La Asesoría Jurídica de la Xunta concluye que el artículo 18.4 es inconstitucional

Las conselleiras de Medio Ambiente y de Mar le remiten el informe a la ministra Teresa Ribera y le alertan de la pérdida de 37.000 empleos y 10.000 millones si se mantiene el texto legal
Oposición del PP a la reforma de la Ley de Cambio Climático. DP
photo_camera Oposición del PP a la reforma de la Ley de Cambio Climático. DP

La Xunta dio este jueves traslado al Gobierno central de un informe, elaborado por la Asesoría Xurídica autonómica, sobre la Ley de Cambio Climático, que concluye, con el foco puesto en el futuro de Ence en Pontevedra, que el artículo 18.4 es "frontalmente inconstitucional", además de determinar que este apartado de la norma y el 18.3 son "contrarios a la seguridad jurídica".

El documento fue remitido ayer por las conselleiras de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y de Mar, Rosa Quintana, junto con una carta, en la que le reiteran a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que de no proceder a la retirada de los artículos 18.3 y 18.4 del proyecto de ley, su redacción afectará a la seguridad jurídica del tejido empresarial que se encuentra en el dominio público marítimo terrestre.

"Una vez más queremos trasladarle nuestra preocupación por la inclusión del artículo 18 en la Ley de cambio climático. Nos preocupa, especialmente, la redacción de los apartados 3 y 4 y sus repercusiones negativas en el litoral gallego, donde se realizan actividades respetuosas con el medio ambiente que constituyen el modo de vida de miles de familias gallegas", arranca la misiva.

Las conselleiras subrayan que el Estado no cesa en su objetivo y pretende ahora con la inclusión de los artículos 18.3 y 18.4 en la Ley de cambio climático establecer un nuevo precepto regulador de los títulos de ocupación del dominio público marítimo terrestre.

Según explican, la redacción propuesta por el Ministerio del artículo 18.4 solo podría aplicarse a las concesiones anteriores a la Ley 2/2013, ya que el artículo 66 de la Ley de Costas regularía a las que se concedieron después de esa fecha y por lo tanto la duración, de concesión y prórroga, no podrá superar los 75 años.

Indican, además, que es contrario al artículo 33.3 de la Constitución y que "afectaría a los derechos integrados de los afectados, pues se verían privados anticipadamente de una concesión adquirida sin la correspondiente indemnización". 

Por otra parte, Ángeles Vázquez y Rosa Quintana recuerdan que esta no es la primera vez que se le traslada al Ministerio las repercusiones negativas sobre la regulación de los títulos de ocupación del dominio público marítimo terrestre.

Recuerdan que la Xunta ya se mostró contraria a la modificación urgente del reglamento de la Ley de Costas, con la que se pretendía limitar la duración de la prórroga extraordinaria de las concesiones en el dominio marítimo terrestre, fijando la vigencia de la concesión en 75 años a contabilizar desde el momento de la concesión inicial.

Según se argumentó en su momento, "lo único que fundamentaba esa regulación era un informe jurídico que no tenía en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2015 en la que se indicaba que no se podía negar al legislador de costas su margen de configuración de la duración de la prórroga extraordinaria y que no se estaba realizando una transcripción correcta del Dictamen del Consejo del Estado sobre el reglamento". 

37.000 EMPLEOS. Estas consideraciones -remarca la Xunta- fueron aceptadas por parte del Ministerio, que suspendió la tramitación de la modificación reglamentaria, evitando de este modo cambios en los títulos de ocupación.

"Desde la Xunta de Galicia solicitamos la retirada de los artículos 18.3 y 18.4 del proyecto de Ley de Cambio Climático, ya que con su actual redacción afectará a la seguridad jurídica de todas las industrias ubicadas en la costa gallega. Y podrá llegar a suponer la pérdida de 37.000 puestos de trabajo y de 10.000 millones de euros", concluyen ambas conselleiras.

Por su parte, en un acto en Vilanova, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, indicó que la confirmación que el martes recibió en Madrid el comité de empresa de Oficinas de Ence por parte de Bildu y de Esquerra Republicana (ERC) de que apoyarán este artículo del Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética evidencia "el reconocimiento de su apoyo al cierre de la factoría pontevedresa". 

"Mayor evidencia de lo que puede suponer que se apruebe el proyecto de cambio climático en su redacción actual no la puede haber", señaló, para añadir que la reafirmación en su voto positivo por parte de Bildu y ERC conlleva "un reconocimiento de que se apoya cerrar una factoría, que es, exactamente, lo que la Xunta de Galicia y más de 5.000 familias que dependen de Ence tratan de evitar". 

