A finales del extraño 2020, el CEO de Ence intuía que llegaría a la junta general de accionistas de 2021 con el complejo fabril pontevedrés tensionado por la decisión pendiente en la Audiencia Nacional sobre la validez de su prórroga de 60 años en Lourizán. Quizás, con la incertidumbre de la tramitación de una Ley de Cambio Climático que podría llegar a amenazar la continuidad de la pastera en la ría pontevedresa. Pero nunca con el estado de crispación en la ciudad, en Galicia y en el Gobierno central con el que mañana comparecerá ante sus socios.
Frente al beneficio de 9 millones alcanzado en 2019, Ignacio de Colmenares dará cuenta de los 26 millones de pérdidas acumulados en el pasado ejercicio. Son producto de la histórica bajada en el precio de la celulosa y solo fueron mitigados por los 15 millones de beneficio en el último trimestre, consecuencia de las plusvalías que generó la venta de su planta termosolar de Puertollano.
En teoría, el consejero delegado debería relatar las inversiones previstas en Navia, adonde se han desviado parte de las que incluía el plan estratégico de Pontevedra, ahora barado a la espera de certidumbre sobre el futuro de la fábrica. Estaba previsto gastarse cerca de 300 millones hasta el año 2023 en Lourizán.
Pero esta vez sus palabras, diga lo que diga, serán seguidas con lupa desde Galicia y probablemente interpretadas de mil formas distintas. Todo se complicó el pasado 26 de febrero, cuando el presidente de Ence revolucionó Pontevedra con una contundente declaración ante su plantilla. Ignacio de Colmenares afirmó que si la Ley de Cambio Climático tumbaba su actual prórroga de 60 años en Lourizán, la empresa no podría seguir invirtiendo y, antes de deteriorar su industria y entrar en situación de riesgo, lo prudente sería cerrar y marcharse. Hacerlo, significaría irse de Galicia porque, según sus palabras, no hay un solo espacio en la comunidad autónoma capaz de acoger una fábrica similar a la actual. Desde entonces, Colmenares ha sido denunciado por la APDR y por el teniente de alcalde del PSOE en los juzgados de A Parda, fue calificado por el BNG como un «delincuente medioambiental» y ambos partidos lo acaban de declarar esta misma semana persona "non grata" en Pontevedra. Van ya tres iniciativas parlamentarias en el Hórreo sobre el incierto futuro de la pastera, de la que dependen directa e indirectamente 5.000 empleos en Galicia.
Mientras, sus trabajadores asaltaron literalmente la alcaldía y asediaron al equipo de gobierno, después de cortar con fuego la autovía de Pontevedra a Marín y de protagonizar una sonora pitada en Madrid ante el Ministerio de Transición Ecológica. Y en paralalo fracasaron todas las iniciativas para corregir la ley climática y el Gobierno se ha encargado de aclarar que no tolerará a Ence en la ría mas allá de 2033. Será así ocurra lo que ocurra con los recursos presentados contra la famosa prórroga aprobada por el Ejecutivo de Rajoy en tiempo de descuento.
En medio de esta compleja escena, cuando la temperatura del caso Ence llegaba a su punto de ebullición, la ministra Teresa Ribera ofreció una mesa de diálogo con la empresa, forzada por la protesta de los trabajadores. En torno a ella pretende sentar al Concello, la Xunta y la plantilla para una negociación que, a día de hoy, ni ha sido convocada ni se convocará hasta que la Ley de Cambio Climático esté "asegurada".
El Gobierno sólo quiere hablar de qué hará Ence cuando se vaya de Pontevedra, como muy tarde en 2033. Y esgrime la posibilidad de ayudarle para un traslado dentro de Galicia con fondos europeos e incluso permitirle cerrar su ciclo productivo con una papelera.
Así las cosas, el turno de réplica es ahora para Ignacio de Colmenares. Mañana se dirigirá a sus accionistas para dar su versión y su visión de futuro. Todas las miradas estarán puestas en sus mensajes. La plantilla ya ha convocado un paro a la misma hora de la junta general. Pontevedra y Galicia aguardan expectantes.
