El ultimátum que la Xunta dio la semana pasada al Concello para exigirle, vía carta, la implantación de su propio plan de transporte urbano no ha sentado nada bien en el BNG. Al Gobierno local no solo le ha molestado el contenido de la misiva, en la que la Consellería de Infraestruturas amenaza a Pontevedra con cerrarle el grifo si no asume este servicio de autobús, sino la fórmula elegida para dar cuenta de esta advertencia.
El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, y el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, hablaron este lunes por la tarde sobre el asunto. Lo hicieron por teléfono y, según fuentes autonómicas, ambos se mostraron a favor de coordinarse para sacar adelante el nuevo servicio de transporte.
Durante la charla, Feijóo trasladó a Lores que la carta fue enviada para cumplir un acuerdo parlamentario que instaba a la Xunta a exigir a Pontevedra que activase el bus urbano. Aquella iniciativa, presentada por el PP y que toda la oposición tildó de "electoralista", fue apoyada por el PSOE. Por su parte, BNG y En Marea se abstuvieron.
El Gobierno gallego brinda el apoyo den sus técnicos para activar el servicio de bus urbano, que Pontevedra está obligado a prestar por Ley
El presidente autonómico también recordó al regidor nacionalista que la capital está obligada a tener este servicio por ley, al disponer de más de 50.000 habitantes. Asimismo, le hizo partícipe de que la Xunta ha anunciado la reformulación de más de 1.200 líneas de transporte y que la puesta en marcha del de Pontevedra debe ser en 2019. Además, el líder del PP gallego también brindó el apoyo técnico de la Xunta y cualquier reunión con sus consellerías para que Pontevedra tenga autobús urbano propio.
"Non é moi normal o envío desta carta tendo en conta que a relación entre administracións se rexe polo principio de lealdade institucional", dijo antes de este encuentro telefónico el portavoz municipal, Raimundo González Caraballo, que aseguró que la comunicación remitida a la sede de Michelena, de la que se tuvo constancia el pasado viernes durante la celebración del Pleno en el que se aprobaron los Presupuestos municipales de 2019, podría haberse hecho por otros cauces. En este sentido, recordó que Pontevedra mantiene abierta "unha mesa de diálogo" con la Xunta para negociar los cambios que afectarán al autobús dentro del municipio.
El Ejecutivo pontevedrés quiere que la puesta en marcha de este plan de movilidad se haga teniendo en cuenta las características de la ciudad, lo que conllevaría la realización de estudios previos que el Concello estaría dispuesto a pagar de su bolsillo. Pero el calendario del BNG no convence a la Consellería de Infraestruturas, que es el departamento que gestiona el transporte colectivo en la comunidad. El organismo que dirige Ethel Vázquez quiere que este servicio se active cuanto antes, concretamente en 2019.
La carta del director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, al edil de Mobilidade, Demetrio Gómez Junquera, insta a Pontevedra a poner en funcionamiento el bus urbano y a rediseñar o mantener las doce líneas que funcionan en la actualidad. Estas están incluidas en cuatro contratos, que vencerán a lo largo del año que viene.
Las concesiones en cuestión son las que van a Monte Porreiro, Ponte Bora, Pintos y A Ruibal. Las del bus que parte del CEIP A Carballeira, en Lourizán, al núcleo de A Ruibal, en Salcedo, y la que da servicio a O Castelo (Lérez), Pintos (Marcón), Os Fontáns (Santa María de Xeve) y Montecelo acaban el 7 de agosto de 2019. El resto, la que pasa por la ITV de Ponte Bora y la que lo hace por Figueirido, O Casal, Birrete (Salcedo), Monte Porreiro y A Xunqueira, terminarán su vigencia el 2 de diciembre del año que viene.
La Xunta reclama que el Concello le comunique su "intención inequívoca de iniciar a prestación do servizo de transporte colectivo" en Pontevedra. En caso de que no lo haga en los términos planteados, el Gobierno gallego se reservará el derecho de cobrarle a la capital lo que cuesten las líneas.
