La Xunta dice que Pontevedra quiere retrasar el bus metropolitano un año

La conselleira de Infraestruturas reitera su intención de activar el plan en 2018 e invita a Lores a una reunión para desbloquearlo ▶ Ofrece diálogo sobre el transporte compartido y a demanda

Flota de autobuses aparcados en la estación de Pontevedra. A. SOTELO (ADP)
photo_camera Flota de autobuses aparcados en la estación de Pontevedra. A. SOTELO (ADP)

La puesta en marcha del transporte metropolitano en Pontevedra va camino de reproducir el enfrentamiento que Vigo mantiene con la Xunta por el mismo plan. La intención del Gobierno local de crear una comisión bilateral para que la implantación de este servicio, que supondría una rebaja en los billetes para los usuarios de este bus e implicaría viajes gratis para los menores de 19 años, tenga en cuenta las características de la ciudad y futuras fórmulas de transporte colectivo, no ha sentado bien al Ejecutivo gallego, que cree que el Concello quiere retrasar su activación.

La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, respondió este jueves a la carta que el alcalde le envió un día antes para negociar "con calma" este asunto con otra misiva. En ella, la titular del departamento autonómico reiteró a Miguel Anxo Fernández Lores su intención de poner en marcha el bus metropolitano este año y lo invitó a una reunión técnica entre ambas instituciones a partir de la semana que viene para desbloquear el proyecto, que ya acumula cierto retraso y que beneficiaría a doce municipios, tres más de los previstos.

"Ninguén entendería que se demoraran case un ano os importantes descontos que permite o Plan Metropolitano. Agardo que poidamos chegar a un grande acordo para cumprir coas previsións que todos queremos", manifiesta Vázquez en su escrito.

La conselleira recordó que el autobús metropolitano no puede funcionar sin Pontevedra, sobre todo porque la capital provincial es la que más dinero tendrá que aportar: 300.000 de los 422.500 euros que la Xunta asigna a los concellos beneficiarios del plan, o lo que es lo mismo, el 71% del coste. A esta cuantía, el Gobierno gallego aportaría unos 936.500 euros, que se usarían para bonificar los billetes y reducir así su precio.

"Estamos a falar dunha iniciativa fundamentalmente social, que permite aforros ós veciños que poden chegar ós 900 ou mil euros ó ano e, ademais, permite ós mozos de ata 19 anos viaxar gratis coa Tarxeta Nova", subrayó Vázquez, que ofreció diálogo a Pontevedra para abordar el resto de cambios previstos en materia de movilidad, como el transporte compartido o a demanda, en los que la capital está interesada.

Ambas administraciones deberán pactar la coordinación de sus buses, el urbano y el interurbano. Y el límite para hacerlo es, según la conselleira, finales de 2019 "segundo os prazos marcados hai tempo pola Unión Europea".

El PP local habla de "artimañas" del BNG para dilatar la implantación del nuevo servicio
Si a la Xunta no le gusta el ofrecimiento de Pontevedra para replantearse la aplicación del transporte metropolitano y los futuros cambios en las líneas de autobuses, al PP local la idea de crear una comisión bilateral pagada por el Concello para debatir el asunto le parece una "trampa". "Unha vez máis, o Goberno de Lores emprega as artimañas de sempre para evitar a implantación do transporte público. Propoñen a creación dunha comisión e a elaboración de estudos previos co único obxectivo de dilatar este asunto no tempo e así non facer nada", dijo este jueves el portavoz popular, Jacobo Moreira, a través de un comunicado de prensa.

En él, el líder del principal partido de la oposición carga contra el alcalde, al que acusa de "dar prioridade ós seus intereses partidistas fronte ó interese colectivo dos pontevedreses". Moreira, al igual que hizo el Gobierno gallego, destacó la importancia del proyecto para "eliminar os vehículos do centro".

12 MUNICIPIOS. El bus metropolitano está diseñado para doce concellos: Pontevedra, Barro, Bueu, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Marín, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Sanxenxo, Soutomaior y Vilaboa. Cada uno debería aportar una partida distinta para su activación. La capital (300.000 euros), Marín (55.000 euros) y Poio (24.000 euros) asumirían las mayores cuantías.

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