miércoles. 23.09.2020 |
El tiempo
miércoles. 23.09.2020
El tiempo

Fraude contra la ordenación del territorio con viviendas 'vestidas' de gallinero

Derribo de una vivienda ilegal por orden de la APLU, en este caso en la provincia de Lugo. EP
Derribo de una vivienda ilegal por orden de la APLU, en este caso en la provincia de Lugo. EP
Un letrado, un arquitecto y el aparejador municipal de Tui se concertaron para intentar legalizar viviendas unifamiliares en suelo rústico disfrazadas de granjas de animales

Cuando un arquitecto, un abogado y un aparejador municipal se conciertan para delinquir, pueden llegar a límites insospechados. Eso es lo que, según la Fiscalía Provincial de Pontevedra, sucedió en el término municipal de Tui, donde, según el escrito de acusación, se entretejió un entramado a través del cual ofrecían a vecinos del lugar "resolver problemas" en cuanto a la legalización de construcciones en parcelas rústicas como viviendas unifamiliares por métodos tan osados como la simulación de una explotación agrícola y ganadera para, con la connivencia del técnico del ayuntamiento, intentar superar las trabas legales y edificar. El resultado, después de que la Policía Autonómica descubriese el ardid, fue el derribo de las construcciones y la imputación por la vía penal no solo del letrado, el aparejador y el arquitecto, sino también de quienes pretendieron beneficiarse del engaño, los propietarios de las parcelas en las que se ejecutaron tan extrañas obras.

Fue entre febrero y marzo de 2009 cuando funcionarios policiales presentaron sendas denuncias ante la APLU (Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística) por obras que se efectuaban en las parcelas de dos de los investigados: Y.P.G. y B.M.C. La primera construía una vivienda unifamiliar compuesta por sótano, planta baja y primer piso, mientras que la segunda levantaba una casa con planta baja y garaje. Ambas fincas se hallaban en suelo rústico "especialmente protegido", lo que precipitó las investigaciones. Como consecuencia de las denuncias, la APLU declaró ambas obras como ilegalizables, ordenando su demolición.

El juicio, que estaba previsto para el mes de marzo en A Parda, queda aplazado hasta el fin de la crisis del coronavirus

En marzo de 2010, un vecino de la zona explicó a los dos implicados en las obras ilegales que "él tenía un problema similar, y se lo estaba solucionando un abogado, J.B.G., al que había acudido por consejo de otras personas", lo que indica que no eran los primeros en contar con sus servicios. Y acudieron a él.

El letrado, "actuando conjuntamente con el arquitecto M.A.G." (otro de los imputados), les indicó que era posible resolver el problema que tenían en sus parcelas "y que había resuelto otros similares", indicándoles que contactaran con el mencionado técnico para que les preparase proyectos de legalización. "Ambos sabían de antemano que no era posible legalizar las viviendas", detalla el fiscal. El letrado les cobró 2.500 euros a cada uno y el arquitecto 6.000, cantidades que los particulares pagaron "confiadas en que ambos profesionales resolverían el problema".

En el caso de Y.P.G., el arquitecto "les dijo que iba a hacer un proyecto aparentando una granja avícola, que no habría problema alguno porque ya lo había hecho muchas veces". Para ello, les indicó que tenían que cerrar los huecos de las ventanas con mallas de gallinero, hacer una escalera de madera para subir a la primera planta, cerrar con puertas los huecos y meter gallinas, y en el bajo meter maíz, paja y animales, además de hacer una especie de cercado en el exterior con varillas de hierro a modo de corral al aire libre.

También les dijo, según el Ministerio Público, que preparasen unos papeles en los que constase que el bajo lo tenían alquilado para almacén de labranza, y por último, que llevaran a alguna persona para que fotografiase todo aquello. "Ante las dudas de la pareja de Y.P.G. de semejante solución, no solo por el desembolso que suponía, sino porque la edificación era indudablemente una vivienda unifamiliar y ninguno de los dos se dedicaba a actividad agropecuaria alguna, toda vez que él es albañil y ella empleada de un supermercado, el arquitecto les dijo que sí podía hacerse".

