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El Gobierno deja sola a Ence

Vista del complejo fabril situado en Lourizán. JAVIER CERVERA-MERCADILLO
Vista del complejo fabril situado en Lourizán. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

El Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez abandona la defensa contra los recursos a la prórroga concedida por Rajoy a la pastera y aboca a la compañía a una batalla judicial a cara o cruz para no cerrar su fábrica en Lourizán ▶ La empresa se desploma en Bolsa y pierde 73 millones en un día negro que cierra marcando la mayor caída del Ibex

El Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez lanzó este jueves una bomba de racimo de consecuencias inciertas sobre la comarca de Pontevedra. El abandono de la defensa jurídica contra los recursos a la prórroga de 60 años concedida por el Gobierno de Rajoy a Ence coloca a la pastera más cerca que nunca de su marcha de Lourizán.

La situación límite del mayor operador forestal gallego y del primer agente económico de la comarca pontevedresa se ha colado de lleno en la precampaña electoral y muy probablemente capitalizará el debate político de las próximas semanas. La decisión del Gobierno dejó el jueves en shock a políticos, sindicatos, empresarios y colectivos ecologistas. Unos, contentos por el posible cierre de todo un símbolo de la lucha medioambiental en la ría. Otros, preocupados por las concecuencias económicas, sociales e industriales de esta noticia que, por primera vez, sí es verdaderamente probable.

Desde que el PSOE local pronosticó lo que ocurriría en la Audiencia Nacional, la compañía lleva perdidos 88 millones de euros en Bolsa

En realidad, la pregunta clave sigue en el aire: ¿Está verdaderamente Ence ante un cara o cruz definitivo? La respuesta no será, en ningún caso, inmediata. La pastera anunció que "agotará todas las vías judiciales" en defensa de su continuidad en Pontevedra. Lo más probable, según las fuentes jurídicas consultadas, es que la Audiencia Nacional dé la razón a los recursos del Concello, la APDR y Greenpeace y anule la actual prórroga de Ence. En ese caso sería el Tribunal Supremo quien terminase dirimiendo el futuro de la factoría, y no lo haría jamás antes de que en España haya un nuevo Gobierno y se renueven los ayuntamientos. De hecho, los expertos sostienen que esa batalla judicial "será larga".

En parte, la decisión política del Ejecutivo la avanzó el PSOE local el pasado 6 de marzo, cuando conjeturó que estos recursos podrían acabar prosperando en breve. Aquella nota de prensa sorprendió a muchos y suscitó no pocas críticas por lo que tenía de injerencia política sobre una decisión puramente judicial. Pero los socialistas ya sabían que 48 horas después, en la mañana del histórico 8-M, el Ministerio de Justicia autorizaría a la Abogacía del Estado a allanarse frente a los recursos presentados ante la Audiencia Nacional. Y no sólo eso. El Gobierno también le ha dado a la sala Contencioso Administrativa de la AN los argumentos jurídicos necesarios para tumbar la concesión de Ence.

Por un lado, señala en su escrito que el plazo máximo para la concesión de un complejo como el de Ence sólo puede ser de 75 años, pero contados desde que la firma se asentó en la ría, allá por los años 50. Y, de otra parte, dejando claro que la empresa puede ubicarse en otro lado y no tiene por qué seguir ocupando la franja de el dominio público-terrestre que actualmente utiliza.

DESPLOME EN BOLSA. Para Ence, el terremoto político no es su único motivo de preocupación. El grupo, recién ingresado en el Ibex 35, se desplomó este jueves en Bolsa y marcó la mayor caída del selectivo español, perdiendo un 5,33%, o un 6,44% medido desde que el PSOE local realizó hace ocho días su particular preanuncio.

En síntesis, la prórroga de 60 años a Ence llevaba asociada una inversión de 70 millones en Pontevedra. Y todo el plan de negocio de la compañía prevé gastar 350 millones de euros en Lourizán. Sólo el jueves, la firma perdió 73 millones en su cotización bursátil; 88 en la última semana.

La compañía tiene ahora cinco días para alegar contra el allanamiento del Gobierno ante los recursos del Concello y de los grupos ecologistas APDR y Greenpeace. La sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional decidirá después si rechaza la decisión del Gobierno de no defenderse y si anula finalmente la prórroga de 60 años concedida por el Gobierno de Mariano Rajoy en enero de 2016.

Este jueves, la firma que capitanea Ignacio de Colmenares le puso cifras al posible abandono de su actividad en Lourizán: 5.100 familias afectadas en toda la comunidad autónoma, la caída de un 28% del Producto Interior Bruto de la provincia de Pontevedra, la pérdida de la mitad de la actividad portuaria en Marín o los citados 350 millones de euros que Ence dejaría de invertir en Galicia.

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