Un monitor deportivo y una farmacéutica son condenados por la venta ilegal de anabolizantes

El Juzgado de Instrucción 2 de Pontevedra acogió este viernes la firma de los acuerdos, por la vía de la conformidad, que sirvieron para ratificar las condenas que afectan a seis personas (la mayoría vecinas de la ciudad del Lérez y de sus alrededores) que se vieron involucrados en una laboriosa investigación de la Guardia Civil y la Fiscalía Antidroga encaminada a erradicar la presencia de sustancias prohibidas en los gimnasios capitalinos.

La sentencia condena, en primer lugar, a Ana María Rodríguez, titular de una farmacia de Poio, que, "aprovechándose de tal condición estuvo dispensando, sin justificación terapéutica alguna, diversas sustancias y productos farmacéuticos cuyos componentes se encontraban incluidos en la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. Gran parte de esas sustancias fueron suministradas al también imputado Héctor Redondo, a pesar de que la imputada era plenamente consciente de que esta persona practicaba actividad deportiva en un gimnasio". Winstrol, DecaDurabolin, Testex Prolong, Promobolan Depot y Proviron son los nombres de los productos suministrados por Rodríguez a Redondo, todos ellos anabolizantes o derivados de la testosterona. El propio Redondo, uruguayo afincado en Pontevedra que trabaja en un gimnasio de Santa Clara, estuvo "ofreciendo, suministrando y facilitando diversas sustancias" de las anteriormente citadas, según relata el dictamen.

"Los destinatarios de las sustancias que el imputado ofrecía eran siempre personas que practicaban el deporte como actividad lúdica, teniendo como única finalidad aumentar sus capacidades físicas y poniendo en peligro la salud de los consumidores".

El fiscal Antidroga, que relata en su escrito hasta 18 clientes durante el período investigado, explica que en el momento de la detención fueron incautados diversos de los citados productos en poder de Redondo.

El tercer condenado es Jaime Gil, un vecino de Narón con antecedentes penales que, según el Ministerio Público, estuvo ofreciendo y suministrando sustancias "actuando como intermediario en alguna de las ventas que realizaba Héctor, al recibir sustancias ilícitas de éste y remitírselas a los consumidores finales, percibiendo como contraprestación un porcentaje del precio final de la venta».

El culturista pontevedrés Julio Pampín también aceptó la condena, que incluye cinco meses de cárcel, tras ser identificado en conversaciones como "facilitador" al aconsejar a personas sobre el uso de anabolizantes, que fueron hallados en su casa y que, según señaló, eran para su propio consumo.

Damián Sueiro, de Poio, resultó condenado por "suministrar y facilitar" sustancias a personas que practicaban deporte.

Por último, el madrileño Rafael Caracuel vendió productos de uso veterinario (es gerente de una hípica) al citado Héctor, que los suministraba a humanos, con el riesgo que ello entraña.

Las penas de cárcel no superan el año en ningún caso, si bien los procesados quedarán inhabilitados para actividades deportivas profesionales durante meses.

En el culturismo no existen controles antidopaje, pero ojalá los hubiera. Estoy a favor de que los haya»