Trabajadores de la Upa de Príncipe Felipe piden que el centro se mantenga

Solicitan a la Deputación que reinicie las negociaciones con la Xunta para evitar que el servicio deje de funcionar

Alba Jorge Ferreiro, portavoz de los trabajadores de la Upa de la Cidade Infantil Príncipe Felipe disconformes con su próximo cierre. OLGA FERNÁNDEZ
photo_camera Alba Jorge Ferreiro, portavoz de los trabajadores de la Upa de la Cidade Infantil Príncipe Felipe disconformes con su próximo cierre. OLGA FERNÁNDEZ

Trabajadores de la Unidad de Primera Acogida (Upa) de la Cidade Infantil Príncipe Felipe han solicitado a la Deputacón que retome las negociaciones con la Xunta para no cerrar dicho centro. El Gobierno provincial anunció el pasado día 1 que había llegado a un acuerdo con la Administración autonómica por el cual esta última renunciaba a las once plazas de las que disponía en la Upa y, por tanto, esta dejaría de funcionar a partir del próximo 1 de enero.

La diputada Eva Vilaverde definió el acuerdo como positivo y señaló que pondría fin al problema de la presencia de menores conflictivos en la Cidade Infantil, explicando que la Upa era una "vía de entrada" de chavales con conductas problemáticas, lo que alteraba la convivencia con los demás menores y con los trabajadores. Además, precisó que el acuerdo con la Xunta también permitirá que los técnicos provinciales tengan la última palabra a la hora de decidir si un menor reúne o no las condiciones para poder ingresar en los demás centros de acogida de Príncipe Felipe.

Critican que se enteraron de la noticia del cierre a través de la prensa y que por ahora nadie se lo ha comunicado todavía al personal

Sin embargo, los integrantes del personal de la Upa (cuya plantilla está formada por 16 trabajadores) expresaron su malestar y el pasado martes entregaron un escrito en la Deputación solicitando que no se prescinda de esta Unidad de Primera Acogida. En dicho documento afirman que están "en total desacuerdo" con su cierre y con las formas en las que esta información les ha llegado, puesto que "nos enteramos por la prensa", según explicaron Alba Jorge Ferreiro y otros trabajadores.

También manifestaron su desacuerdo con las declaraciones de Eva Vilaverde y de César Mosquera en relación a la Upa y señalaron que "reflejan un absoluto desconocimiento del trabajo que se realiza" en la misma.

Afirman que la Deputación no ayudó a solucionar los problemas "puntuales" surgidos con menores con conductas disruptivas

ESPECIALIZADO. Explicaron que el centro es "especializado y único en la comunidad gallega" y que la Deputación "debería potenciarlo al máximo, ya que permite analizar las necesidades individuales de cada menor y ofrecerle la alternativa de convivencia más adecuada". Precisaron que "desde su apertura, ha atendido a más de cien" niños y adolescentes al año, "fomentando, siempre que fuera posible, la reinserción familiar como medida prioritaria" y que también "ha sido un centro de referencia en Galicia para la acogida de menores extranjeros no acompañados". Añadieron que nació en 2002 "para dar respuesta a una necesidad que desde hacía tiempo numerosos profesionales demandaban", pues "está destinado a acoger con carácter de urgencia y por un corto período de tiempo a aquellos menores que se encuentran en una grave situación de desprotección o con un alto riesgo físico o psíquico durante los 365 días del año y las 24 horas del día" y puntualizaron que "los menores que ingresan vienen sin previa valoración, ya que ese es el objetivo de nuestro centro".

Presentaron un escrito ante el Gobierno provincial solicitando a la diputada Eva Vilaverde que se reúna de forma urgente con ellos

En esta línea, subrayaron que la Upa "no es un centro de cumplimiento de medidas judiciales de internamiento", pues atiende "a menores con diferentes problemáticas, no únicamente a aquellos con conductas disruptivas", quienes "necesitan una atención profesionalizada, y por ello desde aquí se valora siempre que sean trasladados de forma inmediata al programa más adecuado a sus necesidades", afirmaron.

De hecho, una de las cuestiones en las que había incidido la Deputación fue en las agresiones realizadas por menores que habían ingresado en la Upa contra funcionarios de la Cidade Infantil. Sobre esto, los trabajadores indicaron que "en momentos puntuales y de forma excepcional, en el centro han convivido por un corto período de tiempo jóvenes con problemas de conducta derivados de su propia historia de vida", pero "la Deputación no ha contribuido a solucionar los problemas surgidos en la medida en la que podía y no ha mostrado la sensibilidad necesaria para atajar la problemática", puesto que "ha dilatado en el tiempo la cobertura de bajas médicas, dejando el centro con el mínimo personal" y "no ha reforzado los mecanismos de comunicación con los Equipos Técnicos del Menor para acordar posibles alternativas a estos ingresos".

Afirman que la institución cuenta con otras instalaciones en las que la Unidad de Primera Acogida podría tener cabida

Asimismo, señalaron que "la Deputación cuenta con otras instalaciones" en las que la Upa "podría tener cabida".

Por todo ello, solicitaron a Eva Vilaverde que "se reúna de manera urgente con los profesionales del centro" y que "se retomen las negociaciones con la Xunta para un posible acuerdo que permita la continuidad de este recurso".