El proyecto de la Variante de Alba no se paraliza. Es el compromiso que el presidente de la Xunta trasladó este viernes al alcalde de Pontevedra, vía conversación telefónica. Núñez Feijóo y Fernández Lores acordaron, según fuentes autonómicas, tratar de conseguir el consenso vecinal conjuntamente. Por su parte, desde el Concello matizan que ambas instituciones retomarán el proyecto en el punto donde se encontraba antes de iniciarse la polémica acerca del trazado.
El tira y afloja de declaraciones durante todo el día pronosticó una nueva guerra fría entre ambas administraciones e hizo tambalear un proyecto envuelto en la polémica desde sus orígenes.
Antes de la llamada de Feijóo, el alcalde de Pontevedra compareció por la mañana, visiblemente enfadado, para mostrar su malestar con el presidente autonómico. "Síntome sorprendido, decepcionado e traizoado", aseguró Miguel Anxo Fernández Lores, que lamentó que Alberto Núñez Feijóo, con quien mantiene unha "relación de sintonía" y de "lealdade e colaboración" institucional no le cogiera el teléfono para hablar de por qué el proyecto vuelve al cajón.
Lores aseguró que el Concello no recibió ninguna comunicación oficial sobre el cambio de postura del Gobierno gallego respecto a este vial. "Mandouse a un recadeiro a falar en nome da Xunta", dijo en referencia a la comparecencia del pasado miércoles del portavoz del PP, Rafa Domínguez, en la que manifestó su rechazo al diseño de la variante. "É unha decisión cobarde e traicioeira", subrayó.
El regidor nacionalista recordó que la alternativa escogida por la Consellería de Infraestruturas para unir las carreteras de Vilagarcía (PO-531) y Santiago (N-550) entre Campañó y Lérez planteaba un diseño "durísimo" que provocó el rechazo "de todo o mundo", incluido el Gobierno local, que en su día planteó alternativas que no se aceptaron. El departamento autonómico estudió hasta diez tramos distintos antes de realizar su última propuesta, que es la que ahora se descarta. "Nos dixemos que, se era o único trazado posible, aceptariámolo. Pero cunhas características totalmente diferentes", dijo Lores en relación a las alegaciones municipales, en las que se reclamó un diseño más suave, con tráfico calmado, con menos afectación al territorio y con zonas para los peatones.
El regidor del BNG creía que el cambio de postura sobre la variante respondía a una "decisión política" que vinculaba a las elecciones
El alcalde señaló, además, otra de las ofertas planteadas por el Concello: un convenio con la Xunta para que Pontevedra ejecutase la vía y que esta pasase, posteriormente, a ser de titularidad municipal. También se descartó.
Lores se mostró convencido de que "non se vai facer o trazado" y que es fruto de "decisión política e non técnica" que vincula a las elecciones autonómicas de 2020. "Pode ser que volvamos ás andadas e que o Partido Popular non queira facer cousas en Pontevedra", indicó el regidor del BNG, que cree que la falta de consenso a la que apela la Xunta para replantearse la variante de Alba "é unha escusa". "Os consensos son relativos. Poucas cousas se fan cun consenso absoluto", apuntó.
RUEDA MANTIENE EL PLAN
Antes de la comparecencia del líder nacionalista, el vicepresidente de la Xunta daba su opinión sobre la obra a los medios. Alfonso Rueda negó que hubiera un pacto entre Feijóo y Lores para construir la variante de Alba. "Lo que hay es un compromiso de la Xunta de invertir en Pontevedra en aquelas obras necesarias, que generen un consenso social y que, por lo tanto, les sirvan a los vecinos", afirmó.
El responsable autonómico indicó, al igual que hizo esta semana la Consellería de Infraestruturas, que "no renunciamos a esa inversión". El proyecto para construir el nuevo vial cuenta con una partida de 500.000 euros en los Orzamentos gallegos de 2020, una cantidad muy inferior a los más de 8,2 millones de euros en los que está presupuestada la actuación.
"Visto la muy considerable falta de consenso social que se ha generado, le pedimos al Ayuntamiento que ejerza de motor para conseguir ese consenso y poder plantear un trazado que se pueda ejecutar sin tener el rechazo que tiene ahora mismo. Simplemente pedimos eso", explicó Rueda, que aseguró que "la Xunta no se niega a invertir, sino que lo que dice es que busquemos un trazado que, permitiendo hacer la obra, permita también consensuar los intereses de los vecinos. Creo que es algo muy lógico y que todo el mundo lo entiende. Si el alcalde dice que la Xunta se niega a hacer la obra, entonces no dice la verdad".
Lores, que aseguró que el frenazo a la variante de Alba no afectará a la colaboración del Concello en otros proyectos autonómicos, apeló a que el Ejecutivo gallego cambie su postura. "O presidente sempre pode rectificar e envainar, como fixo en Verín ou con Montecelo", concluyó.
La variante de Alba seguirá en el cajón. El proyecto, que se ideó como una solución para mejorar la seguridad vial de la PO-225, que es la vía que actualmente une las carreteras de Vilagarcía (PO-531) y Santiago (N-550) y paso obligado del Camiño Portugués a Santiago, se reclama desde 2005.
Hasta diez alternativas
La Xunta repescó la obra en 2016, año en el que anunció pactaría con el Concello el diseño del nuevo vial, que saldría de la rotonda de San Caetano y conectaría con la N-550 a la altura de Pidre, en la parroquia de Cerponzóns. Tras dos diseños fallidos, la Consellería de Infraestruturas anunció un tercer cambio para que la vía no afectase a ninguna casa.
En 2018, se contrató a la consultora Ciesa para diseñar el nuevo trazado. El objetivo era licitar los trabajos en 2019 por seis millones de euros. Finalmente, el pasado mes de junio, la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, anunció que la variante de Alba elegida entre diez alternativas saldría de Campañó y acabaría en Lérez. La primera fase del vial tendría un carril por sentido entre O Freixo y A Cendona.
El proyecto, que superaría los 8,2 millones de euros y no se llevaría ninguna casa, podría crecer en el futuro a través de un desdoblamiento. Los vecinos rechazaron la autovía de 992 metros limitada a 100 kilómetros por hora. Además de una alegación conjunta, respaldada por 1.171 personas, 36 afectados hicieron llegar sus reclamaciones a la Xunta, que se comprometió a hacer mejoras para licitar la obra en 2020 y evitar las protestas que señalaron al PP.
