanzados desde el pasado julio.

En Pontevedra, en cambio, la noticia dividió a la sociedad. Concello y Greenpeace, al igual que la Asociación Pola Defensa da Ría, confiaban en que el Supremo rechazase los recursos. La principal baza no era otra que la "contundencia" de las sentencias de la Audiencia Nacional, que contó con la colaboración expresa de la Abogacía del Estado, contraria ahora que gobierna el PSOE a la misma prórroga que informó favorablemente cuando gobernaba el PP. La no admisión de los recursos enterraría casi definitivamente la posibilidad de que Ence continuase en Lourizán y abocaría a la firma a cerrar su planta y trasladar la producción o bien a Navia (en Asturias), o bien a otro punto de Galicia.

Los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, de momento, le han dado una bocanada de oxígeno a la pastera, cuyos órganos de dirección albergaban ayer esperanzas de que la justicia acabe dándoles la razón.

De momento, los jueces se apoyan en otra sentencia de sus compañeros de la Sección Quinta de la misma Sala Contencioso-Administrativa para aceptar un estudio pormenorizado de las objeciones de la empresa y decidir sobre ello.

Esta jurisprudencia que le ha servido a Ence se refiere al caso de un particular que pleiteó contra la Abogacía del Estado en Murcia por la prórroga de la concesión a una vivienda situada al borde del mar, en la franja de dominio público marítimo-terrestre. Fue la propia Abogacía del Estado la que pidió al Supremo que utilizase este caso para sentar jurisprudencia, y también la que basó su reclamación en las mismas leyes, artículos y reglamentos que sirvieron para declarar nula la concesión de Ence.

Pero el Supremo concluyó que deben primar los derechos legalmente adquiridos por el beneficiario de la prórroga, incluso por encima del polémico artículo 32 de la Ley de Costas, que alude a que esas prórrogas solo se podrán conceder "cuando se trate de instalaciones o actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación".

Para los jueces, las disposiciones transitorias de la Ley de Costas "dulcificaron el rigor de aquellos preceptos y precisaron las condiciones en que determinados usos, construcciones y concesiones anteriores podrían subsistir después de la entrada en vigor de la ley".

Lo distinto en el caso de Ence es que se trata de una empresa y no de la vivienda de un particular. Pero el Supremo se refiere a ello en su auto de admisión a trámite del recurso y señala concretamente que "...teniendo en cuenta que la prórroga concesional sobre la que versa dicha sentencia se refiere a una edificación con destino a vivienda, en el presente caso, considerando la trascendencia social y económica que reviste la concesión que es objeto de recurso -fábrica de pasta de celulosa Kraft que genera empleos directos e indirectos a más de cinco mil personas- aconseja un nuevo pronunciamiento de esta Sala".

Insisten además los magistrados en que "se entiende que tiene interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia" y aclara que esta consistirá en determinar "si para el otorgamiento de la prórroga de las concesiones para la ocupación de dominio público marítimo-terrestre existentes a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988 resulta necesario acreditar que sean instalaciones o actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación".

El Supremo, eso sí, no se marca plazos para dictar sentencia, lo que podría prolongar meses la incertidumbre sobre Ence en Pontevedra. Su decisión ya solo será recurrible ante los tribunales europeos.

Ence agotará "todas las vías judiciales" para defender su prórroga

En una nota oficial, Ence se congratuló ayer de la admisión a trámite de sus recursos, y apostilló que, ocurra lo que ocurra finalmente con la sentencia, la empresa "agotará todas las vías judiciales en defensa de la legalidad de la prórroga extraordinaria de la concesión de su biofábrica de Pontevedra, siempre –y como no podría ser de otro modo– desde el absoluto respeto a las decisiones de la Justicia y a los cauces que esta establece".

La pastera recordó que "cerca de 5.100 puestos de trabajo en toda Galicia dependen de la actividad de esta biofábrica. Una instalación que, no solo cumple holgadamente con toda la normativa medioambiental vigente, sino que ha sido reconocida por su sostenibilidad a través de certificaciones como Residuo Cero de AENOR, la etiqueta ecológica Nordic Swan (ecoetiqueta oficial de los países nórdicos) y la Distinción Oro de la Comisión Europea". Asimismo, señaló que la planta pontevedresa "cuenta con el Certificado ISO 50001, que certifica la eficiencia energética de sus procesos; y ha sido pionera en acreditarse bajo el esquema de verificación SURE, que certifica la sostenibilidad de su biomasa".

Comité de oficinas ► "Ahora más que nunca debemos volver a la calle"
El comité de oficinas centrales ha acogido la resolución del Supremo con una indisimulada alegría, hasta el punto de animar a sus representantes a retomar las movilizaciones lo antes posible.

Ana Cedeira, presidenta del colectivo, anunció que "vamos a seguir saliendo a la calle, evidentemente ahora más que nunca. Tenemos que seguir haciendo presión porque queremos salvar nuestros puestos de trabajo".

Recordó que la admisión a trámite del recurso es un gran paso, pero que "si la justicia no nos da la razón, el año que viene 5.000 personas estarán en el paro. Entonces, evidentemente, vamos a luchar y a pelearlo en la calle, porque es el único lugar donde tenemos voz y donde podemos defender nuestros intereses".

El comité de oficinas destaca que el fallo judicial considera la trascendencia social y económica de una industria que "genera empleos, directos e indirectos a más de cinco mil personas".

 

Comité de empresa ►"Esto nos permite mantener la actividad"
Para Toño Lafuente, presidente del comité de empresa, la admisión del recurso por parte del Supremo "es una muy buena noticia, porque eso permite que no cese la actividad de la planta". Alertó de que si no se hubiera admitido el recurso, significaría que la sentencia era firme y eso supondría la paralización de la fábrica, "algo que no queremos que ocurra de ninguna manera".

El comité de empresa insiste en estar abierto a todas las vías posibles para garantizar la continuidad de los puestos de trabajo. "Y ahora mismo nos centramos en la jurídica, que es en la que estamos presentados".

Lafuente reconoce que aún faltan por resolverse los otros dos recursos presentados. "Tendremos que consultar con los abogados si la inadmisión de alguno de ellos le daría firmeza a la sentencia y conllevaría el cierre de Ence o si, por el contrario, habría que esperar a que se resolviese el recurso admitido".

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