El Supremo no ha sido, en esta ocasión, la tabla de salvación de un gran narcotraficante gallego. Al contrario. El Alto Tribunal ha estimado el recurso presentado por el fiscal Antidroga de Pontevedra, Pablo Varela, que solicitaba una condena por tráfico de drogas cometido en el seno de un grupo criminal para Rafael Bugallo Piñeiro, O Mulo. Así lo entendió el TS, que, sumando la condena de un año y medio por tenencia ilícita de armas, fija la pena del capo cambadés en 14 años de prisión, una de las más importantes impuestas en el mundo del narcotráfico gallego en los últimos años.
La esencia del recurso presentado por el Ministerio Público tiene que ver con que los investigados Rafael Bugallo, O Mulo, Jaime Iván Bolados (su brazo derecho en España), José Benito Vieites, Pedro Miguel Brea Gago y Juan Carlos Nogueira conformaban un grupo criminal en el momento de ser detenidos, con el objetivo de introducir en Europa el citado alijo que fue decomisado en altamar cuando aún estaba a bordo de la embarcación Coral I. El Supremo, que coincidió plenamente con los argumentos de la acusación, impone una segunda pena de un año y tres meses para cada uno de ellos, que se añade a las ya fijadas inicialmente por la Audiencia Provincial de Pontevedra.
En cuanto al recurso presentado por O Mulo, al que se adhirieron muchos de sus socios, pretendía conectar las pruebas obtenidas a través de la sonorización de uno de sus vehículos con el resto de indicios que llevaron a determinar su participación en el delito. El Supremo, sin embargo, mantiene que la unidad Greco Galicia, responsable de la investigación, obtuvo datos más que suficientes para incriminarles sin tener que echar mano del micrófono instalado en el automóvil. Hay que recordar que el Tribunal Constitucional puso en tela de juicio la legalidad de una sonorización como la que se practicó en este caso.
Bugallo también insistió en que la lancha que se incautó la Policía en una nave de A Costa da Morte no estaba preparada para salir a navegar, algo que, según concretaron los peritos, no era así, sino que, además de estar disfrazada de barco pesquero, con aparejos ficticios fabricados en cartón piedra, tenía los depósitos llenos y estaba presta para salir en busca de la cocaína.
Sí admitió el Alto Tribunal el recurso de Juan R. A., de quien se dice que solo hizo de chófer de Over Alberto Vence y que podría no saber nada acerca de sus intenciones, por lo que quedó absuelto.
También atendió el Supremo el recurso de José Benito Vieites, cuyo letrado pedía una condena por conspiración y no por delito contra la salud pública, fijando su pena por ese hecho en tres años de cárcel.
Por último, el TS atendió la petición de Juan Carlos Nogueira en relación al decomiso de su vehículo, que queda anulado tras el nuevo dictamen.
O Mulo había cerrado un pacto con sus socios colombianos, miembros del clan de Los Urabeños (ahora conocidos como clan del Golfo, el más poderoso que opera en Bogotá en la actualidad) para efectuar el último tramo del viaje de la droga hasta su entrada en Europa.
Para ello, los colombianos habían instalado una oficina permanente en el municipio de Vilagarcía de Arousa, mientras que O Mulo, con el apoyo de varios hombres de confianza, había construido una embarcación rápida de gran potencia y la había pertrechado con todo lo necesario para salir a altamar en busca de la droga. Esta lancha, con su combustible ya preparado, fue vigilada en todo momento por los agentes del Greco Galicia, pues conocían el lugar exacto en el que se estaba construyendo, en una nave situada en A Costa da Morte y que disponía de una salida directa al mar.
En aquel momento, O Mulo se ocultó en un zulo habilitado en su propia vivienda de Cambados cuando fue detenido por las fuerzas de seguridad y posteriormente puesto a disposición judicial.
