El Ministerio de Transición Ecológica remitió este viernes a la Xunta el desbloqueo definitivo del emisario submarino de la Estación Depuradora de Aguas Residuais (EDAR) de Os Praceres, pieza clave para completar el plan de saneamiento integral en la ría pontevedresa. El permiso de ocupación de la franja pública marítimo terrestre, 1.530 metros cuadrados en total, está firmado por la directora general del ministerio, Ana María Oñoro Valenciano y llevaba bloqueado entre trámites de ida y vuelta desde el 30 de mayo de 2018, cuando fue formalmente solicitado por la Xunta ante el Servicio Provincial de Costas, donde se pidió la concesión para ocupar la costa.
La Consellería de Obras Públicas inició el mismo viernes los trámites para arrancar el esperado proyecto, adjudicado por 10 millones de euros a la constructora Copasa en julio de 2020. La intención es que la adjudicataria instale ya en abril el centro de trabajo en la zona, para comenzar las obras en mayo con los primeros movimientos de tierra. Está previsto que el nuevo emisario sea una realidad este mismo año.
Las obras coincidirán con la mejora de la EDAR que está ejecutando Acciona desde el pasado mes de julio y que deberían concluir este verano. En teoría, Acciona dispondrá después de otros doce meses para poner a prueba los tratamientos de las aguas residuales, que se deberían verter al mar cumpliendo todas las normativas ambientales europeas, algo que no sucede en la actualidad. Por este motivo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea abrió un expediente sancionador a España en marzo de 2016, tras una sentencia condenatoria por incumplir los requisitos de la Directiva 91/271/CEE en el sistema de saneamiento de la costa en Pontevedra, Marín y Poio.
Fue este apercibimiento de sanción el que forzó la elaboración de un plan de saneamiento integral, que pasaba por mejorar la actual depuradora, algo que culminará finalmente con su ampliación, a partir de 2023, y por construir este nuevo emisario submarino, más largo, mejor dotado técnicamente que el actual y que dará servicio a toda la ría.
Con las obras de mejora que se acometen ahora mismo en la estación de Os Praceres, los índices de contaminación de los vertidos deberían quedar debidamente saneados en el horizonte de 2022.
El desbloqueo del emisario completa el proyecto integral del saneamiento tras muchos meses de disputas. Y es que, aún siendo una obra imprescindible para evitar la sanción europea, Xunta y Ministerio de Transición Ecológica se enzarzaron en discusiones técnicas sobre los permisos de ocupación imprescindibles para ejecutar esta tubería submarina.
La construcción del emisario coincidirá con el final de la mejora en la EDAR que ejecuta Acciona desde julio de 2020
Primero, en septiembre de 2019, la Subdirección General de Dominio Público Marítimo-Terrestre exigió un plan de ejecución detallado de las obras previstas relativas al dragado a efectuar.
En noviembre de ese año Augas de Galicia comunicó que solo el contratista adjudicatario de la obra sería capaz de dar respuesta a tal grado de concreción requerido. Ya en marzo de 2020 se remitió a Madrid el proyecto de licitación de emisario, con el que se pretendía satisfacer las dudas sobre el citado plan de dragado aportado por el adjudicatario de la obra. Sin embargo, otra Orden Ministerial de 2 de abril de 2020 dejó nuevamente en suspenso el informe final hasta que se aportara "documentación técnica necesaria para poder emitir informe complementario al informe de compatibilidad con la estrategia marina de la Demarcación Noratlántica".
La relación epistolar y de trasiego de documentación continuó entonces con nuevos escritos con los que el Ejecutivo gallego trató de solventar todas las dificultades y acelerar el procedimiento de la concesión. El 12 de enero de 2021, Augas de Galicia remitió el nuevo proyecto constructivo del futuro emisario al ministerio.
Finalmente, la Subdirección General para la Protección del Mar de la Dirección General de Costas emitió otro nuevo informe de compatibilidad con la estrategia marina de la demarcación Noratlántica que fue el que hizo posible otorgar la concesión.
Inicialmente, tal y como consta en la documentación remitida, la Xunta podrá ocupar esta franja costera por 15 años, prorrogables por otros quince, sin necesidad de abonar un canon por el disfrute del suelo.
1ª. Se otorga por un plazo de quince (15) años, prorrogables hasta un máximo de treinta años, si persisten las condiciones de interés público que motivaron el otorgamiento.
2ª. El concesionario está exento de canon, siempre y cuando la gestión de las instalaciones se realice directamente por Augas de Galicia y no suponga una explotación lucrativa.
3ª. El concesionario dará comienzo a las obras dentro del plazo máximo de seis meses, debiendo quedar totalmente terminadas en el plazo de seis meses.
4ª. El concesionario está obligado a constituir la fianza definitiva del 5% del presupuesto de las obras, a la que se refiere el artículo 88.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
La ampliación de la depuradora obligaría a ocupar terrenos protegidos por Costas. La intención inicial de la Xunta era aumentar la instalación hidráulica hacia el viejo campo de fútbol de Os Praceres, pero el rechazo vecinal y del Concello llevó al Gobierno gallego a plantear que la depuradora pueda crecer hacia los terrenos en los que se ubica el complejo industrial de Ence.
