La Xunta prorroga el concurso del Gran Montecelo a petición de las constructoras

13 de julio. Es la nueva fecha tope que ha impuesto la Axencia Galega de Infraestruturas para la presentación de ofertas a la construcción de la primera fase del Gran Montecelo, cuyo plazo expiraba el lunes. La prórroga –comunicada precisamente este lunes– pretende dar respuesta a una petición trasladada desde el propio sector del ladrillo, dada la "complejidad" del proyecto y la "anormalidad" suscitada por la Covid-19 en las plantillas de las empresas constructoras. El personal técnico, encargado de examinar la documentación y presentar ofertas no se ha librado de los Erte y los que han vuelto o siguen en el tajo se han topado con que en el último mes la carga de trabajo se ha visto incrementada con la reactivación de las licitaciones, lo que resta tiempo y recursos para aspirar al concurso del nuevo hospital de Pontevedra.

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La ampliación del plazo fue solicitada explícitamente por la Federación Galega de la Construción y la Asociación de Constructores de Pontevedra, que justificó la demanda aludiendo a la "envergadura" de la obra y a los efectos de la pandemia, "que sin duda está afectando al normal funcionamiento de las empresas".

Los 114 millones de presupuesto suscitan el interés de multitud de empresas de todo el país. "Sin duda es la obra autonómica de más enjundia que va a haber este año"

Según detalla su gerente, Javier Carballeda, la adjudicación ha cogido a muchas sociedades del sector "con el pie cambiado", adaptándose a la nueva normalidad y, en algunos casos, con menos efectivos técnicos que en la época precovid para asumir unos pliegos "complejos" como son los del Gran Montecelo. "Al no haber licitaciones hubo empresas que tuvieron a parte de sus empleados sin trabajar durante un tiempo, por eso solicitamos el aplazamiento. Además, el análisis de los pliegos es un sistema complejo, sobre todo en este caso, que comprende muchas actuaciones por las que ya tuvieron que hacerse varias aclaraciones", indica el empresario.

CONCURRENCIA. A falta de conocer el número definitivo de aspirantes, el futuro hospital pontevedrés ya es para muchas constructoras el gran objetivo del año. El importe de licitación asciende a 114.651.249 euros, una inversión sin parangón entre las adjudicaciones previstas por la Xunta para este año y una de las más altas de las que están proyectadas a nivel nacional. "Sin duda es la obra de la Xunta de más enjundia que va a haber este año y en el resto de España no hay muchas otras de este importe, por eso muchas están interesadas, tanto de Pontevedra como de Galicia y del resto del país. Después del parón sufrido, evidentemente las empresas quieren facturar y es presumible que muchas concurran en UTE, que permite aunar criterios y esfuerzos de empresas especializadas en distintos campos. Es una obra que no puede ejecutar cualquiera", señala Carballeda.

En este contexto, el gerente de la Asociación de Constructores de Pontevedra agradece "el gesto de la Administración autonómica al ser sensible ante nuestra petición". "Es una buena noticia para el sector –añade–, porque concede más tiempo a las empresas para que ajusten sus ofertas y, si el plazo es mayor, propiciará que sean muchas más las que se puedan presentar, algo que va en interés del propio ciudadano".

Ligado con esto, la Federación Galega da Construción solicitó "un mayor plazo de presentación de proposiciones" a causa de la "complejidad del contrato" y la reactivación de las licitaciones, que hace que sea "muy complicado para las empresas poder analizar en condiciones este expediente, lo cual podría culminar en una indeseable limitación de la concurrencia". La Federación recuerda que, de conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público, los órganos de contratación son los que deben fijar los plazos de presentación y que, para ello, han de tener en cuenta "el tiempo que razonablemente sea necesario para preparar las ofertas".

SITUACIÓN DEL SECTOR. Al margen de esta suculenta obra, ¿cómo respira la construcción en Pontevedra? La respuesta varía, como todo, en función de cada caso, pero en la opinión de Javier Carballeda el sector no se ha llevado un varapalo tan enorme como el que sí han sufrido otros motores de la economía (véase el comercio o la hostelería). Según dice, el sector no es ajeno a la incertidumbre de la que penden otros negocios, pero cree que "no ha sido uno de los más afectados". "De hecho, desde que se declaró el estado de alarma solo estuvimos obligados a parar nueve días, para los que se aprobó el permiso retribuido recuperable. El resto del tiempo hemos estado trabajando, aunque también es cierto que no hemos estado exentos de dificultades".

El gerente recuerda que el sector ha encarado "muchas limitaciones", como la imposibilidad de obrar en edificios con residentes, la imposición de una distancia obligatoria entre operarios (lo que reduce el ritmo de producción) y otro tipo de restricciones que afectaron a la ocupación de vehículos, la pernoctación de trabajadores e incluso su alimentación (ante el cierre de la hostelería). Frente a estos impedimentos cree que la construcción ha demostrado unidad y que ha logrado avanzar hacia la recuperación. Lo que pide ahora es que las administraciones públicas "hagan un esfuerzo" para emplear a "un sector tractor que genera mucho empleo y dinamiza la economía".