El serial Ence continúa sumando voces para alimentar el debate sobre el futuro de la pastera, si bien las posiciones están bien definidas: por un lado, la de quienes defienden la permanencia de los puestos de trabajo y por otro, la de quienes promueven el cierre de la fábrica en aras de la recuperación medioambiental de la ría de Pontevedra.
El Pleno municipal de este domingo promete convertirse en un apasionado monográfico sobre Ence, en el que el Gobierno local sacará adelante su propuesta de declarar persona non grata al CEO de la compañía, Ignacio de Colmenares, mientras que la oposición presentará mociones para evitar que la futura ley de cambio climático suponga una debacle económica para la ciudad y todo su entorno.
A este respecto, el responsable local del PP, Rafael Domínguez, explica que la postura de su partido "es la única posible: defender los puestos de trabajo". Asegura que hay un riesgo "real e inminente de que un total de 5.000 familias (entre puestos directos e indirectos) se puedan ir a la calle. Y son personas que están pagando una hipoteca, que tienen sus gastos diarios... y, de repente, su proyecto de vida se puede truncar por una decisión política".
Rafael Domínguez concluye que "la única posición que puede tener la gente sensata es la defensa de los puestos de trabajo".
Además, el popular alerta de que nos encontramos en un escenario económico "extremadamente delicado", debido a la crisis galopante que está provocando la pandemia, "de la que nadie es ajeno, y vamos a tardar bastante en salir de ella".
En este contexto laboral, advierte de que "va a ser muy difícil que empleados de mediana edad, con unos sueldos dignos como los que tiene Ence, encuentren un puesto de trabajo similar. Y en Pontevedra imposible, porque en los últimos años no se ha hecho nada por fomentar el empleo, se han cerrado empresas pero no se ha trabajado ni promovido que pudiera llegar ninguna nueva. Por tanto, no hay un plan B para esas 5.000 familias que se pueden quedar sin trabajo".
El presidente local del partido considera que "es una cuestión de responsabilidad política defender los puestos de trabajo de la gente" y pronostica que, ante un supuesto desmantelamiento del complejo industrial de Lourizán, la economía local también se va a resentir, "porque toda esa masa salarial que ahora mismo consume en Pontevedra y su entorno, que gasta su dinero en la ciudad, se perderá".
Para Domínguez "sería un error pensar que el cierre de Ence solo afectaría a los accionistas y a los 5.000 trabajadores, porque el impacto de su marcha salpicaría a todo el comercio pontevedrés y sería tremendo. Unos estudios hablan del 8% y otros del 20%; yo no sé el porcentaje exacto, pero sí tengo claro que será brutal a todos los niveles: la hostelería, el comercio, el Puerto, el transporte, el sector forestal...".
En cuanto a la mesa de trabajo que la ministra para la Transición Ecológica se comprometió a convocar cuanto antes tras una reunión con los dos comités de empresa de Ence (fábrica y oficinas), Rafa Domínguez lo ve con buenos ojos, "porque todo lo que sea hablar, me parece bien".
No obstante, matiza que si la reunión pretende convertirse en una cortina de humo "para perder el tiempo, no se debe consentir". Recuerda que "siempre que alguien me ofrece diálogo, sea del signo político que sea, siempre lo acepto. Pero eso no puede ni debe hacernos olvidar del problema principal: que la nueva ley, impulsada por el PSOE y votada a favor por el BNG, va a provocar que miles de familias de nuestro entorno se puedan quedar en la calle. Y eso es un drama social".
El cierre de Ence no solo afectaría a 5.000 familias sino también al comercio, la hostelería, la logística, el Puerto...
BEATRIZ PINO. También se ha posicionado sobre el futuro de Ence la responsable de Ciudadanos en Galicia, Beatriz Pino, para criticar la nueva ley que se gesta desde Madrid. "Pondrá en riesgo a una gran parte de la industria gallega si no se tiene en cuenta nuestra enmienda para que se elimine la inseguridad jurídica que crea el artículo 18.4".
Agrega que, de prosPerar el actual texto, "están en juego casi 40.000 puestos de trabajo y unos 10.000 millones de euros".
Lo dijo en el transcurso de una entrevista concedida a la Cadena Ser, en la que aprovechó para lanzar una crítica a la Xunta de Galicia: "En todo caso, ni para una ni para otra iniciativa ha habido la colaboración necesaria por parte del gobierno de Núñez Feijóo".
