Los peores presagios se han cumplido para Rafael Louzán y Luisa Piñeiro, dos altos cargos del pasado y el presente del PP, que tras pasar por el banquillo por una polémica subvención para el campo de fútbol de Moraña, acaban de ser condenados a dos años de prisión y ocho años de inhabilitación. ¿Los delitos? Prevaricación y fraude.
Cierto es que la batalla judicial aún no ha terminado y queda por delante un rosario de recursos y apelaciones que los afectados ya han anunciado y que podrían darle la vuelta a la tortilla. Pero la primera derrota es la que más impacta y, de momento, ya se ha cobrado su primera víctima: la exalcaldesa de Moraña y actual delegada de la Xunta en Pontevedra, que anunció su dimisión este viernes, a las pocas horas de conocerse el fallo judicial.
Las próximas semanas serán determinantes para dilucidar la continuidad o el cese de Rafael Louzán en su cargo, pues el expresidente de la Deputación y antiguo responsable del PP en la provincia -partido del que se desvinculó en 2016- todavía es el máximo mandatario de la Federación Galega de Fútbol.
La sentencia, dada a conocer el viernes por el TSXG, llega dos meses y medio después del mediático juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra. Junto a ambos mandatarios, se sentaron también el responsable de la empresa Eiriña, Enrique Alonso Pais; su mano derecha, Jaime Alvariñas; el entonces director de infraestructuras de la Deputación, Manuel González Juanatey; el administrador de la empresa Canalizaciones y Construcciones Salnés SL, D.G.F.; el administrador de Construcciones Enrique Casas, M.R.O; y, un arquitecto, D.A.L.O. Todos han sido igualmente condenados.
La resolución del Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra condena a Louzán por conceder, en su etapa de presidente de la Deputación, una subvención de 86.311 euros para realizar unas obras en el campo de fútbol de Moraña "que ya estaban, en su mayor parte, ejecutadas con anterioridad":
El dirigente, que fue considerado culpable de un delito de prevaricación en concurso con otro de fraude, también ha sido inhabilitado para empleo o cargo público durante ocho años.
Asimismo, la magistrada condena a otros dos años de cárcel y a ocho de inhabilitación para empleo o cargo público, como cooperadores necesarios del delito de prevaricación y autores de un delito de fraude, a Luisa Piñeiro, y al entonces director de Infraestructuras de la institución provincial, Manuel González.
A la misma pena de prisión -dos años- fue sentenciado el administrador y un empleado público de la empresa Eiriña, adjudicataria del proyecto, así como el arquitecto que lo firmó, quien también ha sido inhabilitado para obtener subvenciones y ayudas públicas durante cuatro años.
La magistrada, además, dictamina un año de prisión y dos de inhabilitación para obtener ayudas públicas a cada uno de los dueños de Canalizaciones y Construcciones Salnés SL y Construcciones Enrique Casas, las dos firmas que accedieron a participar en el procedimiento negociado sin publicidad, sabiendo que se trataba de "un mero trámite" para adjudicar la obra a una determinada empresa (Eiriña).
HIERBA ARTIFICIAL. La jueza considera probado que la constructora, a la que la Deputación había adjudicado en 2011 la instalación de hierba artificial en el campo de fútbol de Moraña y otras obras en edificaciones anexas, aumentó su coste en 86.816 debido a una certificación.
Al tratarse de una obra ejecutada con subvención, la legislación impedía exceder el importe subvencionado por lo que, según la sentencia, "se ideó un sistema artificioso, en fraude de ley, tendiente a abonar a la empresa el importe que reclamaba":
La magistrada destaca que, para hacer frente a ese pago, en 2013, con el acuerdo del presidente de la Diputación, el director de Infraestructuras, el administrador de la empresa, la alcaldesa de Moraña y un arquitecto, se adjudicó de forma irregular otra obra a la misma constructora por ese importe, concretamente, las mejoras en el vestuario y las gradas del campo, pese a que parte de ellas ya habían sido realizadas.
Así, una vez denegada la posibilidad de aumentar el coste de las obras iniciales, la jueza señala que "se buscaron alternativas para pagar esa certificación creándose el proyecto de mejora en vestuarios y gradas del campo de fútbol":
"Tal conclusión se alcanza de la audición de escuchas practicada en el plenario y la documentación obrante en autos", destaca la sentencia, a la vez que señala que el entonces presidente provincial "sabía de primera mano, por visitar el campo con motivo del anterior proyecto también subvencionado por la Deputación, que cuanto menos la mayoría de las obras para las que aprobó una nueva subvención ya estaban ejecutadas".
Esa conducta, conforme apunta la jueza, "evidencia una voluntad manifiesta en contra de la legalidad, sabiendo que la subvención que concede es claramente arbitraria y contraria a derecho":
En cuanto a los condenados como cooperadores necesarios, explica en la sentencia que la alcaldesa de Moraña pidió la ayuda a la Deputación "a sabiendas de que las obras para las que la solicitaba, cuanto menos la mayor parte, ya estaban ejecutadas", mientras que el arquitecto "se limitó a firmar el proyecto y certificaciones":
Por su parte, sobre el director de infraestructuras de la Deputación, la jueza sostiene que "buscó el encaje de la operación, indicando mismo a qué arquitecto como firmante del proyecto debían acudir".
Y, finalmente, el administrador de la empresa adjudicataria intervino como "beneficiario de la subvención", así como uno de sus empleados, que fue quien ejecutó o mandó ejecutar las actividades necesarias para culminar el proyecto.
La magistrada ordena en la resolución el comiso de la cantidad cobrada por la empresa con motivo del proyecto de mejora de las gradas y vestuarios del campo de fútbol (86.311 euros), así como de la cantidad cobrada por el arquitecto. La sentencia no es firme, pues contra ella cabe interponer recurso ante la Audiencia Provincial de Pontevedra en el plazo de diez días.
