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Transportistas y empresarios claman contra la "subida indignante" de los peajes

Cabinas de peaje de la AP-9, a su paso por Pontevedra. JAVIER CERVERA
Cabinas de peaje de la AP-9, a su paso por Pontevedra. JAVIER CERVERA

Asetranspo cifra en 5.000 euros mensuales el gasto en la AP-9 de una empresa media ▶ La CEP alerta de la pérdida de competitividad

El anuncio de Audasa de incrementar los peajes de la AP-9 por encima de lo anunciado ha sido la gota que ha hecho colmar la paciencia de los usuarios, especialmente empresarios y profesionales del transporte, que ven en este gravamen un evidente perjuicio económico.
Teniendo en cuenta que Pontevedra es la provincia peninsular con el diésel más caro de España y la segunda con la gasolina más costosa, los transportistas no ocultan su "sorpresa e indignación" por seguir manteniendo «"la autopista más cara por kilómetro. En vez de acordar la reducción de los costes, aún los suben más. Cualquiera de estos negociadores del Gobierno suspendería en una facultad de Economía", se lamenta Ramón Alonso Fernández, presidente de Asetranspo, la patronal del transporte de mercancías en la provincia. 
La concesionaria de la AP-9 ha confirmado una subida del 1,91% derivada del IPC, 0,7 puntos por encima de las previsiones iniciales. A este repunte hay que sumar otro 1% por el coste de la ampliación de Rande y en Santiago y otro 0,9% para compensar la bonificación del telepeaje de ida y vuelta en el mismo día, aplicada desde el año 2013.

Alonso Fernández considera que estos incrementos son claramente perjudiciales para el sector y recuerda que un trayecto de ida y vuelta entre Tui y Ferrol (408 kilómetros) le cuesta al transportista unos 180 euros en combustible y 90 euros en peajes, "una barbaridad". En este sentido, detalla que el gasto mensual en peajes de una empresa media, formada por 10 camiones y 10  furgonetas, supera los 5.000 euros.

Ramón Alonso, presidente de Asetranspo: La autopista está más que amortizada. En vez de negociar una reducción de las tasas, deciden subirlas aún más



SOLUCIÓN. "La autopista está más que amortizada y en vez de negociar la reducción de las tasas, el Gobierno aún le amplía la concesión otros 20 años más. Inaudito", lamenta. Desde su punto de vista, urge poner en marcha cuanto antes la A-57, la anunciada autovía libre de peaje entre Vigo y Pontevedra, "para evitar el atraco de la autopista". Además, plantea que el vial sea transferido a la Xunta, "porque se podrían acordar descuentos como los que ya se aplican en otras comunidades, que en algunos tramos llegan hasta el 75% para los profesionales".

Una solución que no solo comparte Jorge Cebreiros, presidente de la Confederación de Empresarios de la Provincia, sino que la considera imprescindible. "Debemos dejar las batallas políticas a un lado y juntarnos todos para encontrar una salida satisfactoria, porque están en riesgo los niveles de competitividad", asegura.

Jorge Cebreiros, presidente de la CEP: Las bonificaciones de los peajes no solo deberían aplicarse a los transportistas, sino a todos los profesionales



Su propuesta no se limita a bonificar los peajes para los transportistas, sino para los usuarios que utilizan la autopista con regularidad por necesidades laborales. "Por desgracia, no tenemos otra alternativa para el transporte, porque el ferrocarril no es competitivo", subraya.
 

Lores exige que se corrija "este agravio comparativo"
El alcalde capitalino se sumó ayer al clamor general contra la subida de los peajes, que calificó de "agravio comparativo hacia os galegos", por cuanto en otras comunidades, como Extremadura, Castilla-La Mancha o Asturias, "non pagan absolutamente ningún peaxe porque teñen autovías gratuítas".

Además de exigir que se corrija esa situación, Fernández Lores recordó que el BNG viene reclamando "dende hai tempo" el traspaso de la AP-9 a la Xunta "porque se xestionaría doutra maneira e poderiamos facer actuacións que beneficiaran a todos os galegos".

Además, el regidor recordó que Pontevedra fue "un dos primeiros concellos" que demandó por la vía judicial a Audasa el pago del Ibi. "Cando gañamos a sentenza o Estado decidíu unilateralmente rebaixarlle o pago nun 95%, mentres que os concellos que estamos soportando infraestruturas ou empresas contaminantes non temos nin sequera un mínimo de resarcimento".

En este sentido, Fernández Lores subrayó que "cando se goberna desde a lonxanía (en referencia a la Administración central) con criterios totalmente diferentes afecta directamente aos intereses dos galegos".

Transportistas y empresarios claman contra la "subida indignante"...
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