Administración, colegio y empresa están de acuerdo en el fondo, pero discrepan de las formas. Nadie cuestiona que el transformador situado junto al colegio de Barcelos necesita ser reubicado cuanto antes, especialmente tras el incendio registrado el pasado martes, que obligó al desalojo de profesores y alumnos. Sin embargo, Unión Fenosa Distribución (UFD) condiciona ese traslado a que el Concello ofrezca terrenos alternativos y que asuma el coste de la operación, requisitos que no acaban de convencer al Gobierno local y que enfadan sobremanera a los padres de los escolares.
Los responsables de la empresa dejan claro que «hay voluntad de todas las partes de llevar a cabo el traslado». Sin embargo, la parte más áspera es el pago de los trabajos. Francisco Javier Ramos, delegado de UFD en Pontevedra, explica, a través de una portavoz, que esa parte es competencia íntegra del Concello «porque nuestra instalación es segura, legal y está autorizada; por tanto, el que solicita el traslado es el que debe asumir el retranqueo. Y el Concello sabe que eso es así».
El trámite pasa, primero, porque el Gobierno local solicite formalmente la mudanza (trámite que se produjo ayer, según anunció la concelleira de Educación, Carmen Fouces). Después se tienen que poner sobre la mesa posibles ubicaciones para que los técnicos evalúen su viabilidad, tanto operativa como de seguridad y económica. «Tenemos que ir de la mano de los técnicos del Concello en todo momento».
Una vez decidida la ubicación, se realizará un proyecto adaptado a esa actuación (si va subterráneo, en superficie, elevado, etc.) y, si se cierra un acuerdo con el Concello en cuanto a la financiación, se tiene que remitir a la Consellería de Industria para que le dé el visto bueno definitivo.
CELERIDAD. Para evitar que el debate acabe convirtiéndose en un nudo gordiano, Miguel Anxo Fernández Lores apela al diálogo e implica a otras administraciones, como la Consellería de Educación e incluso la de Industria, «porque o subministro eléctrico non é unha competencia do Concello».
En cualquier caso, el alcalde refrendó ante los padres de los alumnos y la dirección del colegio que «imos esixir a Fenosa que se resolva o problema canto antes para que non haxa perigosidade para ninguén, e para iso ofrecemos a nosa máxima colaboración para que ese proxecto de traslado se leve adiante».
La concelleira de Educación adelantó que entre las posibles soluciones podrían estar «asinar un convenio, reforzar outros transformadores próximos... Hai múltiples opcións a barallar e iso xa é unha cuestión puramente técnica». Entre ellas citó la reforma integral que se va a ejecutar en la Rúa do Rouco, levantando todo el firme, lo que se podría aprovechar para soterrar el transformador.
HABLAN LOS PADRES. Las explicaciones ofrecidas el martes a pie de obra por el delegado de Fenosa fueron suficientes para que los padres encerrados en el colegio abandonasen su medida de protesta, «pero nos gustaría tener un compromiso escrito», apunta Sonia Canay, presidenta del ANPA.
Sin embargo, esa comprensión se torna en enfado al hablar de la exigencia de la empresa de que el coste del traslado sea por cuenta de las arcas municipales. «Que todo vaya a caer sobre los ciudadanos de Pontevedra nos parece una barbaridad y una injusticia, porque hablamos de una empresa privada que se está lucrando con esa instalación. Me parece de broma que se privaticen los beneficios y que se socialicen los gastos», indicó la portavoz.
Por su parte, el jefe territorial de Educación cursó ayer una visita al CEIP Barcelos para felicitar personalmente a sus responsables por la diligencia mostrada en la evacuación de los alumnos y para anunciar el envío de tres escritos a Concello, Fenosa y Consellería de Industria para solicitar el traslado del transformador. «Hai 45 anos, cando se instalou, tería a súa xustificación. Hoxe non pode seguir dentro dun centro educativo».
Finalmente, la concelleira del PP María José Rodríguez Teso recordó que en el Pleno de julio de 2016 ya había solicitado la reubicación del transformador, haciéndose eco del sentir de la comunidad educativa, «pero el BNG de Lores no hizo nada por dar solución a un problema que llevan sufriendo más de 30 años alumnos y profesores».