Las víctimas también están procesadas al estar de acuerdo en presentar informes falsos pante la administración local

Por ello, prepararon la vivienda como les dijo el arquitecto, y no solo eso. compraron dos terneros y dos ovejas, y gallinas, y pidieron prestadas a unos vecinos cuatro cabras. Después realizaron las fotografías que les pedía el arquitecto. Con todo ello, en octubre de 2010, el técnico acudió al ayuntamiento tudense para pedir la legalización del inmueble, adjuntando el proyecto que aparentaba la explotación agropecuaria. En él, afirmó que la edificación estaba terminada en 2002 "pese a no ser cierto", y que se venía utilizando ininterrumpidamente como granja y almacén agrícola. Para acreditarlo adjuntó planos falseados y fotos aéreas, solicitando que la edificación fuese declarada fuera de ordenación por estar rematada antes de la ley urbanística vigente (algo que, según el fiscal, también era falso). La idea era que el alcalde instase al técnico municipal para que realizase una inspección para ver si la vivienda estaba acabada y si en ella se realizaban las citadas labores agropecuarias.

Paralelamente, en el caso de B.M.C., la otra mujer que recurrió a las artimañas de los investigados, el arquitecto les facilitó documentos para presentar una solicitud de licencia con planos que "ni siquiera reflejan la realidad física de la ubicación del inmueble".

Tanto Y.P.G. como B.M.C. se mostraron conformes con la presentación de tales proyectos a sabiendas de que no reflejaban la realidad. Sin embargo, la tramitación de ambas solicitudes se demoraba, y ambas mujeres comenzaron a recibir multas y órdenes de demolición por parte de la APLU. El abogado, al tener conocimiento de lo que sucedía, les decía que no se preocupasen, que él mismo las recurriría. Tanto él como el arquitecto les decían que iban a hablar con técnicos municipales para solucionarlo. Así, a la primera le indicaron que solo faltaba que el aparejador fuese a comprobar la supuesta explotación agraria, y a la segunda le dijeron que tenía que adquirir más terreno alrededor o bien dedicar la vivienda a turismo rural. Nada de ello parecía viable.

En el caso de Y.P.G., intervino un tercer procesado: el aparejador municipal de Tui, J.M.M.G., que acudió a inspeccionar la edificación pero que no tomó fotografía alguna. Elaboró, eso sí, un informe en el que admitía la presencia de un almacén agrícola certificando que había palomas, gallinas y ovejas. "Faltando a las obligaciones de su cargo con el fin de ocultar la realidad, tampoco describió en su informe las características de la edificación, a sabiendas de que era una vivienda unifamiliar en construcción".

Durante todo ese tiempo, la APLU notificó hasta cinco multas a Y.P.G., que contactaba con letrado y arquitecto, que insistían en que todo se solucionaría. En cuianto a B.M.C, en 2014 recibieron una nueva sanción, en ese caso de 1.000 euros, y la resolución de un expediente que les imponía una multa de entre 60.000 y un millón de euros.

Por todo ello, tras el inicio de embargos por impagos, ambas mujeres optaron por contactar con otra letrada, que les abrió los ojos definitivamente. Acabaron denunciando ante el Seprona y demoliendo sus casas, pero también fueron imputadas.

Petición de penas entre tres meses y seis años de cárcel
El fiscal, tras conocer todo lo sucedido, atribuye al abogado y al arquitecto (J.B.G. y M.A.G.) los delitos de estafa y falsificación de documento oficial, por los que exige condenas de seis años de prisión para cada uno, además de importantes multas. En el caso de Y.P.G. y B.M.C., las mujeres que estuvieron de acuerdo en intentar el engaño, exige tres meses de cárcel por falsedad en documento oficial, teniendo en cuenta la atenuante de confesión.

Para J.M.M.G. solicita dos años de cárcel y ocho de inhabilitación por prevaricación urbanística: es el aparejador que hizo la vista gorda ante la vivienda disfrazada de gallinero. El juicio, previsto para este mes en A Parda, quedó aplazado por la crisis del coronavirus.

Fraude contra la ordenación del territorio con viviendas 'vestidas'...
Comentarios