La comisión de Medio Ambiente del Congreso discute este miércoles por última vez la polémica Ley de Cambio Climático, cuyo artículo 18.4 sume en la ambigüedad el futuro de las concesiones prorrogadas con carácter extraordinario en la costa, especialmente a Ence en el caso de Pontevedra, pero según la patronal y la Xunta también a otras cerca de 200 empresas con permisos de ocupación en la franja litoral.
La suerte está echada. El Gobierno cuenta con apoyos suficientes para no verse obligado a cambiar el mencionado artículo, que disgusta tanto al BNG como al PP, pero sin que ambos hayan sido capaces de ponerse de acuerdo para sumar sus votos y los de ERC en una única enmienda capaz de doblarle el pulso a la ministra de Transición Ecológica, que sigue negando las catastróficas consecuencias que auguran tanto los empresarios como el Ejecutivo gallego.
La disputa llegó este miércoles a su punto más álgido, conscientes todos de que la de este jueves es la última oportunidad de cambiar las cosas. Una vez en el Congreso, el proyecto de ley tiene asegurado su visto bueno mayoritario, como también lo tiene en el Senado.
A 24 horas de esta sesión clave, la Xunta recibió una carta de la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la que el gobierno autonómico considera "corroborado" que la finalidad del artículo 18 de la futura Ley de Cambio Climático es la de "eliminar la prórroga extraordinaria de todas la concesiones en la costa".
Según apunta la Xunta en un comunicado, la responsable de Transición Ecológica responde así a la carta enviada por el Gobierno autonómico hace dos semanas en la que denunciaban aspectos lesivos del anteproyecto que, en todo caso, la Xunta piensa recurrir ante el Tribunal Constitucional si el viernes es aprobado por la comisión de Medio Ambiente sin modificar su redacción actual.
Sin embargo, desde el Ministerio aseguran que la nueva norma defiende e incorpora garantías para el litoral pero "no afecta" a ninguna de las concesiones ya otorgadas ni a sus prórrogas legales.
Es por ello que, para el Gobierno, la Xunta "interpreta erróneamente" la carta de la ministra Ribera que en absoluto, aducen, hace referencia a la eliminación de la prórroga extraordinaria.
El Ejecutivo estatal insiste en que dicha prórroga no se elimina y únicamente se implementa un mecanismo para establecer los 75 años como la máxima duración total posible de las concesiones -incluido plazo inicial y todas sus prórrogas-, sin perjuicio de que, una vez finalizado éste, pueda solicitarse una nueva concesión.
Sin embargo, la Xunta asegura que en la misiva recibida "Teresa Ribera reconoce que con la nueva norma se pretende prescindir de la actual regulación de la prórroga extraordinaria".
Según indica el departamento de Medio Ambiente de la Xunta, el Gobierno central admite que con el nuevo texto "los 75 años de esta extensión se computarán desde la fecha inicial de la concesión en lugar de hacerlo desde la solicitud de la prórroga, tal y como permite la Ley de costas para todas las concesiones anteriores al año 2013".
Por lo tanto, "la ministra admite que a todas las concesiones en el litoral, tanto las que ya tienen su prórroga extraordinaria concedida como las que pueden aún solicitarla, se les reducirá el tiempo correspondiente", denuncia la Xunta.
Además, según el Gobierno autonómico, la ministra "menosprecia los dictámenes de la Asesoría Jurídica de la Xunta y del Consello Consultivo de Galicia", al afirmar que no va a considerar ningún juicio de valor previo a la aprobación de la ley "lo emita quien lo emita".
Afección real en Galicia Según la carta de la ministra Ribera, en Galicia existen 133 instalaciones industriales amparadas por concesiones de ocupación del dominio público marítimo terrestre susceptibles de prórroga extraordinaria. De ellas, 45 deben entenderse vencidas al no haber sido solicitada su prórroga. Ello sin perjuicio de que pueda solicitarse para esos usos una nueva concesión.
Otras 39 concesiones aún están en plazo para poder solicitar la prórroga, si bien todavía no lo han hecho. En total han sido solicitadas 49 prórrogas concesionales, de las cuales 29 ya se han otorgado, 18 están en tramitación, una fue denegada (según el ministerio a petición de la Xunta), y otra más ha decaído al haber renunciado su titular.
Ence, amenazado En el caso de Ence, que no aparece mencionado en la carta de Teresa Ribera, el propio presidente de la pastera admitió sentirse directamente amenazado por el artículo 18.4 de la Ley, que llegó a interpretar directamente como una obligación de cierre para su planta de Lourizán.
Con posterioridad, la propia ministra trasladó al CEO de Ence, Ignacio de Colmenares, que el Gobierno no recurrirá la decisión de la Audiencia Nacional sobre los recursos presentados contra su actual prórroga extraordinaria de 75 años y que, si la empresa gana este recurso, respetará su derecho a continuar en la ría pontevedresa.
En la compañía temen, de todos modos, que la aplicación de la ley complique su continuidad en Galicia. El Gobierno anunció una negociación con Colmenares, la plantilla de Ence, la Xunta y el Concello para hablar del futuro de la compañía, pero se negó a abrir este diálogo antes de asegurarse la aprobación de la Ley de Cambio Climático. Esta postura también ha sido criticada por la Xunta, que ya avisó de que no acudiría a ninguna mesa en la que no pudiera hablarse de modificar la Ley de Cambio Climático.
(...) En cuanto al punto 4 de ese mismo artículo, sobre el plazo de vigencia de las concesiones en dominio público marítimo terrestre estatal, el artículo 66.2 de la vigente Ley de Costas, a la que se remite, ya establece que 75 años es el plazo máximo de posible duración de dichas concesiones, incluidos tanto su tramo inicial, tras el otorgamiento, como todas sus posibles prórrogas. Esto es lo que impone la legislación de Patrimonio.
Por cierto, 75 años es un plazo superior en 45 años al anteriormente previsto en la legislación estatal de costas, que era de 30. Se trata de un plazo ciertamente prolongado y podría pensarse que generador de cierta falta de concurrencia competitiva, tan necesaria para cualquier sector económico. Sin embargo, no puede negarse que cumple la legislación estatal de patrimonio y que está alineado con la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
La futura ley de cambio climático reproduce ese plazo, al remitirse a la legislación vigente, sin prever modificación ni reducción del mismo. Además, como se ha repetido hasta la saciedad, nada obsta que, concluido ese plazo máximo de 75 años, pueda solicitarse una nueva concesión, así como que ese artículo no será objeto de aplicación retroactiva.
