Un vigilante de seguridad del Hospital de Montecelo sufrió el pasado viernes una agresión por parte de uno de los ingresados en el centro, según denunció este jueves la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera.
El sindicato pide más protección jurídica "ante las ya habituales agresiones que los vigilantes sufren en el desempeño de sus funciones".
La presunta víctima relata en su denuncia que fue requerido por personal sanitario para desalojar a la nieta de un paciente de un box, a lo que ella se habría negado en un primer momento. El vigilante explica que después de lograr que la mujer saliese del lugar apareció un individuo, al parecer su padre, que le habría golpeado en varias ocasiones con la ayuda de la mujer.
En ese momento llegaron agentes de la Policía Nacional que habían sido advertidos del altercado y que se encontraron con la pelea entre el padre y el vigilante y este último sangrando por la nariz. La situación se resolvió con la llegada de los agentes y el agredido fue trasladado al hospital QuirónSalud Domínguez, donde le diagnosticaron varias contusiones. Una mujer, testigo de los hechos, fue la que alertó a las autoridades.
En cuanto a la declaración de la mujer en torno a la cual se produjeron los incidentes, es opuesta a la del vigilante. Ella asegura que el empleado de seguridad la empujó y la tiró al suelo para desalojarla (él señala que fue ella la que se echó al suelo).
En Uso recuerdan que la Ley de Seguridad Privada de 1992 eliminó la condición de agentes de la autoridad de los vigilantes, lo que hace que los agentes "no estén amparados jurídicamente en el ejercicio de su profesión":
Desde Uso entienden que gran parte de las lesiones "podrían reducirse considerablemente con la implantación de equipos de protección individual adecuadas a la prestación del servicio encomendado, así como una valoración preventiva de los riesgos reales inherentes a cada puesto de trabajo".
La agrupación sindical intensificará acciones en Galicia para reivindicar los derechos de los vigilantes, solicitando reuniones con los responsables de los servicios más conflictivios y organizando actos reivindicativos.
La Policía Nacional recabó todos los testimonios posibles y puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía.
