La Xunta pretende aprobar y aplicar la nueva ley del litoral a partir de marzo de 2023

El gobierno gallego última el proyecto, que estará listo a final de año, para su entrada urgente en el Parlamento y su tramitación inmediata
Vista aérea de la ría de Pontevedra. DP
photo_camera Vista aérea de la ría de Pontevedra. DP
Nuevo órdago entre la Xunta y el Gobierno central y otra vez con las competencias sobre la ordenación de la costa en juego. El Ejecutivo autonómico ha dado orden a sus servicios técnicos para que agilicen al máximo el proyecto de ley de ordenación del litoral, que deberá estar terminado a final de año y que entrará de inmediato en el Parlamento para su aprobación urgente. La intención es que la norma esté aprobada y operativa en el primer trimestre de 2023. Y también que  comience a aplicarse con la misma celeridad para las empresas ahora mismo amenazadas de continuidad por su ocupación de la franja de dominio público terrestre. El caso de Ence, posiblemente el más polémico de Galicia, no entraría en un primer momento en este supuesto al estar todavía judicializado y pendiente de que el Tribunal Supremo dirima los recursos contra la anulación de su actual prórroga de 60 años, decretada por la Audiencia Nacional en octubre de 2021.

El emprendido por la Xunta para el control del litoral no será un camino precisamente fácil. El presidente gallego, Alfonso Rueda, anunció el pasado 20 de octubre que su gobierno recurrirá ante el Tribunal Supremo el Reglamento General de Costas. Pretendía defender así la actividad económica y los empleos ubicados al lado del mar. A su juicio, están amenazados por las restricciones que el Ministerio de Transición Ecológica comenzó a aplicar desde la aprobación de la Ley de Cambio Climático (publicada en el BOE el 20 de mayo de 2021) para la renovación de las concesiones en la franja de dominio publico-terrestre. El Gobierno ya anunció que esta "limpieza" en la costa se apuntalaría con más cambios en la actual Ley de Costas.

La Xunta pidió primero que se respetase la continuidad de las empresas costeras y lamentó no haber sido consultada antes de aprobar nuevas normativas o variar la interpretación de las que están en vigor. Ante la postura inamovible del Ministerio de Transición Ecológica, Galicia reclamó  formalmente las competencias sobre toda la costa, cuestión que refrendaron todos los partidos del arco parlamentario autonómico pero que tampoco ha sido atendida por el Gobierno en Madrid. La tercera vía de acción emprendida desde Santiago fue anunciar esta nueva ley de ordenación del litoral que ahora será tramitada en un tiempo récord.

El Gobierno central ya anunció que recurrirían la ley ante el Tribunal Constitucional cuando desde la Xunta expresaron su intención de legislar sobre este asunto.

Muy posiblemente, Xunta y Gobierno central crucen sus recursos ante el Constitucional y el Tribunal Supremo. El Ejecutivo de Pedro Sánchez podría pedir una suspensión cautelar de la aplicación de la futura ley. La Xunta cree "poco probable" que una iniciativa de este tipo prospere. Y está decidida a ejercer de manera inmediata todas las competencias que contemple la norma.

No es una cuestión  menor. El proyecto en el que trabajan los servicios jurídicos gallegos prevé el autogobierno de la costa y dibuja una línea que delimitará el terrenos sobre el que la Xunta tendría "competencias exclusivas". También plantea "regular las actividades que tengan en la costa el ámbito necesario para su desarrollo" y para ello tendrán en cuenta tanto la protección ambiental o el paisaje como "el urbanismo y las actividades socioeconómicas".

"Habrá una batalla jurídica feroz si comienzan a blindarse las concesiones a las empresas!, señalaron  fuentes próximas al gobierno central. Si el Tribunal Constitucional no la anula cautelarmente, la posibilidad de recurrir todas las actuaciones al amparo de la nueva ley es posible, pero fuentes jurídicas lo consideran "inoportuno", ya que cada uno de los casos podría verse en un juzgado distinto y la disparidad de criterios e interpretaciones judiciales podría generar una inseguridad jurídica importante tanto para las empresas como para las propias administraciones.

El Gobierno quiere que nadie ocupe durante más de 75 años la costa

Para colmo, según el calendario previsto, el inicio de esta carrera de tensión que provocará la aplicación de la norma gallega del litoral coincidirá en plena precampaña de las elecciones municipales y en el último tramo de la legislatura de Pedro Sánchez, un momento de alta temperatura política que no facilitaría precisamente el entendimiento entre administraciones de distinto color político.

En medio, las organizaciones empresariales siguen definiendo esta cuestión como "clave" para el futuro de Galicia. Desde la CEG, su presidente, Juan Manuel Vieites, ya señaló que la inseguridad jurídica está provocando una paralización de las inversiones y del crecimiento de algunas compañías claves para la economía autonómica.

Hasta 1.700 edificaciones en la provincia "amenazadas" de continuidad

El criterio restrictivo del Ministerio de Transición Ecológica con las edificaciones situadas en el litoral quedó claro durante la tramitación de la Ley de Cambio Climático. El Gobierno quiere que nadie ocupe durante más de 75 años la costa. Pero el número real de afectados sigue siendo motivo de disputa a día de hoy, casi año y medio después.

La Consellería do Mar llegó a calcular hasta 1.700 edificaciones susceptibles de que esta nueva interpretación legal las situase en la necesidad de abandonar sus actuales ubicaciones. De ellas, al menos 330 son construcciones empresariales.

El Ministerio de Transición Ecológica, por su parte, habla de una máximo de 183 concesiones afectadas en la provincia, pero señaló que ninguna de ellas tiene a priori "nada que temer". Se trata de construcciones susceptibles de solicitar prórrogas extraordinarias para la ocupación de la franja de dominio público terrestre (de 75 años en el caso de viviendas, 50 para las empresas y 30 si se trata de negocios hosteleros).

Hasta mayo de 2021, último dato hecho público por el Gobierno central, se habían solicitado en Pontevedra 61 prórrogas de este tipo, aunque 59 más estaban todavía a tiempo de proceder de la misma manera.

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