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Vigilantes de seguridad denuncian el impago de dos nóminas y la extra de julio

Empleados y sindicalistas, el martes, en la oficina central de Correos. D. FREIRE
Empleados y sindicalistas, el martes, en la oficina central de Correos. D. FREIRE
La compañía cuenta en plantilla con cerca de 20 trabajadores en Pontevedra y 50 en el área de Vigo

Sindicatos y trabajadores celebraron el martes una concentración en la oficina central de Correos de la calle Oliva para denunciar las deudas salariales que acumula Ombuds, adjudicataria en Pontevedra del servicio de vigilancia de la propia Correos, Carrefour y la delegación de Hacienda.

Según manifestó Delmiro Álvarez Barcia, responsable provincial de UGT en las secciones de Seguridad y Servicios Auxiliares, la empresa ha entrado en concurso de acreedores y la retención de los bienes por parte del administrador concursal ha provocado el impago de las nóminas de junio y julio, la paga extra del mes pasado y, previsiblemente, el sueldo de agosto. Como consecuencia, los afectados se han quedado sin percibir 4.500 euros, "una cantidad muy importante para unos sueldos mileuristas".

La compañía cuenta en plantilla con cerca de 20 trabajadores en Pontevedra y 50 en el área de Vigo, que actualmente "siguen trabajando sin cobrar". La situación es común al resto de 8.000 empleados de la compañía, "la quinta empresa" más importante en el sector de la seguridad a nivel nacional.

En este contexto, UGT ha emplazado al administrador concursal a "facilitar la subrogación" de los contratos por parte de las nuevas adjudicatarias. Y, al parecer, tanto en Carrefour como en Hacienda, existe la previsión de que los trabajadores sigan con las próximas concesionarias. El problema radica en Correos, la única que, según Álvarez, "todavía no ha hecho ninguna maniobra para cambiar de empresa".

De forma paralela, la CIG solicitó el martes a Correos que permita a sus trabajadores descansar todo el fin de semana, ya que hace años que se ha suprimido el reparto ordinario que se realizaba los sábados. La central nacionalista afirma que la empresa pública "incumpre a normativa laboral" al impedir que los empleados puedan librar un día y medio consecutivo durante los fines de semana. Preguntada por esto, la empresa informó de que está pendiente de aprobar el Real Decreto que contempla la modificación de las jornadas especiales y que, en cualquier caso, el acuerdo firmado con los sindicatos en diciembre de 2018 incluye el compromiso de que la jornada de los sábados pasará a tener "carácter voluntario" e implicará la percepción de un "plus" dinerario.

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