Las centrales sindicales de Pontevedra exigen a la patronal del comercio de la alimentación que desbloquee las negociaciones del nuevo convenio y que se pronuncie explícitamente sobre el incremento salarial que demandan los trabajadores, cerca de 15.000 en la provincia.
Representantes de UGT han comparecido este miércoles para advertir de que su propuesta de actualización de salarios es "inamovible" y la CIG celebrará este mismo día una movilización para presionar a la empresa, "xa que, tras sete xuntanzas coa patronal, non se produciu ningún avance que permita vislumbrar a posibilidade dun acordo".
Roberto Puga, responsable del sector comercio en UGT Pontevedra, señaló que su sindicato exige el incremento salarial más alto de los que han llegado a la mesa de negociación: 1.600 euros lineales anuales, equivalentes en la categoría de dependiente a un 10,9%.
Según argumentó, el objetivo es recuperar la pérdida de poder adquisitivo sufrida en los últimos tres años, por lo que propone incorporar el IPC acumulado entre 2020 y 2022 y una subida del 2,39% para este año. "La patronal se asusta, pero el incremento real no es ninguna locura ni está ajeno a la realidad. De hecho, el último dato del IPC es del 3,1%, por lo que aún nos seguimos arriesgando a perder poder adquisitivo", explicó Puga durante na rueda de prensa celebrada en el local sindical.
La formación insiste en que la actualización de nóminas es el principal escollo de la negociación y que no bajará "ni un céntimo" frente a una patronal de la que critica "su pasividad".
UGT también reclama que se ponga coto a los pactos complementarios que ahora mismo permiten aumentar hasta en un 60% los contratos parciales, un tipo de contratación muy extendida en el sector y que sobre todo afecta a mujeres, quienes representan el 70% de la masa laboral y quienes, según UGT, en un 90% de los casos están siendo empleadas con contratos por debajo de las 20 horas semanales.
En el ámbito social, el sindicato pide que se instaure la jornada de cinco días a la semana, un nuevo sistema de promoción profesional, la acumulación de días de libre disposición y asuntos propios (hasta llegar a las seis jornadas laborables), la acumulación de los días de lactancia (hasta un total de 24), dos tipos de excedencias con reserva de puesto para conciliación familiar (una de ellas durante las vacaciones escolares de verano), y un protocolo contra el acoso sexual y psicológico.
La mesa de negociación del convenio está integrada por un lado por la Asociación Provincial de Supermercados y Autoservicios de Pontevedra (Asap), la Asociación Provincial de Empresarios Mayoristas y Detallistas de Alimentación de Pontevedra y por el Gremio Provincial de Carniceros y Charcuteros. Y por otro, por la CIG (que ostenta la mayoría con 8 representantes), UGT (3), CC OO (2) y USO (2).
La UGT denunció este viernes que el grueso de sus demandas son compartidas por CC OO y USO, pero que, en cambio, la CIG se ha desmarcado "celebrando asambleas y movilizaciones propias".
Carlos Esperón, integrante de la Federación de Comercio de UGT, afirmó que es la primera vez que "non hai unión sindical", para luego acusar al sindicato nacionalista de "querer un convenio galego" que la UGT rechaza de plano. "Un acordo deste tipo sería perfecto, pero o que non contan é que se firmamos ese convenio, o plus de antigüidade que temos en Pontevedra pérdese”.
Roberto Puga vinculó el supuesto desmarcaje de la CIG a las elecciones sindicales que se celebrarán el próximo 7 de junio en Froiz (que solo en Pontevedra emplea a 3.058 personas) y Gadis (cerca de 1.200).
Iván Veiga, secretario comarcal de la Federación de Servizos, niega, en cambio, que la intención sea descolgarse y que en ningún momento "se abriu o debate do convenio autonómico".
Según añadió, las asambleas que ha celebrado hasta la fecha la organización fueron abiertas a la participación de todos los trabajadores y que en ellas se acordó celebrar dos movilizaciones en señal de protesta frente al bloqueo de la negociación.
En Vigo se celebrará el 11 de mayo y en Pontevedra esta tarde, a las 20.00 horas, desde el Hospital Provincial hasta el Froiz de Benito Corbal.
La CIG reclama una subida del 14% entre 2022 y 2023 (un 7% por año), la promoción automática de las categorías, “o que tamén conlevaría un incremento económico”y varias medidas complementarias, como la reducción de la jornada a 35 horas semanales, el aumento de los días de asuntos propios (de 3 a 5) y varias medidas para facilitar la conciliación familiar.
