El esclarecimiento del futuro de Ence se hace de rogar. La previsión de que el Tribunal Supremo se reuniría el 4 de octubre para votar y decidir si la prórroga de la concesión es legal o no se ha cancelado y pospuesto sine die.
El motivo es que uno de los dos frentes que integran el caso todavía no está listo para llegar al juicio final. Concretamente, se trata de los recursos de casación que presentaron empresa y agentes afines contra la sentencia de la Audiencia Nacional que (en julio del año pasado) dio la razón al Concello y anuló la prórroga de la concesión. Fuentes judiciales aseguran que esta parte del procedimiento todavía está en proceso, lo que ha también ha llevado a aplazar la resolución de los recursos tramitados contra la sentencia que dio la razón a Greenpace.
¿Qué ha llevado al Supremo a demorar su dictamen?
Responsables del alto tribunal precisaron este viernes a este periódico que "se había señalado el próximo 4 de octubre para la votación y fallo del recurso 7680/2021", que es el relativo a la sentencia que aceptó la demanda del colectivo ecologista. Sin embargo, el Tribunal Supremo dictó el pasado martes una providencia que "deja sin efecto ese señalamiento por encontrarse aún en tramitación el recurso 7364/2021", correspondiente a la sentencia que dio la razón al Ayuntamiento de Pontevedra.
El órgano judicial entiende que ambos "tienen contenido semejante", por lo que aboga por señalar una única fecha para proceder a la "votación y fallo de forma conjunta" de ambos lotes de recursos.
La providencia acepta la interposición de un recurso de reposición durante un plazo de cinco días a contar desde su fecha de notificación.
¿Cuánto tiempo puede pasar hasta conocer sentencia ?
El Supremo avanza que el señalamiento se hará cuando los recursos de la sentencia del Concello hayan completado el proceso legalmente establecido, pero sin fijar topes en el calendario.
Las fuentes oficiales consultadas tampoco podido precisar el tiempo que se podría demorar el veredicto. Según dicen, puede ser cuestión de semanas, meses o incluso superar generosamente la barrera del 2023. Recientemente el alto tribunal se topó con un caso similar y finalmente el fallo se retrasó "más de un año".
¿Qué cuestiones debe resolver el alto tribunal?
Fundamentalmente, el Supremo debe decidir si ratifica, matiza o revoca las tres sentencias de la Audiencia Nacional que concluyeron anulando la prórroga de la concesión que otorgó a Ence el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy hasta el año 2073. Tres veredictos que, a su vez, emanan de la terna de recursos presentados por Greenpeace, el Concello y la Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) contra esa ampliación de la concesión.
La Audiencia Nacional señaló en todos los casos que, según el artículo 32 de la Ley de Costas, solo se pueden prorrogar concesiones en dominio público marítimo-terrestre cuando "se trate de instalaciones que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación". Condición que, según entiende, no cumple Celulosas.
Los magistrados reconocieron que la pastera necesita estar cerca de masas de agua para producir pasta, pero advirtieron también de que existen industrias similares que funcionan alejadas de la costa. Como ejemplo citaron las dos fábricas de celulosas que posee BHK en España (en Zaragoza y Guipúzcoa) y la propia planta que tiene Ence en Navia.
El Supremo debe dirimir ahora si confirma dichas sentencias o las revoca y permite a la empresa seguir activa en Lourizán.
¿Quiénes y qué se ha recurrido ante el Supremo?
Las tres sentencias emitidas por la Audiencia Nacional recibieron una cascada de recursos de casación presentados ante el Supremo por Ence, los comités de empresa, la Autoridad Portuaria de Marín, la Asociación de la Primera Transformación de la Madera de la provincia de Lugo y las empresas Ceferino Nogueira, Galigrain y Montajes Rías Bajas.
La compañía insiste en que agotará la vía judicial para validar la prórroga de la concesión que, según dijo en varias ocasiones, fue aprobada en «cumplimiento estricto de la legalidad», aplicando la Ley 2/2013 de Costas y el Reglamento General de Costas del 2014 (aprobadas por el Gobierno del PP). Además, al igual que el resto de recurrentes, apela al impacto que tendría el cierre de la factoría, que sustenta, según sus números, a más de 5.000 familias en Galicia. La compañía asevera que, si el Supremo anula la concesión, la alternativa pasa por el cierre de la fábrica de Lourizán y el refuerzo de la producción en Navia. En Galicia el único proyecto que contempla es la construcción de una fábrica de biomateriales en As Pontes.
