La Xunta amenaza con cerrarle el grifo a Pontevedra si no implanta un bus urbano propio. Lo hará a través del Fondo de Cooperación Local, reduciendo la aportación que destina a la ciudad si no asume este servicio de transporte. Así lo expone el director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, en una carta remitida el pasado martes al Concello, al que insta además a decidir si mantiene o rediseña las líneas que actualmente funcionan en el municipio. Esto es, las que van a Monte Porreiro, Ponte Bora, Pintos y A Ruibal.
En la misiva, dirigida al concejal de Mobilidade, Demetrio Gómez Junquera, el organismo dependiente de la Consellería de Infraestruturas da un plazo de 14 días (naturales) al Gobierno local para que comunique su "intención inequívoca" de iniciar la prestación del servicio de transporte colectivo, al que está obligado por ley al ser un concello de más de 50.000 habitantes.
El ultimátum autonómico se produce después de que el Parlamento gallego acordase el pasado 21 de noviembre, a iniciativa del PP y con el apoyo del PSOE, pedir que la Xunta reclamase líneas propias de autobús a la capital de las Rías Baixas. Aquella propuesta, que toda la oposición tildó de "electoralista", incluyó una enmienda del grupo socialista para que ambas administraciones se coordinasen en la puesta en marcha del transporte metropolitano y urbano.
En paralelo a esta circunstancia, la Xunta está inmersa en la segunda fase de su plan de transporte para 2019, año en el caducarán las actuales concesiones de transporte interurbano por carretera. Y así se lo traslada Maestro en la comunicación remitida a Gómez Junquera, en la que hace constar el citado acuerdo parlamentario y las líneas de autobús que se verían afectadas en Pontevedra.
El remate de estas licencias afectará a cuatro contratos que el Gobierno gallego mantiene con empresas de transporte. Las del bus que va del CEIP A Carballeira, en Lourizán, al núcleo de A Ruibal, en Salcedo, y el que da servicio a O Castelo (Lérez), Pintos (Marcón), Os Fontáns (Santa María de Xeve) y Montecelo acaban el 7 de agosto de 2019. Las del resto, el que pasa por la ITV de Ponte Bora y el que lo hace por Figueirido, O Casal, Birrete (Salcedo), Monte Porreiro y A Xunqueira, terminarán su vigencia el 2 de diciembre del año que viene.
Aunque los contratos lleguen a su fin, la Xunta aclara que "non ten intención de deixar sen o servizo de transporte público á cidadanía do concello de Pontevedra". Los autobuses seguirían funcionando y su coste se le cobraría al Concello, aunque de forma indirecta, a través del dinero que el Gobierno gallego destina a los municipios gallegos a través del citado Fondo de Cooperación Local. Responsables de la Consellería aseguraron este sábado a este periódico que la cantidad con la que se penalizaría económicamente a la capital provincial todavía no se conoce aún porque las concesiones están en fase de renovación.
SOGAMA. Si Pontevedra asume las líneas de bus que ahora pasan por el municipio y que paga la Xunta, con la excepción de la de Monte Porreiro (que también cuenta con una subvención municipal para que el billete sea más barato para el viajero), Infraestruturas entregará un anteproyecto de explotación con el coste y las características para facilitarle el trabajo administrativo al Gobierno de Miguel Anxo Fernández Lores.
La amenaza de la Xunta sobre los concellos que no pagan ciertos servicios no es una novedad en Pontevedra. El rechazo al canon único de Sogama enfrentó a esta empresa pública con el Concello y motivó una advertencia autonómica: si la ciudad no pagaba, se le penalizaría a través del citado Fondo de Cooperación Local. Aquel ultimátum no llegó a producirse ya que ambas partes llegaron a un acuerdo, que firmaron en octubre de 2015 y que supuso que el Gobierno pontevedrés abonase más de cinco millones de euros en atrasos y asumiese la tarifa única por la incineración de su basura en la planta de Cerceda.
