El Tribunal Supremo ya está en disposición de empezar a analizar si la batalla judicial de Ence tiene recorrido o si, por el contrario, se validan las tres sentencias de la Audiencia Nacional que han declarado nula la prórroga de la concesión de la empresa.
Según fuentes consultadas, el órgano judicial ya ha recibido los primeros "escritos de preparación de los recursos de casación" que anunciaron tanto la empresa como los trabajadores, las auxiliares y el sector forestal para intentar lograr la continuidad de la pastera en Lourizán. Dichos documentos se presentan en primera instancia en la Audiencia Nacional, que es la que luego los remite al Supremo, aunque por lo de pronto no han llegado todos los que estaban previstos.
Contra la sentencia que da la razón a Greenpeace "hay presentados ocho escritos de preparación de recurso", correspondientes a Ence, la Autoridad Portuaria de Marín, el comité de oficinas de la compañía, el comité de fábrica, la Asociación de la Primera Transformación de la Madera de la provincia de Lugo y las empresas Galigrain, Ceferino Nogueira y Montajes Rías Bajas (que actúan en nombre de otras auxiliares). Sin embargo, contra la sentencia que dio la razón la Concello de Pontevedra el tribunal tan solo ha recibido documentación de tres recursos de casación promovidos por Ence y las empresas Galigrain y Ceferino Nogueira.
Además, faltarían por recibir todavía los recursos que todos estos agentes se comprometieron a presentar contra la tercera sentencia, más reciente y que acepta la nulidad de la prórroga solicitada por la Asociación Pola Defensa Da Ría (APDR).
Siguiendo "la regulación legal de estos recursos", la Sección de Admisión de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo deberá decidir si admite a o no a trámite los recursos, "estudiando entre otras cosas si tienen interés casacional". Para ello no hay un plazo máximo ni mínimo, si bien la compañía confía en que se pueda conocer algo al respecto en verano de 2022. En el supuesto de que el Tribunal Supremo admita a trámite los recursos, se concederá un plazo de 30 días a los recurrentes para que presenten lo que se denomina el escrito de interposición del recurso, y a continuación otros 30 días a las partes recurridas (Ayuntamiento de Pontevedra, Greenpeace y APDR) para que contesten a los recursos. Posteriormente, el Tribunal dictaría sentencia.
Los promotores de los recursos defienden que existen razones de interés general para mantener la fábrica en su actual ubicación, debido a su impacto en la economía y el empleo de la comarca y Galicia. Además, continúan defendiendo que la prórroga otorgada por el Gobierno de Mariano Rajoy hasta 2073 es legal. Sin embargo, los detractores defienden lo contrario y consideran que existen pocas posibilidades de que los recursos sean admitidos por la contundencia de las sentencias y porque, por norma general, el Supremo sólo acepta posicionarse en este tipo de casos cuando debe unificar doctrina.
