El bus urbano regresa a la actualidad. Y lo hace por boca de la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, que este lunes firmó con un convenio para activar este servicio en Arteixo, que no tiene la obligación legal de prestarlo debido a que no supera los 50.000 habitantes. La titular autonómica aprovechó esta circunstancia para reprochar nuevamente a Ferrol y Pontevedra que no hayan puesto en marcha este sistema.
En un comunicado de prensa, la Consellería concreta que estos servicios están dentro del Plan de Transporte Metropolitano, por lo que los usuarios, además de nuevas posibilidades de mobilidad, van a tener acceso a beneficios como los transbordos gratuitos o la bonificación por recurrencia.
La conselleira asegura que la capital provincial ha renunciado a cumplir con sus obligaciones con el autobús urbano. Reitera así las críticas vertidas a principios de este mes, cuando Vázquez recordó al Concello que le cobrará la factura por mantener el servicio urbano. El dinero que la Xunta le retendrá a Pontevedra es todavía una incógnita. Dependerá, según el Gobierno gallego, de las ofertas que las empresas presenten en la licitación de las nuevas líneas del plan de transporte.
Otros de los interrogantes que queda por despejar es qué líneas quiere cobrarle la Xunta al Concello.
El Gobierno pontevedrés ha ofrecido un pacto al gallego para desactivar el conflicto del transporte. Pero el ofrecimiento no convence a la Consellería, que critica que Pontevedra pida tres años para diseñar sus propias líneas de autobús.
La propuesta municipal pone encima de la mesa la posibilidad de que la ciudad asuma los buses que van a Monte Porreiro (dos líneas en la actualidad) y los que suben a Montecelo. Ambos servicios están en manos de la Xunta. En caso de que no se llegue a un acuerdo, el asunto podría acabar en los tribunales. El motivo es que Pontevedra no está dispuesto a pagar buses que no le pertenezcan por Ley.
PLAN EN SUSPENSO. El Plan de Transporte de la Xunta se encuentra en suspenso debido al recurso del sector, que no está de acuerdo con los criterios de la contratación.
El Ejecutivo autonómico no se ha opuesto a esta suspensión temporal. Y la explicación oficial es que, de esta manera, se logra mayor seguridad jurídica. Es decir, que se evita que el diseño de este sistema acabe en los tribunales y pueda echarse abajo.
