Los vecinos de Marcón han dicho basta. Reclaman la ejecución de la sentencia contra el desguace ubicado en el lugar de Vilafranca, que fue declarado ilegal por no ajustarse al ordenamiento urbanístico de Pontevedra. Así lo ha avanzado este martes la portavoz del Concello, Anabel Gulías, que confirmó la denuncia presentada por particulares para que se cumpla con las resoluciones judiciales que ratifican que la nave debe ser demolida.
Gulías verbalizó el malestar vecinal ante la inacción de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, la Aplu, un organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Territorio. “Están fartos de esperar”, dijo respecto a la situación de la instalación promovida por la empresa Desguaces Outón e Hijos S.L., sobre la que pesa un fallo firme de desmantelamiento desde hace casi una década.
La concejala del BNG trasladó el apoyo del Gobierno local a los afectados, con quienes mantendrá una reunión para analizar posibles nuevas acciones. Al encuentro acudirá el concejal del Rural, Alberto Oubiña.
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No es la primera vez que el Concello toma medidas contra este polémico desguace. En 2004, el complejo fue denunciado por carecer de la obligatoria licencia municipal. Por aquel entonces, los servicios urbanísticos dictaron la paralización de las obras de la estructura, que contaba con cerchas metálicas de 20 metros de largo por 18 de ancho y una altura media de 4,5 metros. La parcela estaba delimitada por un muro de hormigón de 2,5 metros de alto y la totalidad de la superficie se había rellenado con hormigón.
A pesar de la orden municipal, la empresa siguió adelante con su proyecto e inició su actividad, acumulando en la zona decenas de vehículos. La nave se construyó en terrenos de suelo rústico no urbanizables, según el PXOM, por lo que las sucesivas denuncias llevaron a la Xunta a declarar ilegales aquellos trabajos en 2006.
A partir de ahí comenzó un proceso judicial a través de los recursos presentados por la firma. Finalmente, en 2012, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dio firmeza a la sentencia en contra de la nave y ordenó su demolición. Aquel fallo sigue sin ejecutarse a día de hoy.
