La denuncia pública que el PSOE realizó en marzo del año pasado sobre posibles sobrecostes del servicio del agua tras la prórroga del contrato ya tiene sus consecuencias. Los socialistas hicieron este martes públicos los informes de los servicios de Intervención y Contratación que dan la razón al grupo que dirige Agustín Fernández, que aseguraba entonces que la empresa no podía incluir en sus retribuciones la amortización de inversiones. El motivo residía en que el contrato había expirado en febrero de 2017 y sobre él pesaba una moratoria, que finalizará el mes que viene.
El asunto se debatió en una sesión plenaria y el propio concejal de Facenda, Raimundo González, al que el PSOE pidió su cese, salió al paso de las críticas asegurando que los técnicos municipales estaban revisando el caso para que la empresa cobrase lo que le correspondiera.
"Coa nosa moción conseguimos que o Concello vaia aforrar máis de 60.000 euros ó mes. Un aforro total que vai andar por riba dos 700.000 euros sen IVE", afirmó el martes Fernández a través de un comunicado de prensa.
Los socialistas señalan que los técnicos elevaron la cantidad a descontar a la concesionaria a más de 100.000 euros al mes. Finalmente, una alegación presentada por Viaqua redujo esta cifra a 61.000 euros mensuales. "É unha mágoa que os socialistas teñamos que advertir estas cousas. Suponse que o Goberno debe velar polos intereses dos pontevedreses e non polos dunha empresa privada porque estamos a falar de moitos cartos", señaló el portavoz del PSOE, que defiende la remunicipalización del servicio del agua, cuyo contrato está a punto de adjudicarse por otros 20 años.
