Unos 500 operarios de Ence –entre ellos, algunos que desarrollan su trabajo en la fábrica de Navia– y de las empresas y contratas vinculadas a la planta de la compañía en Pontevedra se han manifestado este miércoles ante la sede central del PSOE, en la madrileña calle Ferraz, para reclamar al Gobierno que "no dé la espalda a las más de 5.100 familias que se verían afectadas" por el cierre de la biofábrica de Lourizán.
Según ha detallado a Europa Press el presidente del comité de empresa, Ignacio Acuña, desde Galicia han llegado seis autobuses, a los que se han sumado los trabajadores de las oficinas de Madrid y del sector forestal en Pontevedra.
Acuña ha explicado que debido al ciclo productivo de 24 horas de la fábrica en Pontevedra, dos turnos completos no han podido desplazarse hasta Madrid. Aun así, ha cifrado entre 400 y 500 los asistentes a la manifestación en Ferraz.
El presidente del comité de empresa de Ence ha trasladado también su "repulsa" a que "cada vez que hay elecciones nuestros puestos son moneda de cambio", lo que explicaría su presencia en la sede del PSOE a tan solo cuatro días de unos comicios generales.
Con pancartas en las que se podía leer "No se ponga nervioso Sr. Sánchez, que Ence en Pontevedra se queda", "Sánchez papagaio, mintireiro do carallo", "Ence sí, paro no", "Pedro Sánchez, presidente del paro" o incluso algunas más allá del motivo de la protesta como "PSOE lamecús do nacionalismo" o "Diputados socialistas, obreros offshore", los trabajadores han mostrado su "indignación" ante el cambio de criterio del Gobierno que podría conllevar el cierre de la fabrica.
En concreto, este cambio de criterio por parte del Gobierno en los procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional para la prórroga de la concesión a Ence en la ría de Pontevedra se conoció a mediados del pasado mes de marzo, lo que comprometía el visto bueno que había recibido la compañía en enero de 2016 por parte del anterior Ejecutivo.
El abogado del Estado desistió de la defensa de la prórroga a Ence al considerar que ésta no fue "conforme a derecho". Su argumentación se basa en "el plazo máximo" fijado por el Consejo de Estado de la concesión para 75 años, sin que se pueda sobrepasar ese límite. En 1958 se estableció una concesión de 75 años que caduca en 2033, por lo que el abogado del Estado considera que la prórroga otorgada en 2016 por 60 años –hasta 2073-- no sería conforme a derecho.
PLANTILLA DE 400 EMPLEADOS. Según las cifras de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), de la biofábrica de Pontevedra dependen de forma directa e indirecta más de 5.100 familias, con una plantilla fija de 400 empleados.
A esa plantilla se unen 2.700 puestos de trabajo de contratistas del área industrial, logística y del transporte, así como más 2.100 empleos en el sector forestal de Galicia que dependen directamente de la actividad de Ence-Pontevedra.
Además, la celulosa de Ence supone la mitad del tráfico del Puerto de Marín, ya que se exporta el 95% de la producción. En total, Ence aporta un 28% del PIB de Pontevedra y supone más de 33 millones de euros en impuestos a las arcas públicas.
Por su parte, el Gobierno defiende que la planta de Ence está en un espacio público marítimo-terrestre y que el tema sigue judicializado, por lo que considera "hay que seguir la Ley" y esperar a que se conozca la resolución judicial, según señaló la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, el pasado viernes tras el Consejo de Ministros.
