El Cuerpo Nacional de Policía, primero, y el Ministerio del Interior, después, ya confirmaron semanas atrás las tendencias avanzadas por este periódico en relación con la delincuencia en la pandemia. En el marco de un escenario de reducción a nivel global, dos ilícitos penales sirvieron de locomotora y sorprendieron a propios y extraños al crecer de forma exponencial desde marzo de 2020 y hasta el momento actual. El 10 de mayo de 2021 y ya con los datos en la mano, la Fiscalía Provincial de Pontevedra informa de que "si bien no hubo un incremento en la carga de trabajo durante la pandemia, sí hemos advertido el aumento de numerosos hechos ilícitos". Y entre ellos, estadística en mano, destacan dos: el tráfico de drogas de sustancias que causan un grave daño a la salud (así llama el Código Penal a la cocaína y a la heroína) y los delitos cometidos a través de Internet. Sobre los primeros, los casos son sobradamente conocidos, y van desde las dos planeadoras interceptadas en la ría de Arousa al comienzo de la pandemia, en pleno confinamiento duro, hasta las recientísimas operaciones relacionadas con la más dañina de las drogas, la heroína, en O Salnés, A Coruña y Ferrol. Sobre los segundos, los ejemplos son muchísimo más numerosos, destacando un incremento de un 400 por ciento en las estafas a través de Internet que se apreció tras analizar el último informe trimestral que publicó el Ministerio del Interior en relación con la ciudad de Pontevedra.
En el otro lado de la balanza, la Fiscalía de Pontevedra señala un bestial descenso de los delitos contra el patrimonio (sin tener en cuenta los producidos a través de Internet). Los robos con fuerza, robos en viviendas y hurtos se redujeron de forma drástica, por motivos obvios: las restricciones a la libre circulación y a la libertad de horarios de apertura, en el caso de los establecimientos comerciales, que imperaron hasta ayer mismo no solo en la provincia, sino en el resto de España.
Una modalidad delictiva que suponía una tremenda carga de trabajo para los representantes del Ministerio Público en Pontevedra (y es una característica que no se da en todas las provincias) eran los delitos contra la seguridad vial, conocidos como delitos de tráfico. Las alcoholemias cuyas tasas rebasan los 0.60 miligramos por litros de aire espirado, la conducción bajo los efectos de las drogas o temeraria o el ponerse al volante sin carné, conductas muy habituales en las Rías Baixas, apenas se manifestaron en los últimos 13 meses y medio, lo que supuso un respiro para los fiscales, que pudieron centrar su atención en otros hechos delictivos.
Las desobediencias ante las restricciones fueron poco relevantes en un nuevo escenario, en el que apareció la falsificación de mascarillas
VIOLENCIA MACHISTA. Los casos de violencia machista no crecieron durante la pandemia por motivos obvios (dificultades para denunciar). Sin embargo, los más recientes análisis de Guardia Civil y Policía Nacional hablaban de un ligero aumento en el marco de la desescalada. En este sentido, la Fiscalía es cauta y está preparada. Sospecha que denuncias por estos hechos "prosperarán poco a poco, con la reapertura".
En el marco de los largos meses en los que el coronavirus se convirtió en el centro del escenario surgieron delitos que no podrían darse en otra tesitura. Ejemplo de ello son las desobediencias (ante las indicaciones de los funcionarios policiales a la hora de cumplir las restricciones). El Ministerio Público pontevedrés explica que sí se dieron, pero en un volumen nada destacable. Y la mayor parte de ellas se resolvieron por la vía administrativa.
Otro delito que no se habría producido de no haber irrumpido la pandemia de la covid-19 y que se manifestó en la ciudad de Pontevedra es la falsificación de mascarillas, unos hechos que se investigan en estos momentos en la Fiscalía a la espera de obtener todos los datos necesarios para acusar a sus responsables.
Y OTRA VEZ, LAS DROGAS. A lo largo de estos meses, las Rías Baixas han recuperado el dudoso honor de encontrarse en el centro del tablero de los intentos de introducción de sustancias estupefacientes a gran escala en Europa, en el caso de la cocaína sudamericana, y como gran almacén de droga para el Noroeste Peninsular y el Norte de Portugal, si nos referimos a la heroína afgana que llega de manos de traficantes turcos.
Los ejemplos han sido muy numerosos y de distinto relieve, comenzando por los cerca de 4.000 kilos incautados en dos planeadoras en la ría de Arousa a finales de marzo de 2020, los más de 3.800 decomisados en el buque Karar a finales de abril (con la posterior desarticulación de la organización criminal presuntamente dirigida por Juan Carlos Santórum a cargo de la Comisaría General de Policía Judicial), las distintas operaciones a mediana escala que se desencadenaron en Pontevedra (destacando, por su magnitud, la de Os Ferrados) y las dos recientísimas actuaciones conjuntas de Policía Nacional y Guardia Civil contra el tráfico internacional de heroína, que, con redes de O Salnés y puntos de venta en A Coruña y Ferrol, fueron desmanteladas.
Todo ello obliga a los responsables políticos a pararse a pensar si es precisa una mayor dotación de medios, especialmente tecnológicos, y también de capacidad jurídica que ampare a quienes los utilicen, para poder mantener a raya tales fechorías.
El Ministerio Público pontevedrés consiguió que todas las comparecencias de máxima importancia se efectuasen por videoconferencia, y cada uno de los fiscales se presentaba en su puesto desde su oficina o desde su hogar, haciendo avanzar los procedimientos.