La confirmación de EH Bildu y ERC de que apoyarán la nueva Ley es la mayor evidencia de que respaldan el cierre de Ence

"HASTA EL FINAL". A pesar de ello, indicó Alfonso Rueda, desde la Xunta de Galicia "se va a seguir luchando en lo que se cree que es justo, que es conservar los puestos de trabajo, máxime en un momento en el que la situación económica no es buena". 

Agregó que "con esta redacción que el Gobierno central no quiere cambiar verían muy comprometida su continuidad y, por lo tanto, su viabilidad, el mantenimiento de los puestos de trabajo y la posibilidad de crecer hacia el futuro". 

El vicepresidente de la Xunta recordó que también el martes se reunió con los madereros y productores forestales gallegos, "y nos pidieron por favor que hiciésemos todo lo posible para evitar lo que parece ser una decisión tomada por el Gobierno central que implica echar, sin ninguna alternativa, a una empresa que se quiere quedar donde está y que quiere seguir creando riqueza". 

El PP asegura que la Ley de Cambio Climático pone en jaque a depuradoras, conserveras y cocederos


El PP pontevedrés volvió a movilizarse este miércoles, en esta ocasión en Cambados, para denunciar que la Ley de Cambio Climático pone en riesgo la continuidad de todo el sector mar-industria de la provincia, ya que no solo altera la duración de las concesiones, sino que también deja la puerta abierta la que sea un órgano consultivo quien otorgue o deniegue las prórrogas con total discrecionalidad. En un acto en el que participaron Jorge Cubela, Paz Lago, Javier Tourís, Diego Gago y Gonzalo Durán, entre otros cargos del partido, además de representantes del sector mejillonero y cofradías, subrayaron que la amenaza traerá "consecuencias terribles" para todo el sector mar-industria y, por lo tanto, repercutirá en el mantenimiento de millares de empleos e inversiones en depuradoras, conserveras y cocederos

Argumentos del informe técnico
La Asesoría Xurídica recuerda que el artículo 66 de la Ley de Costas de 1988, tras su modificación en el año 2013 (Ley 2/2013), regula -conforme a lo que señala la Ley de Patrimonio del Estado- que las nuevas concesiones en el dominio público marítimo terrestre no pueden superar los 75 años, sumando concesión y prórroga. En cambio, para las concesiones anteriores a 2013, establece una regla diferente: introduce una prórroga extraordinaria que puede durar hasta 75 años a mayores de la concesión inicial, es decir, sin computar el tiempo anterior, siempre que cumplan las condiciones estipuladas.
Con base a esa Ley 2/2013, alguna de las prórrogas extraordinarias que se fueron concediendo permitieron que las concesiones vigentes puedan superar los 75 años.
"El Ministerio de Transición Ecológica mudó el criterio que se venía manteniendo, para interpretar que, a pesar de la literalidad de la Ley de Costas de 2013, ninguna prórroga extraordinaria pueda superar en total los 75 años. Por eso introduce el artículo 18.4 en el proyecto de Ley de Cambio Climático", apunta el informe.
Es decir, subraya, de entender que este art. 18.4 solo se aplica a concesiones futuras, estaría repitiendo el artículo 66 de la Ley de Costas de 2013. Por eso, el informe jurídico remitido por la Xunta indica que la única interpretación posible del 18.4 es que este artículo se aplica a las concesiones ya otorgadas, dándole un carácter retroactivo.
Agrega el documento que la deducción es que ninguna prórroga extraordinaria de una concesión, también las ya otorgadas desde 2013, pueda ser superior a 75 años sumando el tiempo anterior. De esta forma, el Gobierno central podría declarar nulas las prórrogas ya otorgadas.

Sin seguridad jurídica
Por eso, la Asesoría Xurídica cuestiona la constitucionalidad del artículo 18.4, por tener carácter retroactivo y afectar también a la seguridad jurídica. Advierte sobre la inconstitucionalidad del precepto al entender que vulnera la prohibición de retroactividad recogida en el artículo 9.3 de la Constitución y su artículo 33.3 al afectar a derechos integrados ya en el patrimonio de los sujetos afectados.
En esta línea, la Xunta alerta de que la nueva Ley daría pie a los afectados a reclamar una posible indemnización.

Comentarios