Los datos estadísticos muestran que más del 50% de los empleados públicos en España, algo más de un millón de funcionarios, cumplirán la edad de jubilación desde ahora hasta el 2030, lo que da una media de más de 120.000 jubilaciones cada año; y no resulta ajena a esta realidad la provincia de Pontevedra, donde, según el último dato del Registro Central de Personal (RCP) que elabora el Ministerio de Hacienda y Función Pública, hay contabilizados 48.103 trabajadores públicos.
Los gobiernos central y autonómico están dando algunos pasos para cubrir las vacantes que se han ido produciendo ya. De hecho, en base a lo aprobado en los PGE de 2022, la tasa de reposición de efectivos de la Administración estatal creció el año pasado por encima de las bajas producidas en todos los sectores por primera vez en 15 años. Para este ejercicio se prevé que dicha tasa sea del 120% en los sectores prioritarios, del 110% en los demás y, en el caso de las Fuerzas y Cuerpos del Estado y Policías Autonómicas y Locales, será del 125%, según lo anunciado por el Ministerio.
48.103 empleados públicos
En la provincia de Pontevedra la cifra de empleados públicos ya aumentó en los últimos tiempos. De acuerdo con los datos más recientes del RCP de Función Pública, la Xunta cuenta con 28.718 trabajadores en este territorio (3.102 más que en enero de 2019), el Estado con 9.308 (que son 136 más), la universidad con 1.839 (133 más) y la Administración local con 8.238 (siendo esta la única que rebajó la cifra en dicho período, concretamente, restó 89 personas).
Aún así, las fuerzas sindicales señalan que en ciertos ámbitos la cobertura de plazas sigue siendo muy baja. Así lo explica Ramón Vidal Trillo, secretario intercomarcal de UGT, quien señala que "en servizos sociais, por exemplo, hai un enorme déficit de persoal porque as administracións non cubren as vacantes e cargan todo o traballo sobre a xente que hai, o que provoca unha atención forzada que acaba xerando máis baixas de traballadores que tampouco se cubren, o que empeora aínda máis a situación".
Mayores
El promedio de edad entre el funcionariado sigue siendo alto. Un estudio de Adams Formación a partir de datos del INE refleja que la edad media de incorporación a la Administración General del Estado es de 35 años, mientras en el sector privado es de 26.
De acuerdo con la misma fuente, en la Administración central, más del 40% de sus efectivos ya ha alcanzado o superado los 50 años y la plantilla de la Seguridad Social es la más envejecida, ya que el 76% de sus empleados cumple esa circunstancia. En cuanto a las comunidades autónomas, el 29% de sus trabajadores se habrán jubilado en 10 años y en los concellos y otros entes locales, el 26%.
Por decirlo de otro modo, solo el 7,5% de los empleados públicos son menores de 30 años y únicamente el 0,2% tiene menos de 20 y la mayoría son temporales.
