El debate organizado este jueves por la Cámara de Comercio sobre las consecuencias de la nueva Ley de Cambio Climático en el sector mar-industria de Galicia sirvió para evidenciar dos realidades: por un lado, la profunda preocupación de las empresas por la incerteza jurídica que se les avecina y, por otro, las irreconciliables posturas de Xunta y Gobierno central sobre la verdadera finalidad de la norma.
El foro evidenció la honda preocupación reinante entre la patronal "por la poca transparencia y la inseguridad jurídica"
La entidad cameral logró reunir, en un mismo escenario, a Juan Vieites, p
residente de la Confederación de Empresarios de Galicia; Paloma Castro, diputada socialista en el Parlamento gallego; y a Carmen Bouso, secretaria xeral de la Consellería de Medio Ambiente. Como telón de fondo, un tema de indudable impacto social y económico, como es el nuevo marco legal que se abre para decenas de empresas asentadas junto a la costa, entre ellas, Ence.
Paloma Castro, diputada del PSOE: "Da mucha más inseguridad a las empresas este debate falaz sobre las consecuencias de la ley que el propio contenido de la norma"
Moderados por el director de Diario de Pontevedra, Miguel Ángel Rodríguez, los contertulios fueron desgranando sus respectivos puntos de vista sobre la situación, llegando a aportar algunas novedades a los ríos de tinta ya escritos sobre el tema. Una de ellas la aportó Carmen Bouso, al asegurar que la Xunta le pedirá al Tribunal Constitucional la suspensión cautelar de la nueva Ley, para evitar que su desarrollo pueda provocar un perjuicio irreparable si la Justicia decide revocarla. "Hay una retroactividad clara en los artículos 18.3 y 18.4, por mucho que el Gobierno se empeñe en negarlo, y los informes de la Asesoría Xurídica, del Consello Consultivo y del Co
nsejo de Estado son coincidentes en esta conclusión: que la única finalidad es acortar los títulos concesionales", aseguró, después de sentenciar que "estamos ante una Ley hecha para afectar a Ence, sin duda. Como el Gobierno no pudo modificar la Ley de Costas, se ha inventado una norma jurídica".
A este respecto, Paloma Castro defendió la idoneidad del nuevo texto legal, "para dar cumplimiento al compromiso adquirido ante la Unión Europea" y puntualizó que "se trata solo de una ley de principios, un marco general que luego todavía tiene que adaptarse a cada situación".
Carmen Bouso, secretaria xeral de Medio Ambiente: "Nadie discute el plazo máximo de 75 años de una prórroga. La cuestión es cuándo empieza a contar: desde el principio o desde la última renovación"
Agregó que, dentro de ese plan de actualizaciones, el Gobierno prevé modificar la actual Ley de Costas, "al igual que muchas otras", y subrayó la necesidad de mover ficha frente a los efectos del cambio climático "porque pueden ser devastadores".
Juan Vieites, por su parte, incidió en la preocupación que impera entre la patronal "ante leyes poco transparantes e interpretables, que generan inseguridad jurídica y ponen en 
riesgo las inversiones".
Destacó, en este sentido, que entre las 133 empresas afectadas por el nuevo marco legal "algunas ya se han ido a Portugal, porque lo que queremos es estabilidad y esta ley afecta a todo el sector mar-industria". En cuanto al impacto en firmas como Ence, recordó que "en Galicia no estamos sobrados de empresas que generan semejante volumen económico como para permitir que se vayan a otras comunidades. Yo creo que se busca más bien un cierre político".
Juan Vieites, presidente de la CEG: "El sector mar-industria es una religión en Galicia. Y vamos a continuar peleando para tener tranquilidad y seguir generando empleo"
