El Supremo confirma la condena al exjefe de Aduanas en Pontevedra

José Carrón. JAVIER CERVERA-MERCADILLO
photo_camera José Carrón. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Un asunto que parecía zanjado con la resolución del Tribunal Supremo del mes de septiembre que desestimaba los recursos presentados por los condenados por el macrofraude en la venta de gasoil que salpicó, entre otros, al exjefe de Aduanas en Pontevedra, volvió a la sala de lo Penal del TS. Ello fue así por la presentación de un incidente de nulidad por parte de los letrados de los investigados, que aducían una presunta violación de derechos constitucionales y vulneración de la tutela judicial efectiva. Todos los argumentos han sido, una vez más, rechazados, lo que ya deja un escaso margen de maniobra a los imputados que pretendan esquivar la prisión.

El más conocido de los condenados es José Carrón, exjefe de Aduanas, al que le fueron impuestas seis penas de ocho meses de prisión por media docena de delitos contra la Hacienda Pública y una más de un año por falsedad documental (que suman cinco años de cárcel). Carrón participó en un entramado criminal urdido en su mayor parte por dos empresarios dezanos (también condenados) y que tenía como principal objetivo obtener importantes beneficios económicos eludiendo el pago de los impuestos especiales que gravan los hidrocarburos.

El juicio, celebrado en interminables sesiones en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra, también sirvió para condenar a los otros tres individuos que compartieron banquillo con Carrón: el también exfuncionario de Aduanas José Antonio Corcoba (con idéntica pena a la que se le impuso al que entonces era su jefe) y los citados empresarios dezanos, los hermanos Castro, que deberán asumir la mayor pena del proceso judicial: seis años de cárcel por otros tantos delitos contra la Hacienda Pública.

Otros 19 encausados en el asunto que ahora finaliza aceptaron los acuerdos que les propuso el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Juan Carlos Aladro, que incluyeron el pago de multas y penas de cárcel que no acarreaban el ingreso en prisión.

Un testigo declaró en el juicio que los ahora condenados obtenían grandes beneficios por cada camión cuya carga (gasoil sin impuestos) lograban comercializar: alrededor de un millón y medio de pesetas.