Saltarse las leyes urbanísticas tiene consecuencias. Lo saben muy bien los propietarios de los cinco inmuebles que la Xunta demolió en 2019 en Pontevedra. Todas las edificaciones, de uso residencial, ocupaban suelo no urbanizable común.
El organismo encargado de ordenar los derribos fue la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU). Sus técnicos del servicio provincial fueron los encargados de realizar las correspondientes inspecciones, que conllevaron el desmantelamiento de cinco construcciones. Los datos de la APLU sitúan a la primera edificación demolida en el lugar de Espadaneira. La obra tuvo lugar en enero del año pasado.
Un mes más tarde, en febrero, se efectuó la segunda demolición. Tuvo lugar en el núcleo de Touceda, en la parroquia de Alba. En abril le llegó el turno a una vivienda a medio hacer en Cabaleiro (Campañó). Y en mayo, el mes en el que se celebraron las elecciones municipales, se ejecutó el derribo de otras dos casas. Ambas se encontraban en la misma aldea: O Regueiriño, en la parroquia de Lourizán.
La ejecución de derribos en 2018 en el municipio afectó a cinco viviendas y a un semisótano, según los informes de la APLU
La actividad de la APLU en Pontevedra en 2018 concluyó con el mismo número de derribos que el año pasado: cinco en total. En este caso, las infracciones urbanísticas conllevaron el desmantelamiento de cinco casas y un semisótano.
Un año antes, en 2017, también se derribaron dos viviendas. A ellas se suman las nueve edificaciones declaradas ilegales por el organismo autonómico desde 2008, el primer ejercicio en el que se empezaron a contabilizar este tipo de intervenciones.
Una de las demoliciones más polémicas realizadas en Pontevedra fue la del antiguo Tanatorio Montecelo. El inmueble, situado en Mourente, se desmanteló en 2010 en cumplimiento de una sentencia judicial. La instalación se había construido sin la autorización previa de la Xunta. La denuncia la interpuso un vecino.
Las infracciones en materia urbanística van desde los 300 hasta el millón de euros según la gravedad de las mismas
RÉGIMEN SANCIONADOR. Las infracciones en materia urbanística conllevan sanciones que van desde los 300 hasta el millón de euros, dependiendo de la gravedad de las mismas.
En caso de que los afectados se hagan cargo de los derribos de construcciones declaradas ilegales por la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, la Xunta contempla la posibilidad de reducir la multa en un 90%.
La APLU recuerda a todos los ciudadanos que deben contar con el título administrativo correspondiente, como el de una licencia, comunicación previa u otro tipo de autorización, a la hora de hacer algún tipo de obra. Tanto sobre una parcela sin urbanizar como en una edificación ya existente.
Cerdedo-Cotobade ▶ En este concello se derribó una edificación en 2019. Se produjo en el lugar de Framil, en San Pedro de Parada.
Poio ▶ En este concello se demolió una construcción en 2019. La edificación se derribó en mayo en el lugar de Monte Covelo.
Bueu ▶ Tres demoliciones en 2019. Una caseta prefabricada en Cela, una caravana bajo una cubierta de madera en Area de Bon y una edificación en Tallos.
Marín ▶ Una demolición en 2019: la e dos edificaciones para uso residencial en Pardavila.
Sanxenxo ▶ Se desmantelaron dos contenedores metálicos en 2019 en el lugar de Soutullo, en Noalla, porque estaban situados en terrenos protegidos por Costas.
A Illa ▶ Se desmantelaron dos casas en el lugar de Punta Quilma y un remolque metálico en el lugar de Aceñas. Todos estaban en terrenos protegidos por Costas.
A Estrada ▶ En este concello se derribó una casa en Santo André.
